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Vigilantes de Seguridad meten en un apuro al portavoz del Gobierno asturiano

El portavoz del Gobierno de Asturias, Guillermo Martínez, es uno de los denunciados por Avispa

El portavoz de Gobierno y consejero de la Presidencia del Gobierno de Asturias, Guillermo Martínez, todavía no sabe muy bien por qué su nombre aparece en la relación de denunciados que la Asociación de Vigilantes de la Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha presentado ante la Delegación de Gobierno del Principado de Asturias por la concesión de la vigilancia del complejo de La Morgal, donde están ubicado el centro de emergencias 112 y la central de Bomberos, a una empresa que, de acuerdo con el Registro Mercantil, no se dedica a la vigilancia y a la seguridad, sino a obras y a la construcción.

En la denuncia se hace constar que el objeto social de la empresa CLN Incorpora CEE S.L. no se corresponde con el pliego de prescripciones técnicas, sino que se dedica a 'la construcción, edificación y ejecución de toda clase de obras, públicas y privadas, el suministro y venta de materiales, las instalaciones en general y cuantas otras actividades sean auxiliares o complementarias de la industria de la construcción'.

Los responsables de esta asociación de vigilantes privados basan sus pesquisas en que el tratamiento y visualización de las imágenes captadas por las cámaras de vídeo vigilancia, corresponde en exclusiva a las empresas y personal de seguridad privada. En su denuncia, piden a la Delegación de Gobierno que investigue los hechos al entender que se está infringiendo la ley que rige las labores de vigilancia y seguridad.

El Gobierno, a través de un comunicado emitido por el 112, se ha puesto a disposición de la Delegación del Gobierno para aclarar los hechos denunciados por Avispa y desmiente de forma tajante las acusaciones vertidas por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada. En su nota, el Ejecutivo del Principado aclara que en las prescripciones técnicas solicitadas se requiere, entre otros aspectos, que el personal vele por el buen funcionamiento de las instalaciones y el normal desarrollo de las actividades del centro, además de colaborar con el personal en la información y orientación de las visitas y la recepción de llamadas de telefonía, pero nada que ver con el tratamiento de cámaras de video vigilancia.

El responsable del 112 aclara que, de acuerdo con la documentación aportada por la empresa adjudicataria, según consta en el Registro Mercantil, figura la prestación de varios servicios relativos a conserjería, portería, celaduría, vigilancia, atención al público, telefonista, "por lo que se entiende que la empresa esta cualificada para prestar el servicio que se le ha adjudicado".

Y en respuesta al manejo de cámaras de video vigilancia, se asegura que en el 112 no se utiliza este tipo de dispositivos y que tampoco son objeto de las funciones especificadas en el pliego de condiciones técnicas de la contratación.

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Publicado el
14 de agosto de 2013 - 22:17 h

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