“En Europa no hay tantos casos como para que digamos que 500.000 niñas sufren mutilación genital”

La persecución penal de la mutilación genital femenina no es lo único ni lo mejor que se puede hacer contra esta práctica de ciertas sociedades africanas. Es una de las conclusiones de la investigadora Ruth Mestre, coautora de un informe encargado por la Comisión Europea en cumplimiento del Plan de Acción de Género comunitario, que analiza los casos penales de mutilación genital femenina en Europa. El objetivo, explica la investigadora, era determinar qué persecución hay de estos delitos para conocer su incidencia.

Ruth Mestre comenzó a investigar cuestiones relacionadas con los cortes genitales en 2003 desde el Instituto de Derechos Humanos y la Universitat de València. Junto a Sara Johnsdotter, antropóloga de la universidad de Malmö. El estudio se presentó en una jornada de discusión en Bruselas el 13 de diciembre, sobre los avances realizados en la materia, las tareas realizadas y los retos pendientes. La Comisión Europea se comprometió hace cinco años a realizar un balance por los cinco años de la Comunicación de la Comisión Europea sobre mutilación genital femenina, una autoevaluación.

La investigación recoge 50 casos que han estado en manos de la justicia en los diferentes estados miembros, frente a la estimación de la Comisión Europea de que en suelo comunitario se dan medio millón de casos. Pese a ser una práctica ilegal, se estima que 500.000 mujeres residentes en Europa han sido víctimas de esta práctica y más de 200 millones en el mundo. En todos los Estados miembros está penalizada. El dato estimado resulta muy llamativo, reconoce la experta, aunque parece basarse más en población potencialmente afectada que en evidencias. La evidencia, apunta Mestre, son solo 50.

Durante la investigación han constatado que “hay mucha rumorología, la gente dice que se ha hecho en tal o cual sitio... pero no hay evidencia. Lo que detectamos es que siempre se dice que es en el país de al lado. En suelo europeo hay evidencia en Francia. Italia, un caso en Suiza... y en España hay indicios, pero no evidencia”, señala la autora.

“En muchos países europeos residen comunidades que practican algún tipo de corte, bien porque han llegado huyendo de la guerra en sus países y son refugiados (como el caso de las comunidades de Somalia), bien porque han migrado huyendo de la pobreza de sus países (Gambia)”, explica Mestre en otro estudio anterior, en el que aclara que “no hay que vincularlo al Islam”, aunque algunas comunidades piensan que lo está, y diferencia los que se dan como rituales colectivos de paso socializado y los que se realizan a mujeres. “En las comunidades en las que se practica existe aceptación y apoyo social tanto entre los hombres como entre las mujeres”, recuerda la autora.

En cualquier caso, aclara, “las prácticas forman parte del entramado social de la violencia y de la violencia de género de los grupos y comunidades que las realizan, quedando atravesadas por distintos ejes o vectores de poder. La estructura social está fuertemente jerarquizada no sólo en función del sexo sino también por la pertenencia a un grupo étnico u otro”.

En Europa, la persecución de la mutilación se hace en base al Convenio de Estambul, aunque antes de la firma y de la tipificación del delito ya existía normativa. En 2009, el Parlamento Europeo instó a los Estados miembros a aplicar la extraterritorialidad cuando el delito se cometiera hacia una persona nacional o residente por otra persona nacional o residente. “Así y todo, solo hay 50 casos, porque no pasa tanto, que es una de las conclusiones del informe. Estamos haciendo un buen trabajo de prevención”, considera Mestre, que añade que en suelo europeo no se da esta práctica.

El estudio dedica un apartado a desmontar los rumores sobre la mutilación, entre los que la autora señala la concepción de que se llevan a las niñas a las comunidades de origen para realizar los cortes. “Algún caso hay, pero muchos de los detectados son de niñas que ya llegan así. De las nacidas en Europa, hay muy pocas de las que haya evidencia que se haya producido. No hay tantos casos como para que digamos que 500.000 niñas son cortadas”, afirma.

Las otras violencias contra las mujeres migrantes

Pese a la magnitud del problema que señala, la autora pide ampliar la mirada. “Efectivamente sucede y hay que hacer algo, pero no hay que poner el foco en la persecución y criminalización. Hay que ver cómo viven estas familias. La respuesta cuando se ve a una niña cortada es quitarle la custodia a los padres; ellos en la cárcel y ella institucionalizada. A lo mejor necesitas otras políticas y otro tipo de acercamiento a las comunidades potencialmente afectadas para abordar un cambio. Y eso es lo que falta siempre, implicación. Los protocolos siempre los hacemos los mismos”, lamenta Mestre.

“Los problemas que las comunidades potencialmente afectadas tienen en Europa son inmensos y más variados de estos. Si no se procura el bienestar de estas familias, la prevención que se hace no vale”, enuncia la autora, que se muestra preocupada por la reeducación de las mujeres. “Muchas creen que es una práctica religiosa y hay que enseñar que no, la toma de conciencia de lo que implica y significa. Hay que hacerlo sin estigmatizar a la comunidad. Pero para la comunidad y quienes lo practican no es una cuestión fundamental. Lo es más para nosotros, que miramos desde fuera. Para ellas es fundamental tener los papeles en regla, que la familia esté unida, que las niñas en el colegio estén bien... Les preocupa el racismo y las agresiones, acceder al sistema de salud, tener cierta estabilidad y bienestar para preocuparse de otras cosas”, explica la autora.

La cifra de casos penales en los países occidentales, en total unos cincuenta casos judiciales (la mayoría de ellos en Francia en los años ochenta y noventa) es “sorprendentemente pequeña en vista del hecho de que existen en Europa y otras sociedades occidentales cientos de miles de personas de países donde se practica”, enuncia el informe. Las investigadoras consideran que es razonable creer que una explicación importante para la escasez de casos confirmados refleja un cambio cultural sustancial después de la migración en muchas comunidades inmigrantes, “una visión que está ganando terreno a nivel internacional, especialmente en el contexto de los intentos de estimar la prevalencia y la incidencia de la mutilación genital femenina en las sociedades de acogida occidentales”. “La pregunta para el futuro es cómo se promueven mejor dichos procesos de cambio social y cultural en el marco de la norma de diligencia debida”, sentencia el informe.