Mónica Oltra: “El de la dependencia no es un cambio fácil, pero es un cambio imprescindible”
“Es un proceso de transición difícil”, ha resumido Mónica Oltra este martes la tarea de poner en pie, en su primer año al frente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, un nuevo modelo de atención a las personas dependientes. “No es un cambio fácil, pero es un cambio imprescindible”, ha añadido la también vicepresidenta de la Generalitat, que ha puntualizado que su tarea, “desgraciadamente, no parte de cero”, sino de “una ruina” que dejó la gestión del PP.
En una comparecencia en comisión en las Corts Valencianes, Oltra ha informado de las medidas adoptadas en relación con los copagos, el aumento de evaluadores y el pago de la retroactividad. La número dos del Consell ha señalado que su intención, durante el primer año como responsable de las políticas sociales, y en cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acord del Botànic, se ha aplicado en “dignificar a uno de los colectivos más vulnerables y reparar el maltrato institucional al que se les había sometido”.
Tras plantear que “la atención social debería tener el mismo rango de universalidad que la atención sanitaria”, Oltra ha resaltado que la eliminación del copago en centros de día ha afectado a 1.352 personas mayores y 3.317 personas con diversidad funcional, con un coste conjunto de más de 8 millones de euros. La eliminación del copago ha supuesto el regreso a centros de día de 83 personas, el 30% de las que los habían abandonado por no poder pagar.
Contraria a la “institucionalización” (en referencia a grandes centros en los que se pierde el ambiente familiar y el contexto social) y partidaria de dar prioridad a que las personas dependientes puedan permanecer en su entorno, ser atendidas en centros de día y solo en última instancia ingresadas en residencias de dimensiones más humanas, Oltra ha reivindicado el objetivo de que “la vida en una residencia no se convierta en una reclusión, ya que una residencia no es un centro penitenciario”.
En ese sentido, el aumento de las cantidades mínimas disponibles de sus ingresos ha beneficiado a 10.210 mayores y 2.272 personas con diversidad funcional en residencias o viviendas tuteladas. Además, la exclusión de las pagas extraordinarias de las cantidades a cobrar en centros residenciales ha devuelto a esas personas una capacidad de gasto “que se les confiscó”.
Desbloquear la situación de los expedientes para el reconocimiento del derecho a recibir ayudas es uno de los grandes objetivos de su departamento y, por ello, Oltra ha apostado por reconvertir todo el mecanismo de evaluaicón, que el PP había externalizado en un organismo bajo una encomienda de la Administración. Solo 18 personas, que se convirtieron el 17 cuando una abandonó el puesto (10 en Valencia, dos en Castellón y seis en Alicante, que se convirtieron en cinco) evaluaban todas las solicitudes. Se llegó al extremo de que en Alicante, los años 2012 y 2013, no se evaluó expediente alguno.
La nueva Administración ha optado, precisamente, por emprender como experiencia piloto en Alicante la formación de nuevos equipos de evaluadores. Según Oltra, ya son 106 los que se han formado. Aprovechar los recursos de los servicios sociales municipales y aumentar el número de evaluadores permite dar salida a una mayor cantidad de expedidentes. Antes de que acabe el año se habrán formado otros 330 evaluadores en Valencia y Castellón, para que en 2017 entre el nuevo modelo plenamente en funcionamiento.
Oltra ha reconocido que todavía no ha alcanzado la cifra de 1.800 expedientes resueltos al mes que se había propuesto, y la ha situado, entre enero y junio, en unos 1.200 menuales, pero se ha mostrado confiada en que la eficiencia prevista se alcanzará. En 2018, ha señalado la vicepresidenta, “se habrá consolidado un sistema que cumpla la Ley de Dependencia”.
El pago retroactivo de las ayudas que la Administración debía a personas en situación de dependencia o a sus familiares, que las reiteradas sentencias de los tribunales acabaron obligando a reconocer, es el tercer aspecto en el que ha centrado Oltra su política. Así, en marzo de 2016 la Generalitat ha pagado 28 millones de euros para liquidar una deuda pendiente que el PP había decidido trocear en plazos a lo largo de varias anualidades. Por otra parte, se han destinado hasta ahora 8,7 millones a pagar la deuda con 1.712 familias de personas depedendientes que murieron sin llegar a cobrar las ayudas.
Mientras Fabiola Meco, de Podemos, destacaba el “cambio de modelo” y recordaba, como también Alberto Garcia, de Ciudadanos, el informe del Síndic de Greuges de 2015, muy crítico con la gestión de la depenedencia y los servicios sociales (“sólo podemos mejorar”, ha contestado Oltra), José Juan zaplana, del PP, ha asegurado: “No creo que su modelo vaya a funcionar”. Y se ha basado para ello en que el Ministerio de Bienestar Social da cifras inferiores a las de la conselleria de resolución de expedientes (46.068 frente a 49.372) en la Comunidad Valenciana. Oltra ha respondido que “todas las comunidades autónomas mantienen una discrepancia de cifras con el ministerio”. Mònica Àlvaro de Compromís, ha destacado la importancia de la coordinación con los servicios sociales muincipales y ha recordado en su intervención que en la conselleria, cuando llegó el nuevo equipo, descubrió que los gestores del PP no tenían ni una lista de correos electrónicos de los ayuntamientos. La socialista Concha Andrés, por su parte, ha evocado una entrevista en la que Mariano Rajoy aseguró que “la dependencia no es viable” para recriminar al PP que haya ejecutado “recortes de una magnitud intolerable”.
