Los ocho activistas imputados por el boicot al rapero pro-israelí Matisyahu se acogen a su derecho a no declarar

Los ocho activistas acusados de supuestos delitos de odio y coacciones por empezar en 2015 una campaña pacífica en redes sociales en la que pedían al festival Rototom Sunsplash que reconsiderase la actuación del cantante pro-israelí Matisyahu, por haber apoyado la intervención militar en Gaza, se han acogido este lunes a su derecho a no declarar.

Las personas investigadas, cinco de ellas valencianas, han acudido esta mañana a la citación del juez en la Ciudad de la Justícia de València con motivo de la querella presentada por el abogado Abel Isaac de Bedoya Piquer, presidente del Comité Legal contra el Antisemitismo y la Discriminación.

La querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 19 de València en el año 2017. El mismo letrado que ha interpuesto la querella ha defendido a acusados por casos de corrupción y a otros como Carlos Alfonso de Bedoya, miembro del grupo ultraderechista Bastión, detenido a raíz del asesinato del joven vasco Aitor Zabaleta en 1998.

Miembros de la campaña Defensem els Drets Humans han explicado a la salida de los juzgados de València que la decisión de no declarar viene porque “participar de esta acusación es entrar en su juego de instrumentalización de una causa política, legítima y no violenta, por tanto, que lo demuestren”. “Nosotras estamos tranquilas”, han afirmado. Las activistas han entrado a los juzgados entre aplausos de una treintena de personas solidarias con el pueblo palestino que también han acudido para apoyar a las ocho encausadas.

Carlos Marcos y Inma Milán, miembros de la campaña Defensem els Drets Humans y de otros movimientos sociales como el Boicot, Desinversió i Sancions (BDS-País Valencià), han asegurado: “la acusación no representa al colectivo judío y no nos sentíamos con el deber de declarar”. Por otra parte, también han indicado sobre el denunciante que se trata de “una asociación judía” de la que no tienen conocimiento “ni de quién está detrás”.

Por ahora, el proceso se encuentra en fase de instrucción y todavía se están entregando pruebas. “Será la fiscalía quien valore y solicite la pena que se nos pueda pedir, o un archivo, como esperamos, porque no se sostiene la acusación”, han declarado las activistas sobre una denuncia que pide hasta cuatro años de cárcel para cada activista. También han recordado que los hechos se enmarcan dentro de “una campaña legítima de defensa de los derechos humanos” y que “son tuits públicos que no se han escondido en ningún momento”.

Una “documentación incontable”

Joan Bertomeu, uno de los abogados de los ocho activistas, ha explicado que los argumentos de delitos de odio y coacciones “son muy difusos” porque “lo que hay son muchos tuits cuya interpretación a nivel jurídico no se ve en ningún sitio”. “Aquí hay una acusación popular que es la que ha mantenido este procedimiento vivo en el que, más allá de traer documentos, no se ha hecho nada”, ha asegurado Bertomeu. Según el abogado, esta acusación “no representa a la comunidad judía y hay un intento de utilizar el procedimiento penal para coartar la libertad de expresión y de todo movimiento que sea solidario con Palestina y al BDS en su conjunto”.

De momento, se desconoce cuándo se dará el siguiente paso y por ahora han sido citados a declarar el mánager del cantante Matisyahu, el director del Rototom y los ocho activistas acusados. Sin embargo, debido a una “documentación incontable” el procedimiento está “colapsado”. Según Bertomeu, la acusación popular “está teniendo una actuación que, en todo momento, está colapsando el proceso” porque “siempre hay documentación nueva”.

Muestras de apoyo a las activistas

El movimiento BDS-País Valencià también ha querido agradecer las muestras de apoyo recibidas. Este sábado más de trescientas personas acudieron a un acto en el Palau de l’Exposició de València  por la libertad de expresión y contra la criminalización de la solidaridad con Palestina en el que intervinieron el músico Pau Alabajos, la periodista recientemente galardonada con el Palestine International Award for Excellence, Lola Bañón, la coordinadora europea de IJAN, Liliana Córdova -hija de supervivientes del holocausto-, el activista social David Couso y la diputada de las Corts Valencianes, Rosa de Falastin Mustafà.

La Unión General de las Comunidades Palestinas en Europa también ha manifestado “su apoyo y solidaridad” con los activistas “acusados de antisemitismo y de incitar al odio” y han reiterado que la denuncia presentada contra los activistas “está dirigida al movimiento solidario con Palestina”.