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El exsenador socialista Ángel Franco, citado como investigado por el supuesto intento de compra de Belmonte

La edil Nerea Belmonte (ex de Podemos) muestra su voto en el pleno de investidura de Luis Barcala

Emilio J. Salazar

Alicante —

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Lo esperaba y finalmente ha llegado. El que fuera senador por el PSPV-PSOE Ángel Franco ha sido citado a declarar como investigado –la figura jurídica que sustituye al imputado- por las acusaciones vertidas por la exregidora de Guanyar, Nerea Belmonte, quien afirmó ante el fiscal Anticorrupción Felipe Briones que el político alicantino le había ofrecido un sueldo de 3.500 euros mensuales y la posibilidad de ingresar en la próxima lista electoral a cambio de que diera su voto favorable a la candidatura de Eva Montesinos como alcaldesa de Alicante. Esta declaración fue respaldada también por la exdirectora de Ciudad de la Luz y amiga de Belmonte, Elsa Martínez.

Por su parte Franco, que en la práctica sigue controlando la agrupación socialista local, presumiblemente responderá ante Briones la semana que viene lo mismo que ha mantenido a la prensa hasta ahora, que esas afirmaciones son falsas.

Esta maraña judicial se produce tras frustrarse el intento de Montesinos de hacerse con la vara de mando en abril de este año. La entonces alcaldesa en funciones venía sustituyendo en el cargo a su compañero Gabriel Echávarri, que había dimitido tras procesado en dos causas. Para lograr la alcaldía, los socialistas contaban con los respaldos de Guanyar y Compromís. Pero faltaba un voto más y todas las miradas se depositaron en Nerea Belmonte, expulsada de Guanyar por adjudicar contratos a compañeros de partido a principios del mandato. Tras una serie de reuniones, llegó el día del pleno de investidura y contra todo pronóstico, la que fuera militante de Podemos votó en blanco y propició así la designación del popular Luís Barcala como alcalde.

Fue en el siguiente pleno cuando, a preguntas del portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, Belmonte acusó sin citar a la bancada socialista de haberle intentado comprar su voto. Esto propició que dos miembros de Podemos, Francisco Jesús García y José Luís Valdés, demandaran a la fiscalía Anticorrupción “a título particular”, que aclarase sus palabras.

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