El empleo público, motor de la economía feminista: 5.800 puestos de trabajo en cuidados y servicios sociales en 4 años

El pacto valenciano contra la violencia de género señala en su exposición de motivos que para lograr su erradicación se requiere “un cambio de paradigma cultural que debe ir acompañado de una transformación socioeconómica que permita tanto el cambio de forma de vida como la independencia económica de las mujeres para garantizar su autonomía personal”. Es decir, caminar hacia lo que se conoce como un modelo de economía feminista.

La economía feminista se encuadra en la economía del bien común, que busca ampliar el bienestar de las personas -individualmente y como sociedad- en lugar de perseguir el aumento de beneficios del capital. El modelo busca un sistema que cuide a su población, teniendo en cuenta el trabajo reproductivo y los cuidados relacionados con la sostenibilidad de la vida que todavía realizan mayoritariamente las mujeres; un modelo más humano. Para ello, los teóricos consideran que resulta imprescindible incorporar las relaciones de género como una variable relevante respecto al funcionamiento sesgado y a las desigualdades de la situación económica. 

Pese a que la brecha salarial comenzó a debatirse a principios del siglo XX (hay constancia entre 1918 y 1936 en países anglosajones) y volvió con fuerza en los setenta, con las mujeres plenamente incorporadas al mercado laboral, hasta hace un par de años no se había incorporado la perspectiva a una forma de Gobierno en la Comunitat Valenciana. Para aplicar este modelo, en junio de 2017, la Universitat de València creó la Cátedra de Economía Feminista junto a la conselleria de Economía Sostenible, con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en los estudios, análisis y aplicación de la economía.

En la práctica, estas acciones se visibilizan en el empleo público, principal motor de este sistema. Escuelas infantiles, ayuda doméstica a personas dependientes, planes de inclusión e igualdad de género o reconocimiento de los trabajos de cuidados como aptitudes profesionales. Además, el pacto incluye trabajar con empresas en cláusulas y programas de igualdad para evitar, como mínimo, la brecha salarial y buscar unos horarios más flexibles y conciliadores.

Según los datos del Gobierno valenciano, la consellería de Igualdad ha creado esta legislatura 5.860 puestos de trabajo relacionados con los cuidados, mientras que en Educación la ampliación de las escuelas infantiles como servicio gratuito ha servido para la contratación de miles de profesores, la mayoría mujeres. En estos puestos se incluyen auxiliares de enfermería, personal de atención a personas con diversidad funcional, atención a mujeres víctimas de violencia de género, trabajadores sociales o personal para residencias, entre otras profesiones feminizadas.

“Todo lo que es cuidar de la gente es política feminista”, explica el secretario autonómico de Inclusión y responsable de la Agencia Valenciana de Igualdad, Alberto Ibáñez. En materia de formación y reconocimiento, el Servef (ahora Labora) trabaja con las entidades vinculadas a la juventud para certificar profesionalmente labores de voluntariado y las aptitudes que se desarrollan. “Buscamos prestigiar actitudes que no se han reconocido al estar vinculadas a las mujeres o a lo femenino como son los trabajos de cuidados”, explica el responsable de la Agencia.

El objetivo, continua, es caminar “hacia una sociedad que cuida de personas”, un tipo de empleo bien remunerado, sin especulación y difícilmente deslocalizable. Este organismo también colabora con el Instituto de la Juventud en el desarrollo de una herramienta que reconoce habilidades como el trabajo en equipo, la empatía, la oratoria o la educación en valores para personas que hayan colaborado en proyectos de voluntariado, para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. “Lo importante no es solo que una persona sepa trabajar bien y su oficio, sino sumar su forma de relacionarse”, añade el secretario autonómico.

Ibáñez remite al al plan de transformación del modelo económico aprobado en 2016 por el Gobierno valenciano -el 'documento de Elx'-, en el que establece como prioritario caminar hacia “un modelo económico de rostro humano” y reconoce que “las transferencias sociales no son productivas en el mismo sentido que la inversión en infraestructuras, pero son parte esencial para un territorio que busca la mejora en la redistribución de la renta y la equidad social”. 

El documento incluye un apartado sobre igualdad social como estrategia transversal, donde aboga por “un sistema 'de cuidarnos”, que debe basarse en servicios públicos universales de calidad; “un sistema que profesionalice la atención y cuidado de las personas, para que nadie tenga que renunciar a su vida laboral, mayoritariamente mujeres, y que permita trabajar el tiempo y los afectos”.  La estrategia pone como ejemplo medidas como el permiso igual e intransferible por nacimiento y adopción y una red de educación pública gratuita de 0 a 3 años. En febrero del pasado año, sobre las bases del documento suscrito en Elche, el Ejecutivo valenciano presentó un plan a diez años para ganar en productividad, reconociendo la economía de cuidados.