PSPV y Compromís prevén un “agujero negro” en las cuentas de la Generalitat Valenciana
El futuro Gobierno valenciano, formado por el PSPV y Compromís, heredará del Consell del PP licitaciones en marcha, como la subasta de la Ciudad de la Luz, y citas marcadas en el calendario, como la liquidación de RTVV o la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Una de las cuestiones que más preocupa al nuevo Consell es la situación económica de una Comunitat cuya deuda representa el 37,5 % del PIB y asciende a 37.615 millones de euros, con unos compromisos adquiridos cuyo importe exacto se desconoce y que algunas fuentes llegan a cifrar en 80.000 millones de euros.
Pese a que el Consell del PP ha asegurado que deja a su sucesor unas arcas públicas en situación de “estabilidad” y “de comodidad”, desde el futuro Ejecutivo se indica que primero habrá que “asomarse” al “agujero negro” y calibrar sus dimensiones para establecer el margen de actuación que les queda.
El nuevo Consell llega además en el momento en que se tiene que presentar ante el Ministerio de Hacienda la revisión del Plan económico y financiero de la Generalitat, y cuando aún no ha concluido el plan de reestructuración del sector público, donde quedan por liquidar empresas como la Sociedad Proyectos Temáticos.
En julio está previsto que la Unión Europea resuelva sobre su propuesta de multar a España con 18,93 millones de euros por las “serias negligencias” cometidas por la Comunitat al elaborar sus estadísticas sobre el déficit, que en caso de confirmarse habría que ver si la abona el Gobierno de España o los valencianos.
También en julio se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se analizará el funcionamiento de los mecanismos de liquidez y las medidas adoptadas por cada Comunidad para corregir la desviación del objetivo de déficit, y al que el Ministerio de Hacienda ha descartado llevar una propuesta de reforma del modelo de financiación.
Otra 'patata caliente' para el nuevo Consell es Radiotelevisión Valenciana, que formalmente debe quedar liquidada el 30 de junio -la fecha fijada en el acuerdo del ERE de extinción de contratos-, aunque su extinción jurídica estará a expensas de que concluyan los procesos judiciales abiertos.
En materia educativa, el Consell deja sobre la mesa el anuncio de un recurso de casación a la sentencia sobre la rebaremación de interinos, con unas oposiciones docentes que comienzan el 25 de junio y unas adjudicaciones previstas para finales de julio.
Pendiente queda también la aprobación del cambio de estatutos de Feria Valencia, de una Actuación Territorial Estratégica para la construcción de un complejo turístico en la Marina Real Juan Carlos I de Valencia, y la negociación en la comisión bilateral entre Estado y Generalitat por las discrepancias sobre el decreto ley de horarios comerciales autonómico.
El Consell de Fabra ha dejado también licitaciones en marcha, como la subasta de la Ciudad de la Luz, cifrada en 94,4 millones de euros y a la que se pueden presentar ofertas hasta el 20 de julio, o la demolición del antiguo hospital La Fe, licitada por 18,7 millones y cuyo plazo para optar se cerró el 19 de junio.
Además, con carácter inmediato el nuevo Consell pretende abordar cuestiones como la apertura en verano de comedores escolares para niños con necesidades; el calendario escolar, para retrasar la fecha de inicio del próximo curso, establecida en el 3 de septiembre, o la derogación del decreto del copago en servicios sociales.
Todo ello en un Consell que pretende impulsar en el corto plazo un plan de emergencia contra la pobreza y reclamar en Madrid una nueva financiación autonómica justa, y que se ha comprometido a rechazar la prolongación al mar por el Cabanyal y a reparar la “gestión indigna” del accidente de metro de 2006.
