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Los interrogatorios del caso Alquería apuntan al primer equipo de la nueva Divalterra como urdidor de los enchufes

Juez y fiscal se han interesado por los informes iniciales y el Consejo de Administración del 24 de julio de 2015 en el que se sentaron las bases para la posterior estructura de contrataciones a dedo de altos cargos

Testigos e imputados han señalado al primer equipo rector de la empresa pública, entre el que se encontraban José Ramón Tíller, José Manuel Orengo y el jefe del departamento jurídico José Luis Vera

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José Ramón Tíller durante su comparecencia en el Senado

José Ramón Tíller, primer gerente de la Divalterra de izquierdas.

Los investigadores del caso Alquería siguen profundizando en el desenmarañamiento de la estructura -o estrategia- que se utilizó desde la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa) para contratar a siete altos cargos sin el correspondiente proceso de selección público y de libre concurrencia y por los que detuvieron e imputaron a seis personas por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.

El titular del juzgado número 9 de Valencia, Miguel Ángel Casañ, y el fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, indagan en las personas que organizaron y justificaron con apariencia de legalidad la contratación de siete altos cargos que ocuparon afines a PSPV y Compromís. En la decena de interrogatorios que los investigadores han realizado a testigos e imputados las preguntas han ido en busca del pecado original.

Según ha podido saber eldiario.es de distintas fuentes, las declaraciones de los interrogados han apuntado al primer equipo de la Imelsa -posterior Divalterra- cuando la izquierda alcanzó el poder en mayo de 2015. En concreto, el primer gerente José Ramón Tíller; el primer jefe de gabinete de Jorge Rodríguez, José Manuel Orengo, y el director de los servicios jurídicos, José Luis Vera, quien encargó y redactó informes sobre la contratación en los que daba opción de continuar con las contrataciones.

La causa continúa secreta pero la documentación con la que trabajan los investigadores -excepto los documentos extraídos de los aparatos electrónicos incautados en los registros- es pública y ya obra en la investigación. Por ejemplo, el acta del primer Consejo de Administración de Divalterra -todavía se llamaba Imelsa- de 24 de julio de 2015 en el que el Partido Popular ya avisaba de los problemas de contratar a directivos sin concurrencia pública. 

Así y tras aprobar el nombramiento por parte del gerente, José Ramón Tíller, de José Luis Vera como director de los Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia de Divalterra, ya salta la primera chispa con el PP. Es el portavoz de los populares, Rafael Soler, quien pide la palabra en el Consejo de Administración y pregunta al secretario y al asesor jurídico si "la contratación de personal en la empresa pública debe hacerse siguiendo los mismos principios de publicidad, mérito y capacidad que en la administración pública".

El secretario, refleja el acta, responde que efectivamente así debe ser. En ese momento pide la palabra en el Consejo de Administración el jefe de gabinete de Rodríguez, en esa época José Manuel Orengo. Este último asegura que "los estatutos sociales no son limitativos de los contratos de alta dirección, que no están sujetos a la publicidad, mérito y capacidad, con un régimen especial de contratación". Es en ese momento, y así lo han declarado ante el juez y el fiscal varios interrogados, cuando se empiezan a sentar las bases para la creación de puestos de "alta dirección" en Divalterra que antes tenían la figura legal de directores de área. 

De esta manera Divalterra empieza a encargar informes para justificar las contrataciones. Entre septiembre de 2015 y junio de 2016 se presentan hasta siete informes sobre esta contratación. Las opiniones de los expertos son contradictorias con negativas tajantes como la de Santiago Blanes (Tomarial). El 14 de junio, el jefe jurídico Vera ofrece dos opciones: mantener a los siete directivos contratados estudiando la posibilidad de darles poderes ejecutivos a los cargos o rescindir los contratos y sacarlos a concurso. Se opta por la primera opción y se mantiene la guerra de informes hasta la denuncia que desencadena la operación Alquería.

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