Sin refugio

El pasado verano una joven sueca, Greta Thunberg, empezó a protestar cada viernes delante del Parlamento de su país reclamando medidas efectivas contra el cambio climático. Desde entonces el movimiento se ha extendido por toda Europa. El 24 de enero 30.000 estudiantes se manifestaban en Bruselas. El pasado viernes las movilizaciones llegaron a España en ciudades como València o Madrid. El movimiento Friday’s For Future tiene la audacia, la frescura y el empuje de un 15M ecologista, pero con una interesante novedad: es una movilización a escala europea.

El pasado miércoles se celebraba el último Pleno de la legislatura en el Congreso de los Diputados. Pablo Bustinduy hizo el que quizás sea el mejor discurso de la legislatura. Por primera vez se oía hablar en la Cámara del Green New Deal, la iniciativa que están impulsando Alexandria Ocasio-Cortez y la nueva generación de demócratas erigidos en la más notable oposición política a la administración de Donald Trump. El Green New Deal no es una propuesta nueva, viene incubándose desde principios de siglo por parte de intelectuales y organizaciones ecologistas. La gran novedad es haber logrado hibridar la agenda ecologista con las reivindicaciones sociales, feministas y de igualdad racial en un proyecto común: un nuevo contrato social.

Cada vez es más evidente que nuestro modelo de crecimiento no resulta sostenible porque los recursos del planeta son finitos y porque la contaminación del aire y del agua, la generación masiva de residuos, el exterminio de nuestros ecosistemas o el calentamiento global son de hecho incompatibles con la vida. ¿Pero acaso son más sostenibles un crecimiento cada vez más despegado de la economía real y ligado a las burbujas financieras, el crecimiento sin precedentes de las desigualdades o la violencia estructural contra las mujeres?

La crisis ecológica es global, pero no afecta a todo el mundo por igual. Quienes tienen el poder y el dinero suficiente tienen también la capacidad de aislarse y de protegerse de sus efectos más nocivos o incluso de sacarle partido encontrando nuevos nichos de negocio por ejemplo en el desarrollo de la biotecnología o en la industria farmacéutica. Incluso la ayuda humanitaria se convierte a menudo en una fuente de beneficios para gente sin escrúpulos. Lo vemos en Treme, la serie de David Simon sobre los efectos del Huracán Katrina, la mayoría de la gente no tiene un helicóptero con el que escapar, ni un refugio donde cobijarse, ni acceso a tratamientos médicos punteros.

Recientemente la movilización de los Chalecos Amarillos en Francia como consecuencia de la subida de los impuestos al diésel prevista por Macron, ha puesto en evidencia que la agenda medioambiental no puede desprenderse de una perspectiva social. La subida del diésel afectaba especialmente a los trabajadores de los suburbios que necesitan el coche para ir a trabajar, y que veían como, en paralelo, Macron le bajaba los impuestos a las grandes fortunas. Incluso las élites políticas y económicas asumen la necesidad de una transición a un modelo energético menos dependiente de los combustibles fósiles y menos contaminante. La clave, por tanto, es que sea una transición justa e inclusiva, que ofrezca oportunidades a quienes tienen mayores dificultades y que sea más exigente con quienes más se han enriquecido a costa de la degradación del planeta.

Las políticas neoliberales y el negacionismo de la extrema derecha coinciden en su obsesión por reducir a la mínima expresión el papel de las instituciones en esta crisis. Lo cierto es que la extrema derecha es en realidad el mismo proyecto neoliberal de siempre en una versión hiperacelerada, sobrestimulada y hormonada. Pasen y comparen los programas del PP, C’s y VOX. Diferentes directores, mismo guion. Pero lo cierto es que los grandes retos como sociedad siempre han requerido el liderazgo del Estado con una estrategia de largo plazo para proveer las infraestructuras y la innovación técnica necesarias. Necesitamos que las instituciones se comprometan a fondo en la transición a un modelo energético 100% limpio, en reemplazar el uso masivo del coche por el transporte público colectivo, en la recuperación y puesta en valor de nuestro entorno natural, en la desprivatización de servicios públicos fundamentales, en gobernar la digitalización para que no se convierta en una fuente de abusos por parte de los monopolios tecnológicos o en establecer una regulación del trabajo eficaz que permita mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. Para Keynes la principal función del Estado era precisamente esa, no la de hacer un poco mejor o un poco peor lo que otros ya hacen, sino la de hacer todo aquello que otros no hacen en absoluto.