El Consell fijará un precio de referencia de alquiler de vivienda en 45 municipios que han registrado subidas de más de un 20% en tres años

“No detectamos aún una burbuja en los alquileres de viviendas en la Comunitat Valenciana en comparación a ciudades como Madrid o Barcelona, pero sí se han detectado incrementos drásticos de más del 20% en 45 municipios”.

Así se ha pronunciado este lunes la consellera de Vivienda, María José Salvador, durante la presentación del Observatorio de la Vivienda que tendrá como función establecer medidas para evitar incrementos desmesurados de vivienda y actualizar el índice de precios de referencia de alquileres, cuyos primeros datos se han hecho públicos en el mismo acto.

Este índice marca unas horquillas de precios máximos y mínimos de alquiler por municipios y dentro de los municipios más grandes por distritos. Por ejemplo, en Valéncia ciudad una vivienda de 90 metros de los años 70 se alquila por entre 432 y 749 euros.

El índice toma como referencia los precios desde el año 2016 con el objetivo de detectar zonas tensionadas, es decir, zonas que registran aumentos excesivos, por encima del 20%. Este es el caso de 45 municipios como por ejemplo Benicàssim, zonas de Castellón, València y Alicante, Dènia o Gandia.

En todos ellos el Consell fijará un precio de referencia que será aproximadamente una media entre el máximo y el mínimo. Así, todos los propietarios de estas zonas que en 2019 adecuen el precio de alquiler de su inmueble al marcado por la administración podrán acogerse a una bonificación vía IRPF de hasta 3.000 euros.

Los precios de referencia se fijarán en la primera reunión del nuevo Observatorio que se producirá en enero. Tanto estos como las horquillas de cada municipio se pueden consultar en la web de Vivienda (los de referencia una vez se aprueben en enero).

Salvador ha explicado que la Comunitat es la primera de España que fija estos índices y ha comentado que su intención es que los precios de referencia en zonas tensionadas sean de obligado cumplimiento por los propietarios, aunque ha advertido que para que sea vinculante debe ser aprobar el Gobierno central, algo en lo que ya se está trabajando.

“La vivienda es un derecho social y los responsables políticos tenemos la obligación de tomar medidas para que sea accesible a todos”, ha concluido Salvador.