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Consenso de todos los grupos políticos de la Diputación de València para nombrar a los liquidadores de Divalterra

Imagen del pleno de la Diputación de València de este martes

Toni Cuquerella

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Divalterra, la empresa pública que ha hecho caer a los dos últimos presidentes de la Diputación de València, Alfonso Rus (PP) -cuando todavía era Imelsa-, y Jorge Rodríguea (PSPV) ha iniciado su autoliquidación.

PSPV, Compromís, EU, València en Comú, PP y Ciudadanos (y la abstención del no adscrito José Enrique Aguar) aprobaron por unanimidad el nombramiento de los 12 miembros del organigrama de la empresa pública que van a ponerle punto y final, final que no obstante todavía no tiene fecha.

De este modo se aprobó este martes en el pleno de la Diputación de València lo que ha denominado “transformación jurídica y el cierre ordenado de la empresa”, y que tiene una hoja de ruta que el presidente de la corporación, Toni Gaspar, transmitió a los trabajadores de la empresa pública este mismo mes, aunque ha eludido directamente poner fecha y ha derivado la responsabilidad en el nuevo consejo.

Esta hoja de ruta fija una nueva figura jurídica para gestionar la empresa, que será determinada por el nuevo consejo. Este consejo, integrado por 12 miembros, se reunirá por primera vez este miércoles, en una sesión en la que quedarán definidos los cargos directivos y se abordarán los temas ordinarios pendientes para no bloquear la gestión de la empresa.

Los consejeros que representarán a cada uno de los grupos políticos serán Mercedes Berenguer (PSPV), Rafael Soler (PP), Emili Altur (Compromís), Jorge Ochando (Ciudadanos), Roberto Jaramillo (València en Comú) y Rosa Pérez-Garijo (EUPV). Los integrantes serán completados por Ruth López, presidenta del Comité de Empresa, como representante de los trabajadores de Divalterra; los técnicos de la institución Pedro Domingo, José Javier Cuenca, Beatriz Moreno y Mª Eugenia Hernández Gil de Tejada; y el secretario de la corporación, Vicente Boquera.

El presidente de la Diputació, Toni Gaspar, ha destacado “el esfuerzo tanto de los grupos políticos como de los empleados de la Diputación y los trabajadores de Divalterra para alcanzar el consenso y buscar una solución definitiva que garantice los empleos” de una empresa que cuenta en la actualidad con cerca de 700 personas en plantilla.

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