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La Unión Europea publica la directiva para proteger a denunciantes de corrupción de la que ha sido pionera la ley valenciana

España tendrá de tiempo hasta diciembre de 2021 para transponer la directiva a su legislación en una materia que la Generalitat Valenciana regula desde 2016

Joan Llinares, candidato a dirigir la Agencia Antifraude valenciana

Joan Llinares, director de la Agencia Antifraude valenciana.

La Unión Europea ha publicado la directiva para la protección de las personas que informen sobre infracciones legales, una legislación antifraude que combate la corrupción y de la que es pionera la Comunitat Valenciana.

La directiva fue publicada este martes 26 de noviembre pero no entrará en vigor hasta el 17 de diciembre, además España tendrá dos años para transponerla a su ordenamiento jurídico.

Con la nueva ley se protegerá a los denunciantes y se les otorgará asesoramiento jurídico, blindándolos así frente a despidos, degradación y otras formas de represalia. También protegerá a los denunciantes en procedimientos judiciales, de fraude, corrupción, evasión fiscal o daños a la salud de las personas y el medio ambiente.

La nueva normativa europea establece un sistema de cauces de denuncia, internos y externos, tanto en el sector público como en el privado. El denunciante podrá dirigirse a autoridades externas a la organización si dentro de esta no se toman las medidas oportunas, o existe peligro inminente o manifiesto para el interés público, o cuando presuma que la denuncia a sus superiores no producirá efecto porque estos son los autores de los hechos denunciados o se encuentran en connivencia con ellos.

La Generalitat Valenciana, pionera

La Comunitat Valenciana ha sido pionera en este tipo de legislación con la creación en noviembre de 2016 de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción. A través de esta institución la Generalitat Valenciana protege y asiste a las personas que denuncian corrupción, y tiene una potestad sancionadora de entre 200 y 400.000 euros a los infractores.

Desde el inicio de su actividad en el segundo semestre de 2017, la Agencia ha protegido a diecinueve denunciantes, la mayoría de ellos funcionarios públicos, cuyas denuncias han dado lugar a la apertura de procedimientos judiciales penales que están en trámite.

Además, la Agencia realiza funciones de investigación de denuncias, así como de prevención, formación y sensibilización en integridad y ética pública, en materia de contratación pública y concesiones, acceso y provisión del empleo público, subvenciones, urbanismo o patrimonio público, derivadas de la actuación de las administraciones públicas de nuestro territorio (autonómica y local), y su sector público, contratistas, concesionarios, perceptores de subvenciones y de cualquier entidad, incluso privada, que perciba fondos públicos o esté sujeta al poder de decisión de las administraciones públicas.

La Comunitat Valenciana, dotada de una legislación incluso más avanzada que la propia directiva, es la única en todo el territorio español que otorga el estatuto de protección a personas, físicas o jurídicas, denunciantes.

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