La abstención del PSOE y las burlas del PP de Isabel Bonig
Este sábado, 29 de octubre, Mariano Rajoy volverá a ser presidente del Gobierno. Y lo será gracias a la traumática abstención de un PSOE inmerso en una enorme crisis interna que se ha llevado por delante a su secretario general, Pedro Sánchez, y que ha evidenciado una división entre sus dirigentes y militantes, como quedó patente en el pasado comité federal. Los socialistas -con el apoyo del líder del PSPV y president de la Generalitat, Ximo Puig, incluido-, acordaron una abstención en la segunda votación de investidura para investir a Rajoy amparándose en la situación de bloqueo institucional en la que vive España desde hace diez meses.
Parecía obvio que el anuncio de los socialistas iba a tener consecuencias políticas para el PSPV, lo que no resultaba tan evidente es que fuera a ser tan pronto y en la forma que ha sido. Apenas unas horas después de la decisión del comité federal del PSOE, en el transcurso de un debate parlamentario en las Corts, los populares valencianos ya utilizaron la anunciada abstención de los socialistas para justificar el 'blanqueo' de la corrupción en términos políticos, como reflejó la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, en redes sociales.
Y no sólo eso. La líder de los populares valencianos, Isabel Bonig, mostró un folio durante la sesión de control al president Ximo Puig en las Corts este jueves en el que se podía leer “abstención, gracias”, una burla que también reiteró la portavoz adjunta del PPCV en el parlamento autonómico, María José Catalá, quien aprovechó su intervención en el pleno para agradecer al PSPV que “facilitaran” con su abstención la investidura de Mariano Rajoy.
Mientras los populares se empeñan en hacer 'sangre' con la abstención del PSOE a través de sus 'agradecimientos', desde Compromís y Podemos, firmantes junto a Ximo Puig del 'Acord del Botànic' critican, aunque con algo más de diplomacia, la postura de los socialistas con respecto a un Gobierno que “discrimina” y “maltrata” a los valencianos y que supone “una amenaza permanente” a la Comunitat Valenciana.
