La Junta de Castilla y León revisará las bases de los programas de formación a desempleados tras las conclusiones de la Inspección de Servicios

“Los sindicatos no deberían participar en el proceso de elaboración de unas ayudas a las que van a concurrir directamente o a través de sus entidades de formación”. Es la principal conclusión que ha extraído el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz del gobierno autonómico, Francisco Igea, de la inspección sobre el sistema de reparto de subvenciones a los centros de formación destinadas principalmente a la inserción de desempleados de larga duración o en riesgo de exclusión social. Unas subvenciones que hasta ahora elaboraban, en parte, los agentes sociales, y que ahora cambiarán.

Igea ha considerado esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el informe propone prácticas “muy mejorables” en beneficio de la libre competencia y evitar “prácticas colusorias”. “Nadie puede redactar las bases de unas subvenciones a las que va a concurrir, no es razonable”, ha insistido.

“También se deberían revisar las bases de los procedimientos de subvención, orientación e inserción profesional desde el punto de vista del cumplimiento de libre competencia a fin de que no se produzcan prácticas anticompetitivas”, ha agregado Francisco Igea durante la lectura de las conclusiones de esta inspección

Este informe también recomienda contar con el Tribunal para la Defensa de la Competencia antes de que la Consejería de Empleo apruebe nuevas bases reguladoras de los procedimientos.

Por estos motivos, el portavoz de la coalición PP-Cs ha anunciado que estas recomendaciones se adoptarán “de inmediato” a las próximas bases reguladoras de esta convocatoria de subvenciones para “asegurar que se mantiene el principio de libre competencia”. “Hacemos nuestras las conclusiones de este informe”, ha prometido Igea, que ha apostado por “reducir al máximo las posibilidades del clientelismo”.

“Queremos recordar a los ciudadanos y a las empresas que la inspección de los servicios centrales nunca va a mirar hacia otro lado cuando se nos presente una denuncia, una solicitud o  una reclamación que entendamos deba ser revisada”, ha afirmado Igea, que ha valorado positivamente el trabajo de la inspección.

“No buscamos culpables, ni ponemos un cartel de 'se busca' ni queremos cortar cabezas, buscamos soluciones”, ha subrayado Igea, que ha anunciado que el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, se reunirá esta tarde con los sindicatos para informarles de las conclusiones del informe y de los cambios que se producirán a partir de ahora.

A pesar de todo, el portavoz de la Junta ha defendido que el Diálogo Social es “legítimo y útil” y puede determinar la dirección de las políticas formativas, “pero no puede establecer las bases normativas”.

El vicepresidente autonómico también ha informado que el informe se remitirá a la Justicia. La Junta de Castilla y León abrió una investigación en el seno del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) después de que comenzara una investigación judicial. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de número 4 de Valladolid admitió a trámite la impugnación presentada por más de cuarenta centros de formación contra la última convocatoria del Ecyl durante el pasado mandato.