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De la Riva defiende al edil imputado por la manipulación del PGOU: “No he dudado nunca de la honestidad de ninguno de mis concejales”

El exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva entra en la sala de la Audiencia Provincial de Valladolid.

Alba Camazón

“He tenido cinco concejales de Urbanismo y no he dudado nunca de la honestidad de ninguno de ellos”, ha asegurado esta mañana el exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva durante la sesión del juicio relativo a la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que salió publicado en el Boletín Oficial del Estado en 2004 con más de 80 artículos modificados y que beneficiaron en los años sucesivos a varios empresarios en la capital vallisoletana.

Este es el cuarto juicio en el que De la Riva se ve envuelto después de los casos de la comfort letter (el aval del sorterramiento, salió absuelto), los áticos (condenado e inhabilitado), el caso Samaniego (testigo).

De la Riva ha asegurado que él no cotejó la documentación relativa a la Ordenación porque no creyó “que sea la misión del alcalde”. “El texto refundido lo llevó el concejal, no sé quién lo elaboró”, ha respondido a preguntas del abogado de la acusación popular encabezada por la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Antonio Machado'.

La sala de la Audiencia ha vivido momentos de tensión cuando el magistrado José Luis Ruiz Romero ha intervenido durante los interrogatorios efectuados por el abogado de la acusación popular. Cuando este interrogaba a De la Riva, el magistrado ha insistido que el exregidor es un testigo y no un investigado en la causa. “Que García de Coca [el exconcejal de Urbanismo imputado] no haya querido contestar no implica que a través de un testigo tenga que sonsacarle las posibles respuestas”, ha afirmado el magistrado. Momentos antes, De la Riva replicaba al letrado de la federación de asociaciones de vecinos: “Eso se lo puede preguntar a él (García de Coca)”. El encausado ejerció su derecho el primer día del juicio y no quiso responder al abogado de la acusación popular, ante lo que el exregidor ha manifestado: “Ese no es mi problema”.

León de la Riva ha explicado que, una vez fue detectada la modificación del PGOU (en 2008), mandó que se realizara una investigación “independiente” realizada “por letrados ajenos al área de Urbanismo” y ha reconocido que no se constituyó una comisión política -como solicitó el PSOE- porque “al final sirve para poco”.

El exregidor, que ocupó la alcaldía durante cinco legislaturas, ha negado haber intervenido en la gestión de los asuntos urbanísticos y haber visto siquiera los planos. “No sé quién era el técnico. Yo no he nombrado nunca un técnico en 20 años”, ha subrayado De la Riva.

En relación al aparcamiento subterráneo de la calle José María Lacor (en una parcela de Cáritas), el exregidor ha insistido en que él ni intervino ni conocía la normativa. “Les dije: debéis hablarlo con Urbanismo”. El mismo protocolo ha mantenido en relación a la Fábrica de Harinas La Perla, que fue transformada en un hotel del 5 estrellas, abandonada y recientemente okupada y convertida en el Centro Social La Molinera.

También han declarado esta mañana el secretario del Ayuntamiento, Valentín Merino, y los exconcejales 'populares' María Luisa Ramírez, José Carlos Muñoz y Manuel Sánchez. Los tres han negado haber leído la documentación que se exponía en las comisiones de seguimiento. Los exediles han destacado que ellos votaban a favor o en contra de las propuestas que llevaba el concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca. “Lo normal es seguir las indicaciones del concejal correspondiente. Él decidía el voto del grupo político”, ha señalado Muñoz, edil de Deportes en esa época.

Sánchez, que sucedió a García de Coca como concejal de Planificación e Infraestructuras, ha explicado que él no intervino en la investigación municipal que se realizó tras encontrar artículos modificados en 2008: “Han salido errores y no puedo decirle nada más”. “¿Quién soy yo para investigar quién es culpable?”, ha preguntado el concejal de Planificación entre 2008 y 2012.

En la sesión, los letrados se han interesado por el papel de Modesto Mezquita, investigado en el proceso, en el Club Baloncesto Valladolid. Mezquita formó parte del Consejo de Administración debido a que el Ayuntamiento tenía un pequeño porcentaje del club, patrocinado por el Grupo Capitol, cuyos responsables fueron investigados por la manipulación del PGOU. Los diez empresarios que estaban encausados no serán juzgados por la prescripción de los delitos.

La Fiscalía, que pide para condenas de cuatro años de prisión para José Antonio García de Coca (exconcejal de Urbanismo), Luis Álvarez Aller (arquitecto de Políticas Urbanísticas) y Modesto Mezquita (exjefe de área), junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros, además de la inhabilitación del exedil durante 43 años y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional. El Ministerio Fiscal también reclama cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación para el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada. Los cuatro dirigen las miradas hacia el arquitecto Carlos Cándido Fraile Casares, fallecido en 2006.

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