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DESALAMBRE

Podemos advierte a Interior de que sus últimos mensajes sobre inmigración son "contrarios al acuerdo de Gobierno"

La reacción a la sentencia sobre devoluciones en caliente, el anuncio de que se subirá la altura de las vallas fronterizas y un borrador sobre la restricción del derecho de asilo provocan las críticas a Marlaska

"El Gobierno considera que la política migratoria es una cuestión de Estado, basada en el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos", responden fuentes gubernamentales

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Fernando Grande-Marlaska EFE

Mientras el Gobierno afirmaba que la sentencia de Estrasburgo que avalaba las devoluciones en caliente da "seguridad jurídica a la policía y la Guardia Civil"; el portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, la tachaba de "impresentable". Y mientras el ministro del Interior, de acuerdo con un borrador publicado por El País, está trabajando en un endurecimiento de las políticas de asilo, fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos consideran que eso sería "contrario al acuerdo de Gobierno". Entretanto, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska vinculó a las personas que saltan la valla con actos de "violencia" que "un límite a sus derechos fundamentales".

Las posiciones políticas en torno a la migración han sido tradicionalmente diferentes entre el PSOE y Unidas Podemos, y empieza a palparse.

El viernes pasado se celebró una reunión en Moncloa para analizar la sentencia de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente, en la que participaron el vicepresidente, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, junto al presidente del Gobierno y los ministros de Justicia y Exteriores. En el encuentro, marcado en agenda desde hace meses, se analizó lo dictaminado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

"El Gobierno acata la sentencia del TEDH y recuerda que España por fin tiene una política migratoria de Estado, respetuosa con los derechos humanos, en colaboración con nuestros socios europeos y con los países de origen", explicaban fuentes del Ejecutivo este lunes: "El Gobierno apuesta por potenciar vías legales y seguras para la emigración y por la reforzar la cooperación con los países de origen de la emigración". El portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, zanjaba el mismo día: "La sentencia es impresentable". El jueves pasado, nada más conocerse la sentencia, la portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Sira Rego, dijo: "Estamos ante un día triste para los derechos humanos y lamentamos profundamente esta sentencia, que es regresiva y permitirá a la UE seguir aplicando políticas migratorias racistas y xenófobas en sus fronteras".

Pero el viernes, tras la sentencia, el Gobierno defendía inicialmente que el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las devoluciones en caliente "permite dotar de mayor seguridad jurídica el gran trabajo que hacen a diario los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el control de nuestras fronteras. La decisión permite poder actuar dentro de un marco jurídico europeo consensuado, entendiendo que la frontera sur de España es además la frontera sur de Europa".

Este miércoles las posiciones han vuelto a confrontarse. Por un lado, El País ha publicado un borrador del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska con un posible endurecimiento de la normativa española de asilo. Y, por otro, Podemos ha pedido explicaciones y advertido de que las supuestas iniciativas "son contrarias al acuerdo de Gobierno".

El Ministerio de Interior ha aclarado luego a eldiario.es que ese borrador técnicos no han pasado los filtros políticos todavía y que, en todo caso, "el Gobierno tiene la intención de adaptar la normativa de asilo a la nueva realidad y a las directivas europeas que están ya en la práctica. Pero estamos muy pendientes de la reforma de la Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) para que nos dé las nuevas líneas maestras, que España va a seguir en la futura reforma", detallan desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska en respuesta a lo publicado por El País

"Esperamos que el Ministerio del Interior aclare cuanto antes el malentendido", explican fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos: "Apostar por endurecer la ley contra las personas que vienen a trabajar a nuestro país huyendo del hambre y de la guerra o elogiar sentencias que avalan la violación de sus derechos humanos no sólo es lo contrario de lo que figura en el acuerdo de gobierno de coalición, es además lo contrario de lo que desean la inmensa mayoría de los votantes del PSOE y de Unidas Podemos".

A continuación de la reacción del grupo parlamentario de Unidas Podemos, fuentes del Ejecutivo han respondido: "El Gobierno considera que la política migratoria es una cuestión de Estado, basada en el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos. Bajo estos preceptos, el Gobierno entiende que la política migratoria debe tener como ejes: la cooperación y el apoyo a las poblaciones en desarrollo de los países de origen; la lucha contra la criminalidad y la trata de seres humanos; la apertura de vías legales y seguras para la inserción social y laboral en los países de destino:; y el establecimiento de cauces para la correcta identificación entre peticiones de asilo y migraciones económicas, adecuando el sistema de asilo a la protección de nuevas realidades".

Atendiendo a la información publicada por El País, el documento preliminar apunta entre otras medidas al establecimiento de un plazo específico para pedir protección internacional, que se limitaría a los 10 días para quienes lo solicitan en un Centro de Internamiento para Extranjeros; también incluye la opción de rechazar un expediente por el hecho de que el solicitante se haya establecido anteriormente en un tercer país considerado seguro (como podría ser Marruecos) o el demandante pudiese residir en alguna zona de su país de origen donde no existan peligros para su integridad.

La reforma de la actual Ley de Asilo acumula años de retrasos, empujada por las exigencias de la Comisión Europea de adecuarla a la legislación comunitaria. En la anterior legislatura, el equipo técnico del Ministerio del Interior comenzó a trabajar en la futura normativa, pero en estos momentos cualquier modificación de la legislación española sobre protección internacional se encuentra estancada a la espera de la aprobación en Bruselas del Sistema Común de Asilo, que marcará las nuevas directrices a seguir en el conjunto de los Estados miembros, explican fuentes de Interior a eldiario.es. 

Interior rechaza dar más detalles al respecto e insiste en que actualmente toda reforma de la Ley de Asilo se encuentra condicionada a la aprobación por parte de los Estados miembros del nuevo paquete de medidas comunitarias que modificará, de manera previsiblemente más restrictiva, las actuales directivas sobre acogida, procedimientos y requisitos de asilo. 

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