La Defensora del Pueblo rechaza la explicación de Interior sobre las expulsiones ilegales en Melilla
La Defensora del Pueblo rechaza las explicaciones del Ministerio de Interior acerca de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el día 3 de abril en la valla de Melilla cuando la Guardia Civil prohibió el acceso de Cruz Roja a la zona de la alambrada donde permanecieron 28 personas encaramadas durante horas, algunas de ellas heridas, sin asistencia del organismo humanitario para, posteriormente, ser expulsadas sin seguir el procedimiento que recoge la ley.
Después de las quejas recibidas, la Defensora del Pueblo recomendó por escrito al Ministerio de Interior el cese de las devoluciones inmediatas de inmigrantes una vez que pisan suelo español, aunque no hacía referencia a la prohibición de acceso a Cruz Roja.
La institución insta al Gobierno a “impartir instrucciones a la Dirección General de la Guardia Civil” para recordar a los efectivos desplegados en la frontera de Melilla que “cuando se intercepte a un extranjero cuyo propósito sea entrar irregularmente en España la respuesta debe ser por parte de los agentes de la Guardia Civil, la puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, para que se incoe el oportuno expediente administrativo previsto en la legislación de extranjería”, narra la recomendación.
La respuesta de Interior, a la que ha tenido eldiario.es, incide en su “obligación” de “salvaguardar las fronteras” y asegura que “las tareas de vigilancia y control fronterizo son siempre respetuosas con la legalidad y con los derechos humanos”. El Ministerio justifica sus actuaciones en la valla con su objetivo de impedir la entrada de los inmigrantes en “intentos masivos y violentos”. Sobre las devoluciones, reitera que la entrega a los agentes marroquíes de personas que pisan suelo español “no son constitutivas de devolución”, sino de “acciones de contención y rechazo en las líneas de vigilancia fronteriza”.
Estos argumentos no convencen a la Defensora del Pueblo y concluye que el Ministerio de Interior rechaza su recomendación de cumplir el procedimiento administrativo que establece la ley cuando los inmigrantes pisan suelo español de forma irregular.
Los hechos denunciados
[Imágenes: Blasco de Avellaneda/Edición del vídeo: Alejandro Navarro Bustamante/G. S.]
El pasado 3 de abril la Guardia Civil prohibió el acceso de Cruz Roja a la valla de Melilla por primera vez en la historia. Después de que una ambulancia del organismo humanitario llegase al lugar donde estaban 28 inmigrantes encaramados en el vallado después de un intento de salto en la alambrada, los agentes les denegaron el acceso del perímetro fronterizo, donde el instituto armado había establecido una “zona de seguridad”. Entonces, los voluntarios se vieron obligados a dar la vuelta.
Tras más de cinco horas sobre la valla de Melilla, la mayoría de los inmigrantes descendieron de forma voluntaria. Bajaron por una escalera colocada por la Guardia Civil en zona española. Después de pisar España, fueron retenidos y devueltos a las autoridades marroquíes, algo ilegal según la Ley de Extranjería, el acuerdo bilateral con Marruecos y diferentes tratados internacionales. Dos personas permanecieron sobre la alambrada durante cerca de 10 horas. Cuando cedieron, los agentes los deportaron.
Normalmente, el hecho de estar Cruz Roja sobre el terreno disminuye las posibilidades de que el instituto armado lleve a cabo este tipo de entregas irregulares. Los propios inmigrantes suelen esperar su llegada antes de ceder y bajar de la alambrada de forma voluntaria. Creen que, al haber testigos, los agentes no cometerán una ilegalidad. Todos estos hechos fueron documentados por los medios de comunicación.
