Así es el 'desembarco' en Madrid de los migrantes llegados a las costas españolas: “No hay plazas para todos”

Son las ocho de la tarde cuando llega a las inmediaciones de la estación de Méndez Álvaro un autobús procedente de Almería. De manera tranquila y ordenada, comienzan a bajar 40 jóvenes subsaharianos, todos varones y vestidos igual, con sudaderas grises, zapatillas o chanclas con calcetines. No es la equipación de un club de fútbol, es la ropa que ofrece Cruz Roja a estos jóvenes que llegaron a las costas andaluzas en los últimos días y que ahora, por primera vez, pisan Madrid.

Los vecinos de la zona miran expectantes la llegada, recibida por un dispositivo de personal y voluntarios de Cruz Roja. Aurora, una señora que vive en Madrid, lo graba con su teléfono desde el otro lado de la acera.

“Es muy triste todo esto”, dice en voz alta. Nadie le ha explicado nada, pero intuye que los protagonistas de la escena que tiene delante de sus ojos, se han jugado la vida cruzando el mar para buscar refugio en esta orilla. “Cuando lo ves en la televisión parece otra cosa, pero cuando lo ves en directo impresiona”, comenta visiblemente emocionada.

Otro vecino también expresa lo que pasa por su cabeza. “La culpa de todo esto la tienen los gobiernos, que no hacen nada”, dice este señor con molestia.

Nieves Morales, coordinadora autonómica de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, presente en el dispositivo montado a pie de calle, explica para eldiario.es que desde ahí facilitan teléfonos para “para contactar con sus familiares u otras redes, para que puedan reunirse con ellos”. Pero la mayoría no tienen esa opción

En este sentido, la trabajadora evita hablar sobre la falta de plazas de Atención Humanitaria destinadas para estos casos, y apela a “reforzar capacidades del sistema municipal de personas sin hogar” para evitar que los migrantes recién llegados se queden en la calle, como está ocurriendo.

“No hay plazas para alojaros”

Estos traslados a ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, de personas migrantes recién llegados a puertos como el de Tarifa, Almería o Málaga, se repiten de forma continuada.

Omar Barry y Sheriff Diallo llegaron a Almería el pasado 28 de julio, después de ser rescatados por Salvamento Marítimo en una embarcación con 19 mujeres, 38 hombres y 11 menores. Un día después, llegan a Madrid trasladados por Cruz Roja.

De nuevo en las inmediaciones de la estación Sur, un equipo de Cruz Roja compuesto por tres personas, atiende a la llegada. En esta ocasión –a diferencia por la anterior vez, también presenciada por este medio– la noche ha caído, no hay traductores, ni operativo médico, ni equipos de Samur Social, ni representantes del Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid que presencien la llegada.

Una uniformada de Cruz Roja, después de ofrecerles una botella de agua y un bocadillo, trata de comunicarse con ellos valiéndose de una aplicación que traduce del español al francés, a través de audios. “No hay plazas para alojaros”, trata de explicarles.

“Mañana a las 8 de la mañana viene el siguiente turno, tenéis que estar aquí. La estación permanece abierta hasta las 5 de la mañana, podéis dormir ahí hasta que venga el siguiente equipo”. Continúan así las instrucciones y les advierten: “no os preocupéis por la Policía, ellos saben que vais llegando”.

La comunicación, ante la falta de traductores, no parece fluida, pero los chicos han captado el mensaje. Esta noche tienen que dormir en la calle. Omar agacha la cabeza y la apoya sobre sus brazos, se muestra agotado. Sheriff pide llamar por teléfono a su padre que vive en España desde el año 2008, pero en estos momentos se encuentra trabajando en Tenerife.

Desde Cruz Roja hablan con el progenitor, que les indica que envíen a su hijo a Zaragoza, donde sus allegados pueden atenderle, ya que, al no tener documentación, el joven no puede tomar un avión hasta la isla canaria para reencontrarse con su padre. Pero esa opción ha de esperar.

Antes de marcharse el equipo de Cruz Roja, este medio intenta hablar con los trabajadores y confirmar si han dado aviso a los servicios de Samur Social, pero no aportan ninguna respuesta más que “nosotros no podemos ofrecer información”.

Al otro lado del teléfono, Samur Social indica que, “aunque tienen contacto con Cruz Roja”, la acogida de estos chicos “no les corresponde” y argumenta que están “asfixiados” desde los servicios municipales.

Omar y Sheriff, los dos originarios de Guinea Conakry, guardan en sus bolsillos unos papeles que traen desde Almería: una orden de expulsión de la Policía y un papel escrito a mano con una lista de “recursos en Madrid”, que incluye albergues y centros para personas sin hogar.

Al comunicarnos con uno de estos centros, señalan que “no pueden albergar a nadie sin una valoración previa de Samur Social”, un requisito que no pueden cumplir los chicos, ya que no han sido atendidos por el servicio municipal.

Acogidos por la ciudadanía

Finalmente, Omar y Sheriff evitan dormir en la calle gracias a la acogida ciudadana. Pese a las horas intempestivas y el periodo de verano y vacacional, rápidamente se activa la red de apoyo entre diferentes colectivos sociales, activistas y voluntarios en Madrid. Esta vez es Javier, un vecino de Madrid, quien ofrece su casa para dar refugio. “Merci, merci, gracias, gracias”, no paran de repetir Omar y Sheriff.

Ibrahima, el padre de Sheriff, desde Tenerife también se muestra profundamente agradecido. En conversación telefónica cuenta que estaba intentando tramitar la reagrupación familiar, pero “es muy difícil”, lamenta. Ahora se muestra contento por tener cerca a su hijo y planea “viajar cuanto antes” a la península para reencontrarse con él. Además, le queda por delante una ardua batalla burocrática: que el Estado español reconozca a su hijo como menor de edad.

A pesar de que en la orden de expulsión expedida desde la comisaría en Almería conste que su hijo tiene 19 años de edad, este hombre asegura que es un niño. “Tiene 13 años, los cumplió el 28 de este mes, el mismo día que cruzó el mar”, exclama.

Organizaciones sociales denuncian “abandono” y “descoordinación” institucional ante la llegada de migrantes desde Andalucía.

“Existe una descoordinación e improvisación absoluta, no puede ser que no haya información clara de las llegadas. Sorprende que todo esto no estuviera previsto”, denuncia Carmen Cabrillo, responsable del programa Afrique de SERCADE (Servicio Capuchino Para el Desarrollo), donde acuden muchos migrantes que, después de llegar en patera a las costas andaluzas y ser derivados en autobuses a Madrid, se ven en un limbo al ser excluidos del sistema de acogida humanitaria.

Acorde con los testimonios de la gente que reciben, detectan que, al contrario de las versiones oficiales, muchos “no deciden dónde ir” y “están desconcertados”. Algunos cuentan que han estado en dependencias policiales en la frontera durante cinco días (dos más de los permitidos por la ley). También han observado casos de menores que “aseguran no ser reconocidos como tal desde la frontera”. Además, “constatan el déficit de asistencia sanitaria” al recibir a personas diabéticas, con sarna u otras enfermedades, “sin ningún tratamiento”.

Algo similar denuncian desde SOS Racismo Madrid, que desde el pasado mes de junio activó una red de apoyo entre entidades sociales y vecinos y vecinas de la capital, después de recibir a 14 jóvenes sin un lugar donde dormir.

Arribaron a Málaga tras ser rescatados de una embarcación con 140 personas. Después fueron trasladados por Cruz Roja a Madrid. Y de ahí, llegaron hasta el local de SOS Racismo Madrid guiados por un papelito en el que alguien les escribió a mano la dirección de la sede de esta organización, ubicada en el madrileño barrio de Lavapiés. “Estaban completamente confusos. Al principio creían que nosotros éramos Cruz Roja”, recuerda Paula, portavoz de la ONG.

“Estas personas llegan a Madrid u otras ciudades, derivadas por las organizaciones que deberían dar atención humanitaria desde la frontera sur, pero vienen sin ningún tipo de cobertura, ni humanitaria, ni legal, ni sanitaria”, declara Paula, quien también se queja de la “falta de coordinación entre las entidades responsables y las ciudades de destino” y denuncia “el abandono de personas en terminales de autobuses”.

SOS Racismo Madrid alega que esta realidad es “una muestra más de cómo el racismo institucional, que impera a nivel europeo y español, impregna todas las políticas, demostrando que hay vidas que no importan”.

Al mismo tiempo, tanto los dos colectivos sociales nombrados como otros consultados ponen en valor la organización de la sociedad civil para acoger, ante la falta de respuestas por parte de la Administración, que deja entrever un “sistema de acogida fracasado”.

Colapso en los servicios de acogida

El colapso en los servicios de acogida que se está haciendo notar, tanto en la bahía de Algeciras como en otros municipios andaluces o del resto del Estado, está provocando hacinamientos en recintos improvisados, en cubiertas de barcos; o situación de calle o extrema vulnerabilidad en ciudades como Madrid o Barcelona.

Para José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge, todo lo que está ocurriendo en torno a la respuesta migratoria es una “crónica de una muerte anunciada”. En palabras de Morales, “parece bastante increíble y poco aceptable que las administraciones planteen la situación como sobrevenida, de sorpresa y en permanente estado de emergencia, cuando se viene avisando desde hace tiempo; tanto por el cierre de fronteras tras el acuerdo entra Turquía y la Unión Europea como por el cierre del paso del Mediterráneo central entre Libia e Italia”.

Desde esta federación de nueve asociaciones andaluzas y de Ceuta y Melilla, que trabajan en la integración e interculturalidad de los inmigrantes; denuncian una “falta de coordinación” en la respuesta, que se está traduciendo en “una situación de emergencia” y que puede tener “efectos negativos en la ciudadanía”, como ya está ocurriendo en países como Italia.

De ahí que Andalucía Acoge inste al Gobierno central para que “reúna y coordine a la Junta de Andalucía, ministerios y ayuntamientos implicados”, para “asegurar recursos, garantizar que se actúa de una manera correcta y que se proteja la dignidad de las personas”. De esta forma, explica Morales, “poder lanzar un mensaje de tranquilidad y gestión a la ciudadanía” sobre este fenómeno que “es fuerte, pero abarcable”.