El Gobierno limita el acceso de los yemeníes al asilo a pesar de sufrir la “peor crisis humanitaria” del mundo

Una de las pocas vías legales y seguras existentes para pedir asilo en la Unión Europea consiste en aprovechar la escala de un vuelo con destino a un país no comunitario para solicitar protección internacional. Una grieta de la política fronteriza a la que los Estados miembros pueden poner freno a través de un requisito difícil de sortear: los visados de tránsito aeroportuario. Desde el 1 de enero, el Gobierno español ha cerrado este canal para las ciudadanos de Yemen, donde desde el inicio de la intervención de la coalición liderada por Arabia Saudí tiene lugar la “peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU.

El Ministerio de Exteriores ha confirmado que a partir de 2020 las personas de origen yemení deben obtener un Visado de Tránsito Aeroportuario (ATV, por sus siglas en inglés) si quieren realizar una escala en España, lo que en la práctica limita el acceso a los solicitantes de asilo que utilizan esta vía para pedir protección en España en los puestos fronterizos de los aeropuertos españoles.

En los últimos dos años, el número de solicitudes de asilo registradas en España por ciudadanos de Yemen ha crecido un 176,43%. En 2019, 481 yemeníes pidieron protección internacional en España. Según explican desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de las 454 personas de esta nacionalidad atendidas el año pasado por la ONG, 166 solicitaron asilo en el Aeropuerto de Barajas y 288 en los puestos fronterizos de Melilla.

Una medida de la UE para “frenar la inmigración ilegal”

Según justifican desde Exteriores, la decisión de exigir visado de tránsito “se ha adoptado al amparo de la normativa comunitaria, en el ejercicio de las competencias de control fronterizo que corresponden a nuestro país” ejercidas “en el interés del conjunto de los Estados miembros del área Schengen, no sólo de España”. Las mismas fuentes han indicado que la medida tiene como finalidad “contribuir a la lucha contra la trata de seres humanos y la prevención de amenazas a la seguridad interior”.

La normativa comunitaria referida por Exteriores, el reglamento que establece el código europeo de visados, recoge la necesidad de “establecer normas sobre el tránsito por las zonas internacionales de los aeropuertos, a fin de luchar contra la inmigración ilegal”. En ete sentido, por un lado existe una lista común de países extracomunitarios cuyos nacionales deben contar con un documento que les permita realizar una simple escala en la Unión Europea.

Afganistán, Bangladesh, República Democrática del Congo, Eritrea, Etiopía, Ghana, Irán, Iraq, Nigeria, Pakistán, Somalia y Sri Lanka componen el listado compartido por todos los países europeos. No obstante, “en casos urgentes de afluencia masiva de inmigrantes ilegales” cada Estado miembro debe imponer el visado de tránsito a los ciudadanos originarios de otros países no incluidos en el documento común, añade la legislación comunitaria.

Con la incorporación de Yemen a su propio listado, España se ha unido así al criterio de República Checa, el único Estado miembro que hasta ahora imponía visado de tránsito a los yemeníes.

En noviembre de 2018, el Gobierno español impuso el visado de tránsito a las personas de origen palestino en Líbano bajo el mandato de la UNRWA. Ese mismo año, Palestina había sido el quinto país de origen de quienes solicitaron protección en España, con 2.031 peticiones registradas. El año siguiente, tras la aplicación del requisito, la cifra de solicitantes de asilo palestinos se desplomó hasta los 623, más de tres veces menos.

“El 2 de enero ya no vino ningún yemení”

Elena Muñoz, como responsable del servicio jurídico de CEAR Madrid, ha atendido a la mayoría de las personas que, ante la falta de exigencia de visado de tránsito, solicitaron asilo en los últimos años en el aeropuerto de Madrid. La abogada ya ha empezado a percibir las consecuencias del nuevo requisito impuesto para los yemeníes. “El efecto es que, si el 1 de enero llegaron algunos solicitantes de Yemen, el día 2 ya no vino ninguno”, recuerda la letrada de la ONG, la única que presta asistencia en la sala de asilo de Barajas.

“Es muy difícil conseguir ese tipo de visado para llegar a un puesto fronterizo de España”, enfatiza Muñoz. Desde CEAR, alertan de que el cierre del acceso legal a los puestos fronterizos de aeropuertos españoles de solicitantes de asilo yemeníes puede empujarles a que tomen canales clandestinos para huir de su país, mucho más peligrosos. “Generará más presión por la frontera sur”, apunta la abogada.

Desde el mes de agosto, yemeníes, sirios y palestinos están llegando en patera a Melilla, algo poco habitual hasta entonces. Todos ellos necesitan un visado de tránsito para acceder a las zonas internacionales de los aeropuertos españoles.

Entre los yemeníes que intentaron llegar por vía marítima a la ciudad autónoma se encontraba Helal Al-Hajj, un joven medallista de 24 años, quien se colocó en cuatro ocasiones como campeón de Yemen en la modalidad Wushu de Kung Fu. El atleta murió cuando trataba de acceder en un bote de madera. Era su sexto intento de atravesar la frontera española.

La “peor crisis humanitaria del mundo”

El conflicto en el país de Oriente Próximo acumula cinco años de un conflicto que ha dejado más de 100.000 fallecidos, entre los que se encuentran más de 12.000 civiles, según el Proyecto de Localización y Datos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés). La situación de violencia ha desembocado en que 20 millones de personas en Yemen se encuentren en situación de inseguridad alimentaria, lo que equivale al 70% de la población en el país, según los datos de la ONU.

Un reciente informe sobre Yemen de un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos denunció “posibles crímenes de guerra cometidos por las diversas partes envueltas en el conflicto del país árabe” durante los últimos cinco años, incluyendo bombardeos indiscriminados, asesinatos y detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y de género, y el bloqueo al acceso a la ayuda humanitaria.

En 2018, un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU acusó a todas las partes involucradas de haber cometido potenciales crímenes de guerra, aunque resaltó que los ataques aéreos de la coalición árabe han causado la mayoría de las muertes civiles contabilizadas.

España es uno de los principales proveedores de armas a Arabia Saudí. En 2017, España vendió al reino más de 361 millones de euros en armas. El pasado mes de septiembre se desató la polémica porque el Gobierno español anunció la cancelación de la venta de 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí. La venta ya estaba aprobada y el Ministerio de Defensa anunció que devolvería los 9,2 millones de euros recibidos por el material. Poco después, el Gobierno cambió de opinión y confirmó que la transacción seguiría adelante. “Esa clase de armamento es de precisión, no produce efectos colaterales, no se pueden producir esos bombardeos que producen esa clase de tragedias”, justificó Josep Borrell, ministro de Exteriores.