El Gobierno diluye el Plan que podría controlar los abusos de empresas españolas en países pobres
El Ministerio de Exteriores está preparando el Plan de Derechos Humanos y Empresas, cuyo objetivo es incluir aspectos regulatorios para aumentar el control del Gobierno sobre las malas prácticas de las empresas españolas en el exterior y evitar sus vulneraciones de derechos humanos. A pesar de que el proceso de elaboración de los borradores ha sido “abierto y transparente” hacia la sociedad civil, las empresas y la administración, diversas organizaciones temen que determinadas presiones procedentes de la CEOE y de otros ministerios conviertan el plan en “otro documento más” de responsabilidad social corporativa.
Organizaciones como el Observatorio de Responsabilidad Corporativa, Oxfam Intermón o la Plataforma 2015 y más consideran que no se han tenido en cuenta sus valoraciones dentro del proceso de elaboración del Plan. Además, desconocen las reclamaciones del sector privado y las empresas que han participado en su creación.
La idea inicial era incluir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos establecidos por la ONU en 2011 en el denominado plan Ruggie basado en tres pilares: 'proteger, respetar y remediar', incluyendo en cada uno de ellos mecanismos para facilitar su cumplimiento. Estos tres ejes se desarrollan en la obligación del Estado a proteger de abusos a los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas; en la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos; y en el mayor acceso a la reparación, judicial y extra-judicial por parte de las víctimas. No obstante, se tratan de medidas de no obligado cumplimiento.
Una vez aprobados estos principios, la Comisión europea solicitó a los estados miembros que, a lo largo de 2013, elaborasen un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, para “trasladar esos principios a marcos legales nacionales”. La Oficina de Derechos Humanos y Empresas del Ministerio de Exteriores es el organismo encargado de coordinar la elaboración de un plan que ya llega con retraso.
Atendiendo a los borradores del plan, se concibe bajo la intención de sensibilizar y promocionar los derechos humanos entre las empresas, tanto públicas como privadas. No obstante, sí incluye algunas novedades en los apartados referentes a la obligación estatal de proteger de los abusos que puedan generar las empresas españolas, como la restricción de ayudas públicas a aquellas que vulneren los derechos humanos (aunque la eliminación se reduce a una serie de supuestos muy limitados).
También existe algún aspecto destacado sobre la reparación judicial y extra-judicial por parte de las víctimas que sufren las consecuencias de empresas transnacionales de origen español. En el primer caso se menciona la posibilidad de creación de un informe sobre mecanismos judiciales que permitan la “reparación de abusos cometidos tanto dentro como fuera del territorio español”. Esta medida abre ligeramente la puerta a que determinados abusos de empresas estatales puedan ser juzgados en España por actuaciones realizadas en otros países, un hecho que sería especialmente importante en los estados empobrecidos con legislaciones más flexibles. Algo imposible hasta ahora y del que, al menos por el momento, solo se está planteando el estudio de formas para poderse llevar a cabo.
La reparación extra-judicial se refiere a la apertura de vías de queja accesibles a las víctimas de la actividad de las transnacionales. Que puedan ser escuchadas de una forma sencilla. Sin embargo, según las valoraciones de las organizaciones consultadas, esta medida también se limita a la generalidad del “estudio de los mecanismos” para alcanzar este objetivo, sin detallar métodos concretos para lograrlo.
Segundo borrador, diluido
El último documento que ha salido a la luz es el segundo borrador, actualmente a la espera de ser revisado después de recibir los correspondientes comentarios de ONG, empresas y administracione públicas. En este punto es donde surge la polémica en cuanto a su proceso de elaboración. Las ONG consultadas denuncian que este último borrador, además de no reflejar las recomendaciones efectuadas sobre el primero, “empeora y diluye” el contenido de este. Estos son algunos de los ejemplos resaltados:
- Escasos requisitos a subvenciones públicas: La medida 20 del primer borrador suponía la negación del acceso a subvenciones o a contratos públicos a las empresas en el caso de que se cumpliesen una serie de condiciones: “cuando existan indicios suficientes y probados de que se hayan cometido graves violaciones de derechos humanos -directamente o a través de sus filiales- y se nieguen a cooperar con la Administración española para mitigar y reparar los daños provocados”.
Tras el segundo borrador, quedarán descartadas las empresas que ataquen los derechos humanos en los terceros países donde operan en los casos “donde exista sentencia firme emitida por una autoridad competente que señale que estas empresas hayan cometido graves vulneraciones” y, además, “se nieguen a cooperar con la Administración española”.
Desde la Plataforma 2015 sostienen que, aunque ya habían comentado los “excesivos” criterios incluidos en el primer borrador para denegar dinero público a una empresa que vulnera los derechos humanos, ahora “se sustituyen los indicios por una sentencia firme”.
Oxfam Intermón comparte esta valoración. “No solo se tienen que dar las circunstancias sino que, si se cumplen , la empresa puede seguir recibiendo apoyo con esa mera intencionalidad. Esto es inadmisible. Esto no penaliza a empresas que dañan los derechos humanos”, sentencia María Dolores López Gómez, responsable del Sector Privado de la ONG.
- Control estatal: Según detalla en su análisis Oxfam, el primer borrador establece una comparecencia anual de la comisión de Exteriores sobre el seguimiento del plan. Dicha comisión dependería de Vicepresidencia del Gobierno y estaría financiada por ella. “Esto era positivo para que hubiese un impulso desde arriba para la aplicación del Plan”, detalla López Gómez. “Esto ha desaparecido, ya no hay ninguna comparecencia en el Congreso. Ni tampoco se detalla de quién depende la comisión de seguimiento”, añade.
- Claúsulas medioambientales y sociales: La primera versión del Plan de Empresas y DDHH dejaba caer la posibilidad de que todo tipo de tratados comerciales firmados por España debía añadir claúsulas relativas al cumplimiento de los principios rectores y hacer mención a los derechos humanos para hacer constar que los objetivos de estas no “supongan una relajación de las medidas que afectan a los derechos laborales y el medio ambiente”. Para ello establecía que se exigiese a la parte contratante “altos niveles de protección medioambiental y laboral”. Estas medidas que ya de por sí eran una mera declaración de intenciones y que “únicamente servían para poner sobre el papel el deber de respetarlos”, según analiza la Plataforma 2015, también han sido obviadas en la nueva versión del documento.
“Son solo unos ejemplos que reflejan que el segundo borrador desnaturaliza los contenidos incluidos en el primero. Si el primero era mejorable, este es manifiestamente mejorable. Nos parece una pérdida de oportunidades que el peso de otros interlocutores como la CEOE haya limitado tanto el alcance de este documento”, denuncia López Gómez de Oxfam.
Desde el Observatorio Español de Responsabilidad Social coinciden con esta crítica y, a pesar de defender el papel de la Oficina de Derechos Humanos, consideran que las presiones por parte de “otros ministerios” y patronal “han podido más”. Además, sus declaraciones reflejan cierta opacidad que choca con el proceso transparente defendido desde el Gobierno. “Conocemos las propuestas del colectivo de la sociedad civil, pero no las del resto. No sabemos ni qué empresas han participado en el proceso ni cuáles han sido sus reclamaciones”, comenta Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio.
Eldiario.es se ha puesto en contacto con la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores, encargada de impulsar el proyecto, pero han rechazado atender preguntas hasta la aprobación definitiva del Plan. También han declinado detallar las empresas o entidades que han participado en el proceso desde el sector privado.
