Mientras como con una mano, con la otra espanto moscas

Una mujer indígena cuida de su hija / Fotografía: Imagen de archivo de Hemisferio Zero.

La contaminación ambiental producida por la finca agroindustrial La Fazenda, en el departamento de Meta (Colombia), motivó a 500 pobladores del resguardo Wacoyo, en Puerto Gaitán, a tomar las instalaciones de la finca el pasado 9 de febrero.

La fazenda Aliar S.A. realiza en la zona un proyecto de porcicultura a gran escala, lo que ha generado una crisis sanitaria entre los indígenas, afectando principalmente a niños y mayores de edad, quienes presentan síntomas de diarrea, cefaleas, fiebre, vómito y deshidratación y que deben ser atendidos a diario por los médicos de la comunidad.

Los malos olores son abundantes y la presencia de moscas pisando los alimentos es constante. Hilber Humegé, secretario técnico de la Mesa de la Orinoquía, lo resume de esta manera: “Realmente no se puede comer, porque uno está comiendo con una mano y con la otra espantando las moscas”.

No existe un informe técnico oficial de la situación pues la brigada médica, uno de los compromisos adquiridos por la empresa años atrás, no se realizó, explica Humegé.

Otra de las inquietudes que rodea a la Comisión Técnica y Política de la Orinoquía -interlocutora y representante transitoria de los pueblos indígenas de la Orinoquía- es constatar si el maíz que ingiere la comunidad es apto o no para el consumo humano, puesto que en la zona los indígenas lo hacen ‘a repelo’: práctica que consiste en recoger los sobrantes de los sembrados para su alimentación y éstos están cultivados específicamente para los cerdos.

La problemática que afecta a 1.400 pobladores pertenecientes a la comunidad indígena Sikuani comenzó hace cuatro años y parece haber colmado la paciencia de la comunidad. Ellos exigen como alternativa aceptable el traslado de La Fazenda (La Hacienda, en portugués) a otro lugar y que los terrenos sean utilizados exclusivamente para labores de agricultura.

Entre sus demandas también contemplan que en un corto plazo se atienda la emergencia ambiental porque como el impacto no se minimice, no permitirán el ingreso de más cerdos al centro agroindustrial.

Esta acción de resistencia de los pueblos indígenas de la Orinoquía sienta las bases para el debate en torno a las consecuencias que pueden traer a las comunidades ‘la nueva frontera agrícola de Colombia: la altillanura’, como muchos la han tildado.

Alternativa de solución propuesta que, en esta primera instancia, tuvo eco, pues en una reunión con las directivas, un día después de la toma pacífica, se acordó que en un plazo no mayor de cuatro meses los empresarios responderían a la solicitud de traslado de las marraneras o al acondicionamiento de los pozos sépticos ubicados en los galpones.

Humegé aduce que no existen planes de manejo ambiental por parte de los empresarios para estos proyectos y que mucho menos se ha tenido en cuenta su voz. En consecuencia, exigen la consulta previa, porque ‘el desarrollo no puede pasar por encima de nuestras vidas, de nuestra dignidad, de nosotros los pueblos indígenas de la Orinoquía’, enfatiza.

La Fazenda: una revolución que atropella a los indígenas

La Fazenda está ubicada entre los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López, en el departamento de Meta (Colombia). Una idea que surgió en el año 1999 para dar paso a la creación de una finca a gran escala.

Según algunos datos, la finca cuenta con un área cultivada de aproximadamente 30 mil hectáreas en maíz y soya, producción empleada para la porcicultura. Dispone de planta para elaborar concentrados y de espacios para mantener un alto número de cerdos en ceba.

Es una iniciativa de la empresa privada de la Alianza Liévano Ardila – ALIAR S.A en donde La Fazenda se constituye en un complejo agroindustrial con aportes de empresarios de los departamentos de Antioquia y Santander.

Las denuncias sobre el impacto de la empresa en la zona no son nuevas. En el 2009, la comunidad indígena Achagua del resguardo El Turpial denunció la afectación de sus vías por el tránsito de maquinaria pesada y la imposibilidad del acceso a sus viviendas en moto, en cicla e incluso a pie.

La Fazenda cobra relevancia por ser denominado un ‘caso de éxito’ en materia de industria, que nació de la mano de 28 industriales colombianos que soñaron con tener una hacienda autosuficiente para alimentar cerdos y abastecer el mercado nacional.

Son muchos los personajes públicos que han visitado sus instalaciones y han exaltado el trabajo que allí se hace en pro de la economía y producción colombiana. Así lo constatan los informes de prensa que sobre ésta finca agroindustrial se han publicado.

En el año 2012 el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, destacó la mentalidad visionaria del Grupo Aliar, y puntualizó que ‘desarrollar proyectos como éste en el país contribuye a que el país se prepare de cara a las posibilidades que brindan los TLC, donde varios sectores del agro son ganadores, entre ellos el de carne de cerdo’.

Años anteriores, el entonces presidente Álvaro Uribe, acompañado de sus ministros de Agricultura, Andrés Felipe Arias, el Ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, el Viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar Rueda, y dos inversionistas argentinos recorrieron los terrenos, hizo una mesa de trabajo y expresó que ‘esto es una revolución total para el país’.

En el 2011 La Fazenda, junto con el predio La Unión, en Anapoima Cundinamarca, fueron certificados por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, como libres de peste porcina clásica conocida con las siglas PPC.

Sin embargo, para los pueblos indígenas de la Orinoquía estos proyectos de desarrollo a gran escala se convierten en la principal amenaza para su existencia.

Por eso, el líder indígena Humegé no duda en afirmar que se deben hacer los estudios científicos necesarios para constatar que el maíz que consume la comunidad no es transgénico.

Y asegura que en un mes se debe convocar a una primera mesa de diálogo con instituciones y entes gubernamentales para establecer líneas de trabajo, en conjunto con la comunidad, y tratar el tema de la compensación por los impactos que como pueblos indígenas hemos sufrido por dichos proyectos.

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