“Tengo que pedirme vacaciones para poder luchar contra el ébola en África”

Encima de las camisetas, los pantalones y el calzado que saturan la maleta, José ha doblado una bata blanca. Este médico con plaza fija en un hospital público madrileño prepara su marcha a Sierra Leona, uno de los países más afectados por la epidemia del ébola que continúa asolando África Occidental. Acude a la llamada de Médicos del Mundo para levantar un centro de tratamiento con 100 camas en Moyamba. Sin embargo, cuando restan menos de 48 horas para embarcar desconoce si tendrá que recurrir a sus vacaciones para participar en el proyecto. La razón: sus superiores continúan sin atender la solicitud que presentó para acceder a un permiso.

El caso de José no es el único. Organizaciones como Médicos del Mundo o Médicos Sin Fronteras vienen denunciando desde hace tiempo las trabas que el Gobierno central y las comunidades autónomas imponen al personal sanitario que desea cooperar en zonas afectadas por catástrofes naturales, epidemias o guerras. La mayoría se ve obligada a gastar el comodín de la excedencia, las vacaciones, o la buena voluntad de los compañeros para que les cubran si la Administración no les concede el permiso. Pero los obstáculos no acaban aquí. De vuelta a casa, muchos se encuentran con que su plaza ha sido amortizada o que la experiencia que han adquirido no supone un plus en las bolsas de trabajo.

El permiso en cuestión está regulado por el Estatuto del Cooperante, aprobado ya hace más de ocho años, y que las ONG han pedido que se renueve porque “hay que mejorar cosas que están obsoletas”. En él se especifica que el personal sanitario que pretenda cooperar en el extranjero obtendrá consentimiento, a veces remunerado, siempre y cuando el Estado decrete que el país de destino atraviesa una situación de emergencia. Aun así, la última palabra la tienen las CCAA al estar transferidas las competencias sanitarias. Las leyes locales son las que fijan los baremos para otorgar los permisos y en qué circunstancias.

De esta manera, a día de hoy, las organizaciones mantienen tres frentes abiertos. Por un lado, quieren que se agilicen los trámites para que los profesionales sanitarios no tengan que servirse de sus permisos laborales o cancelar su relación contractual para unirse a un proyecto humanitario, como le ocurrió a Julia (nombre ficticio). En la actualidad está en Malí para luchar contra el ébola sobre el terreno junto a Médicos Sin Fronteras.

“Tenía un contrato eventual renovable y antes de que acabara tuve que dejarlo porque nadie me dio un permiso para poder viajar”, explica por teléfono a eldiario.es. Un permiso que, dice, está marcado por la arbitrariedad ya que la última palabra depende de la buena voluntad de sus jefes. “Mucha gente no lo pide por miedo a que al volver su puesto se haya esfumado”.

Esa es otra de las patas del conflicto. Las ONG critican que el personal que participa en labores de ayuda humanitaria suele ser relativamente joven, acaba de salir de la universidad y tiene un trabajo poco estable, lo que hace más difícil tomar una decisión.

“No tengo nada asegurado. Cuando regrese, seguramente mi plaza esté ocupada y tendré que buscar un puesto de trabajo de nuevo, sin que mi estancia como cooperante cuente como experiencia en el currículum vitae”, señala Julia. MSF ha trasladado a todos los Gobiernos, tanto al PSOE como al PP, que se mejore este último aspecto: la colaboración en campañas de emergencia sanitaria debería sumar puntos en los procesos de selección, como por ejemplo las oposiciones, y potenciar las posibilidades de ascenso en los centros sanitarios.

Por último, las organizaciones ponen el acento en la maraña de leyes que cada Ejecutivo autonómico ha aprobado para los cooperantes, algo que, señalan, crea diferencias entre ellos. Por ejemplo, un médico que trabaje para el sistema de salud extremeño no puede acceder a ningún permiso porque existe un vacío legal en la legislación local, mientras que un colega de la Comunidad Valenciana, con un puesto de características similares y los mismos años de antigüedad, puede acceder a una excedencia especial en activo con reserva de plaza o a un permiso retribuido por un mes.

“Navarra, País Vasco o Galicia son las comunidades que más permisos otorgan, mientras que otras como Madrid ponen muchas trabas”, cuenta por teléfono Sara (nombre ficticio). Esta enfermera con plaza fija ha cambiado la relativa comodidad de un hospital madrileño por un centro sanitario de Malí.

Pero Sara, al tener una plaza en propiedad en un hospital madrileño, disfruta de más facilidades para acceder al permiso. Habla desde la experiencia: “Si un médico no tiene plaza fija es casi imposible que te den el permiso. En mi caso, siempre pude participar en el proyecto humanitario con duraciones, eso sí, superiores a seis meses y, después, me reincorporé a mi puesto de trabajo. Si acabas antes de esos seis meses, tienes que esperar para reincorporarte”, relata.

La denuncia de las ONG acerca de las trabas de la Administración han vuelto a saltar al calor de la situación de emergencia por el ébola declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en África. A Médicos del Mundo le está suponiendo una odisea encontrar a médicos y enfermeras españolas que puedan obtener un permiso de su centro hospitalario para cubrir las necesidades de personal –unos 800 al mes– del nuevo centro de tratamiento del virus en el este de la capital de Sierra Leona.

Médicos del Mundo defiende que, en el caso reciente del ébola, la solución a corto plazo podría pasar por que España declarara la emergencia en los países más afectados por la virulencia de la enfermedad. “El Gobierno no ha decretado la emergencia, como sí se hizo con otras urgencias humanitarias como el terremoto de Haití”, denuncia Feli Ibáñez, directora de Operaciones Internacionales de Médicos del Mundo. Si el Ejecutivo diera ese paso, los españoles podrían incorporarse a las expediciones humanitarias cobrando por ello, tal y como ya han hecho otros países como Cuba o Estados Unidos.

A raíz de las alarmas tras los casos españoles relacionados con el virus —dos religiosos repatriados desde África y una auxiliar de enfermería contagiada dentro de España— el Gobierno español se ha comprometido en estudiar cómo desbloquear los obstáculos de los cooperantes españoles, según ha podido saber eldiario.es. Una disposición al diálogo que desde Médicos Sin Fronteras valoran, pero precisan que la revisión de la normativa no solo se debe acometer como un problema relacionado únicamente con la respuesta al ébola, sino pensando en mejorarlo de cara a próximas emergencias.

María del Carmen, enfermera de Médicos Sin Fronteras expatriada en Malí, plantea una serie de medidas que tiren abajo las cortapisas que surgen a la hora de pedir un permiso. “Lo primero sería una legislación común a todas las comunidades, un acuerdo de mínimos que respete el Estatuto del Cooperante, facilitando que puedan ir y volver respetando su puesto de trabajo. Nuestro objetivo prioritario no es que nos paguen, eso ya está resuelto por la organización que nos contrata, sino que lo que queremos es que respeten nuestros derechos”.