“Este premio evidencia los riesgos de los activistas en México por culpa de la corrupción”

“Los defensores y defensoras de derechos humanos en México se enfrentan diariamente a actos violentos, intimidación y amenazas debido a su trabajo. El 95% de estos casos permanece en la impunidad”. La abogada mexicana Alejandra Ancheita recogía con estas palabras el prestigioso Premio Martin Ennals a principios de mes en Ginebra. El también llamado Nobel de los Derechos Humanos, otorgado por las diez organizaciones internacionales más destacadas en esta materia, reconoce en su vigesimoprimera edición la trayectoria de esta mujer, la primera mexicana en recibirlo.

Hija de un abogado dedicado a la defensa de los más desfavorecidos y fallecido en extrañas circunstancias el día de su octavo cumpleaños, la vida de Ancheita refleja, desde sus primeros años, las dificultades que atraviesan quienes han optado por alzar la voz ante los atropellos que sufren aquellos que no pueden defenderse. También su implacable compromiso. Visibilizar la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y otros colectivos ante empresas transnacionales, o la ineficacia del propio Estado, coloca a los defensores en el punto de mira.

La concesión de este premio llega precisamente en un momento en el que México se cuela en las secciones de Internacional de los medios de comunicación de todo el mundo. “Comúnmente se suele mirar a México como una democracia estable que prospera económicamente. Sin embargo, el hecho de que se otorgue este reconocimiento a una mexicana que plantea los riesgos en que vivimos los defensores, unido a los últimos casos de desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural en Ayotzinapa y, sobre todo, a la respuesta poco efectiva y satisfactoria del gobierno mexicano ante una indignación que se eleva cada vez más, parece que empieza a desvelar la grave crisis de violencia que vivimos desde hace ya años”, avanza en videoconferencia a eldiario.es desde París, donde realiza escala antes de regresar a su país.

Este año el Martin Ennals recae sobre una abogada mexicana frente a otros destacados defensores de derechos humanos también nominados como el bangladesí Adilur Rahman Khan o la fallecida activista china Cao Shunli, ¿qué mensaje esconde este reconocimiento?Adilur Rahman KhanCao Shunli

La nominación inicial junto a estos compañeros pone a México en el nivel de países donde la violencia contra los defensores es cada vez más grave. Eso subraya el grado de riesgo tan alto que vivimos allá y viene a visibilizar tres condiciones: la debilidad en las respuestas del Gobierno mexicano para la protección a defensores y defensoras de derechos humanos, y dos problemas estructurales de muchos años atrás a los que no se ha dado una respuesta concreta.

Por un lado, la corrupción de las instituciones gubernamentales y, de manera específica, de las instancias de investigación y procuración de justicia, ligado a un círculo de impunidad que sigue sin romperse. Todo esto ha tenido lugar en un clima cada vez más peligroso para quienes hacemos este trabajo.

Una de las evidencias más claras de esa falta de protección es el aumento de los ataques a defensores. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, han aumentado más de un 23%.

Las cifras hacen más objetiva la información. La Comisión ha documentado más de 300 ataques a defensores. Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos ha ido recogido de 2010 a 2013 aproximadamente un número de 809 agresiones. En el examen periódico ante la ONU, el gobierno mexicano obtuvo alrededor de 24 recomendaciones sobre la protección de defensores y periodistas. Todo esto demuestra que existe un riesgo real.

La fundadora de Front Line Defenders, Mary Lawlor, jurado de este premio, ha dicho sobre usted que al ser mujer y defensora asume un riesgo doble, “por ser quien es y por lo que hace”. ¿Está de acuerdo?

Sí. Hay una particularidad respecto a las defensoras en México, un aumento de la violencia en dos sentidos. Por un lado, porque estamos llevando casos importantes que están afectado intereses económicos y a los grupos del crimen organizado. Por otro lado, las defensoras somos mujeres que nos salimos del estereotipo de lo que viene siendo una mujer convencional en una sociedad patriarcal como la mexicana. Esto es cada vez es más visible y se ha convertido en un riesgo extra.

En 2005 fundó el Centro ProDESC, cuyo trabajo también reconoce el Martin Ennals. ¿Qué razones fundamentaron su creación?Centro ProDESC

Cuando nació ProDESC llevaba casi una década trabajando como defensora. Ya había participado en otras organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y tenía una experiencia acumulada. Había habido todo un proceso de reflexión y en aquel momento me pareció importante, y a la fecha lo confirmo, la necesidad de empezar a hacer un trabajo más direccionado en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

¿En qué sentido?

Habían pasado diez años desde la firma de Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y para mí los efectos sobre los DESC eran más que evidentes. Había que empezar a trabajar una metodología que pudiera desarrollar la protección y el acceso a la justicia en las violaciones de estos derechos que, además, son derechos que en su mayoría se pueden demandar en términos colectivos.

Al hablar de derechos económicos, sociales y culturales viene a la cabeza el impacto de la actividad de empresas transnacionales, ¿cómo se articula el trabajo frente a violaciones de derechos humanos de esta naturaleza?

Para nosotros la clave está en la colectividad. Es muy difícil impulsar un proceso de exigibilidad frente a un poder económico como una empresa transnacional cuando hablamos solo de una o dos personas, los resultados son muy diferentes cuando se construye la defensa en términos comunitarios o colectivos.

Pónganos un ejemplo.

Un caso bien interesante e importante en términos del precedente legal que vamos construyendo es el de la defensa del territorio de las comunidades indígenas zapotecas de Unión Hidalgo en el Estado de Oaxaca, con quienes llevamos tres años trabajando.

En Oaxaca la densidad de población indígena es muy alta y en esa parte, en el istmo de Tehuantepec, hay una presencia muy fuerte de diferentes empresas y desarrolladoras de parques de energía eólica. En 2007 la comunidad había firmado una serie de contratos privados e individuales de renta de la tierra con una empresa constructora de parques eólicos de origen español, Renovalia, a través de su filial Demex, que fue la encargada de iniciar la construcción de este parque.

¿Y qué sucedió?

En primer lugar, los contratos no se explicaron en su lengua propia, el zapoteco. La preocupación de la comunidad y las irregularidades surgieron a raíz del incumplimiento de una serie de cláusulas como por ejemplo, la que establecía que los indígenas podrían seguir sembrando sus tierras algo que, tras la firma, fue prácticamente imposible.

En otro orden, se hicieron contratos individuales cuando la naturaleza de la propiedad de la tierra es colectiva. Ha habido una serie de violaciones a los derechos de la comunidad, iniciándose con la violación del derecho a la consulta previa e informada que tienen todos los pueblos indígenas y en particular en México, tras la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Queremos que se reconozca que el uso de la tierra es comunal y que, por tanto, los contratos firmados con la empresa española son nulos de origen.

¿Son las comunidades conscientes de las vulneraciones de derechos humanos de las que son objeto?

Sí, de manera general reconocen que algo no está bien en su situación. Saben que están siendo abusados aunque no necesariamente lo puedan ubicar en clave de derechos humanos. Por eso, parte del trabajo que hacemos con ellos consiste en acompañarles y apoyarles en el conocimiento más profundo de esos derechos.

Que entiendan que no son un regalo, que es algo por lo que han luchado otras generaciones, que están establecidos en la ley y que por ser derechos son exigibles al gobierno y deben ser respetados no solo por las autoridades sino por todos los actores que intervienen, como las empresas transnacionales.

Ese apoyo a las comunidades y colectivos de trabajadores frente a abusos de empresas les ha llevado en más de una ocasión a ser tildados de contrarios al desarrollo o de estar entorpeciendo el progreso económico del país. ¿Cómo reciben estas críticas?

Eso es lo primero que dicen de nosotros, la práctica de las empresas es la difamación, decir que estamos manipulando a las comunidades, que no queremos que llegue el desarrollo económico. Pero no hay nada más falaz que esa afirmación porque el centro de la defensa de los derechos humanos es la dignidad y los especialistas e instancias internacionales han establecido con mucha claridad que el desarrollo económico solo será sostenible si se da en condiciones de respeto a los derechos humanos.

Si no, estará siempre en entredicho. En la medida en que se dé a partir de procesos de violencia o dominación, la posibilidad de desarrollo económico siempre estará, como decimos acá, “en la tablita”, nunca va a estar asegurado y nunca se va a poder vislumbrar como un proceso sostenible. cCuando uno es violentado siempre está presente la necesidad de luchar.

El pasado año llegaron a decir de usted que es “la abogada del diablo”.

Son acusaciones que responden a lo que íbamos documentando. A medida que avanzábamos en los casos de defensa del derecho a la tierra y el territorio frente a transnacionales, como en Oaxaca con Renovalia, íbamos viendo que la posibilidad de acceso a la justicia era muy fuerte. Es ahí cuando empezamos a registrar una serie de descalificaciones, primero contra la organización y más tarde de manera personalizada contra mí. Les molestaban los avances.

¿Cuáles eran esos avances?

Principalmente que en ambos casos las comunidades han decidido demandar la nulidad de los contratos ante el Tribunal Unitario Agrario. Es importante señalar que tanto la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo como la de La Sierrita en Durango intentaron durante mucho tiempo, y por muchas vías, entablar un diálogo con las empresas, con la española y con la canadiense. Lo solicitamos muchas veces, de distintas formas, para evitar tener que llegar a un proceso jurisdiccional pero ninguna quiso sentarse a dialogar.

Y denunciaron.

Así fue. Impulsamos el proceso de demanda ante los tribunales en Durango y en Oaxaca y, claro, se está avanzando de manera positiva, es decir, a favor de las comunidades. El hecho de que a pesar de las intimidaciones y amenazas ellos mantengan el compromiso de defender sus derechos ya es una avance no solo para las comunidades sino para toda la sociedad mexicana.

Usted ha recibido amenazas serias y varios de sus amigos y colegas han sido asesinados por realizar este tipo de trabajo, ¿se ha planteado alguna vez cambiar de rumbo?

Es muy humano y muy normal tener días en los que como defensora te preguntas qué estás haciendo, por qué. Claro que hay espacios laborales y profesiones con otros riesgos no tan difíciles como puede ser una amenaza de muerte. Muchas veces me lo pregunto, quizás antes del primer café de la mañana, pero luego, después del café me digo: “Bueno, vale la pena”.

Cuando me siento con dudas o temerosa, la posibilidad de hablarlo con mi equipo, el contacto con las comunidades y los trabajadores a los que defendemos, me ayudan a ubicar que no se trata de mí, sino de la gente a la que apoyo con lo que hago. Cuando vienen las dudas recuerdo eso y me sigo reafirmando.

Y recordará también a su familia, su padre que fue abogado defensor.

Mi padre fue muy importante para mí, para entender el trabajo que yo quería hacer. Y mi madre, una mujer muy comprometida con la igualdad. En mi familia siempre hubo un conciencia social muy clara en el día a día.

Recuerdo muy claramente dos principios que tanto mi padre como mi madre siempre nos planteaban a mis hermanas y a mí: el vivir y construir condiciones de vida digna y el tratar a los demás con igualdad. Y la igualdad implica evitar situaciones de dominación de unos cuantos hacia la mayoría. Eso puede sonar muy simple, pero es bien complejo de trasladar a la vida.