Las ONG tachan de “sinsentido” el criterio del Gobierno de Ceuta de priorizar el retorno de los menores que se acercan a los 18 años

Los primeros nombres que fueron escritos en los listados de menores marroquíes para ser repatriados por el Gobierno de Ceuta y el Ministerio del Interior se seleccionaron bajo un criterio: su edad. Según aseguró el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), se decidió expulsar primero a “los de edades más cercanas” a los 18 años porque “desde un punto de vista estadístico” tenían menos posibilidades de ser “vulnerables”.

Lo dijo en la misma rueda de prensa en la que el presidente de la Ciudad Autónoma se sinceró ante los medios y contó lo contrario de lo que estaba argumentando el Ministerio del Interior. Vivas admitió, para pasmo de un sector de la Fiscalía, que las devoluciones se habían hecho sin informes individualizados sobre la situación de cada migrante adolescente y sin darles voz en el procedimiento: es decir sin cumplir al Ley de Extranjería.

Ahora son las Organizaciones especializadas en identificación de vulnerabilidades de la infancia las que desacreditan que la edad por sí misma sea suficiente para medir la vulnerabilidad de cada menor. Y recuerdan otro factor: ellos, los mayores de 16 años, tienen además más capacidad legal para oponerse a una decisión que afecta de forma directa a su vida.

“Cualquier atisbo de vulnerabilidad detectado en estos tres meses había sido puesto en conocimiento de la Consejería por parte de SAMU y Engloba y dado que los albergados en el polideportivo Santa Amelia eran los que estaban en peores condiciones de habitabilidad y que no se había hecho advertencia alguna en caso de devolución, el criterio objetivo utilizado para ordenar su repatriación fue de mayor a menor edad”, defendía Vivas.

La oficial de protección de infancia de UNICEF en Ceuta, Laura Bondendörder, considera que “no está justificado” establecer una relación inversamente proporcional entre la edad de un menor y la posibilidad de que tenga más o menos riesgo de vulnerabilidad en caso de reagrupación familiar o repatriación. “Un niño es un ser humano que evoluciona y en cada etapa tiene unos factores de vulnerabilidad más o menos probables”, advierte la técnico, que en la ciudad se dedica a resolver los “cuellos de botella” que se ha encontrado la administración local a la hora de trabajar con los más de 700 niños y adolescentes que sigue acogiendo tras la crisis fronteriza de mayo.

“El término 'vulnerable' no está legalmente regulado, pero sí lo que es una situación de riesgo, y la valoración debe comenzar con la colaboración de Marruecos por sus familias, ya que la Convención de Derechos del Niño establece que la reagrupación es la mejor salida salvo que sea contraria para su interés superior”, advierte la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save The Children, Catalina Perazzo, sobre el que debería haber sido el punto de partida de la evaluación.

La Consejería de Presidencia del Ejecutivo local pidió ayuda a esa entidad una semana después de la crisis migratoria para efectuar “entrevistas exhaustivas a cada uno de los menores” con el fin de elaborar informes individualizados sobre los que el servicio de protección a la infancia de la ciudad pudiese, después, tomar una decisión con base sobre las ventajas de respaldar el retorno a su país, su permanencia en España o su traslado a un tercer Estado. No le ha dado tiempo a terminar. La ONG no realizó ninguna entrevista a los adolescentes acogidos en el polideportivo de Santa Amelia, el espacio desde donde el Gobierno local empezó las repatriaciones.

La organización no gubernamental ha completado alrededor de 350 entrevistas, ninguna con los 61 menores expulsados (en realidad 55, pues con media docena al cruzar la frontera se constató que superaban los 18 años). De acuerdo con las conclusiones preliminares de ese trabajo, un 25% del total tiene perfiles “extremadamente vulnerables” porque había sufrido violencia física, abusos o malos tratos en su país de origen y uno de cada seis, tortura o trato degradante. No puede aportar datos concretos de las edades que presentaban los chavales vulnerables pero confirma que entre estos perfiles hay adolescentes de entre 16 a 18 años.

Las autoridades españolas deberían haber analizado “caso a caso” varios indicadores: la situación en el país de origen, la existencia de conflicto con la familia, violencias, explotación laboral o sexual, maltrato, circunstancias susceptibles de base para pedir asilo, salud, situación de calle… “Con este último factor, por ejemplo, es mucho más probable que un niño de más edad estuviese en esa coyuntura en su país de origen que otro más pequeño, y también es posible que haya estado más tiempo expuesto a una situación de violencia o sea menos resiliente y tenga más problemas de salud mental… Es imposible saberlo sin un estudio previo individual”, concluye Perazzo, “para que el sistema de protección tome una decisión sobre si un menor se declara en desamparo o no”.

Mayor capacidad legal para participar en el procedimiento

Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raices, una de las organizaciones que defendieron a los menores que recurrieron su devolución hasta su paralización, también desacredita el criterio utilizado por el Gobierno ceutí. “No tiene sentido. No solo es fundamental estudiar cada caso, independientemente de su edad, sino que, además, en 2008 el Constitucional concluyó -en un caso de devolución de un menor migrante- la capacidad de los niños para oponerse a las decisiones que afectan a su vida incluso oponiéndose a sus representantes legales, cuando tengan la capacidad y madurez suficiente”, contextualiza la experta en infancia. “Me sorprende que empiecen con los de 17 y 16, porque la vulneración de su derecho a ser oído es todavía mayor”. 

La presidenta de Raíces se refiere a la sentencia histórica por la que el Tribunal Constitucional concluyó en 2008 que la Administración no escuchó a un menor que iba a ser repatriado. Su expulsión se paró en 2006, momentos antes de subirse al avión, sin asistencia letrada y sin evaluar si se daban las circunstancias familiares y sociales para garantizar su protección en Marruecos. La resolución judicial reconoció el derecho de los menores a defenderse judicialmente y a oponerse a cualquier decisión que se adopte contra ellos si creen que lo que pretenden sus tutores les perjudica. Hasta entonces, los servicios de protección eran los que iniciaban los procesos de repatriación mientras seguían siendo sus representantes legales. El Tribunal reconoció su derecho a una asistencia letrada independiente.

La normativa de Extranjería permite a los niños y adolescentes migrantes a formar parte del procedimiento de su posible retorno. La normativa marca diferencias entre los mayores y menores de 16 años. A todos hay que escucharlos, pero aquellos cono “juicio suficiente” (que se entienden que suelen ser los de más edad) pueden intervenir personalmente en el procedimiento de repatriación sin la exigencia de contar con un representante legal.

A los mayores de 16 años, por su parte, “se les reconocerá capacidad para actuar en el procedimiento de repatriación previsto, pudiendo intervenir personalmente o a través del representante que designen”, sostiene la Ley de Extranjería. Para los pequeños, la norma establece que “cuando se trate de menores de dieciséis años, con juicio suficiente, que hubieran manifestado una voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela o representación, se suspenderá el curso del procedimiento, hasta el nombramiento del defensor judicial que les represente”.

Amaia Ochoa es una de las voluntarias de No Name Kitchen que trabajan en la calle con los menores migrantes marroquíes no acompañados que se encuentran en Ceuta y también se sorprendió cuando escuchó la conexión edad-vulnerabilidad. “Todos los niños que nos encontramos, tengan 14 o 17 años, están solos, no hablan el idioma y son igual de vulnerables de alto riesgo: ese filtro de edad, esa categorización, no tiene sentido sin un estudio de cada caso”, concluye.

“Estamos en una ciudad con capacidades limitadas a todos los niveles, tanto financieros como humanos, pues por ejemplo ha sido difícil encontrar profesionales capacitados para trabajar en los centros de acogida con los niños, que hablan dariya”, añade Bondendörder sobre los escollos que han ralentizado el diagnóstico individual de los recién llegados y sus familias, que para UNICEF es insoslayable “antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro”, exactamente lo contrario de lo que se ha hecho.

Unicef reclama que “se tome caso a caso a partir de un procedimiento correcto, garantista con los derechos de la infancia, para evitar que un niño vuelva a un entorno en el que pueda ser víctima de violencia, abusos o explotación”.