Estos son los tres filtros que impiden que la regularización dé los papeles a delincuentes: “Es un escrutinio severo”

Desde que se anunció la regularización extraordinaria, Partido Popular y Vox han insistido en lanzar el mensaje de que la medida dará los papeles a personas delincuentes, algo que choca con los requisitos de la norma que lo regula. Si en un primer momento aseguraban que el Gobierno no exigiría la carencia de antecedentes penales, algo que es falso. Luego, se aferraron a una supuesta falta de revisión de los antecedentes policiales, que tampoco era tal. En los últimos días, una instrucción dirigida a instituciones penitenciarias ha vuelto a activar el relato que conecta la regularización con la delincuencia. Sin embargo, las exigencias establecidas en la norma, y en la propia Ley de Extranjería, establece varios filtros para impedir que esto suceda.

“No tiene que pasar un filtro, sino tres. Y la experiencia en extranjería nos dice que, incluso en los puntos que dejan un margen a la interpretación de los funcionarios, estos suelen aplicarlo de manera restrictiva”, sostiene Patricia Fernández Vicens, abogada experta en inmigración. “Es un escrutinio muy severo”, añade.

1) No tener antecedentes en España

El primero de esos filtros son los antecedentes penales en España, uno de los pilares del procedimiento, una exigencia iineludible blindada por la Ley Orgánica de Extranjería. La norma exige carecer de condenas firmes por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico español. “Con antecedentes penales es un rechazo asegurado. No hay vuelta de hoja. Aunque sea algo menor y haya un arraigo fuerte, no es aceptada. Y esto siempre ha sido así en la normativa española”, sostiene Vicens.

La norma sí permite optar a la regularización si estos antecendentes han sido cancelados previamente, lo que implica haber cumplido la pena, haber dejado pasar los plazos legales sin reincidir y, por último, haber realizado el trámite de solicitar su suspensión. No basta, por tanto, con no estar en prisión: cualquier condena que siga vigente en los registros puede bloquear la solicitud.

La comprobación no depende de una declaración o documento presentado por la persona interesada. El solicitante en este caso no tiene que presentar nada, sino que la Administración consulta de oficio el Registro Central de Penados y cruza la información con otras bases de datos judiciales y policiales, según el real decreto de la regularización. Este cruce automatizado permite detectar antecedentes aunque no se hayan aportado o aunque exista algún error en la documentación presentada. No se limita a delitos graves: infracciones penales de menor entidad también suponen una negativa asegurada.

En la práctica, se trata de una criba inicial que deja fuera a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia española, pero también a quienes no han completado los trámites necesarios para cancelar sus antecedentes. Y suspenderlo puede ser un trámite farragoso que también implica conocer y gestionar un procedimiento administrativo adicional que no siempre resulta sencillo.

2) Certificado de antecedentes otros países

El segundo filtro, cuenta a su vez con una doble o incluso una triple comprobación. La legislación de Extranjería, como la norma de la regularización, lleva el control más allá de España y pone el foco en el país de origen. Para acceder a la regularización, es obligatorio presentar un certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades de esos países, debidamente legalizado o apostillado y, cuando corresponde, traducido. Sobre el papel, es un requisito estándar en extranjería. En la práctica, se convierte con frecuencia en uno de los principales obstáculos del proceso debido a la dificultad que conlleva obtener este documento, especialmente en determinados países.

Hacerse con el certificado de carencia de antecedentes penales implicar largos plazos, costes elevados y una burocracia compleja. En algunos casos, las personas solicitantes solo pueden tramitarlo presencialmente en su país, algo imposible para quienes no tienen documentos, lo que les obliga a recurrir a intermediarios o gestiones consulares que se alargan durante meses. A ello se suman las dificultades propias de algunos países: administraciones poco digitalizadas, registros incompletos o sistemas atravesados por prácticas arbitrarias.

No solo es suficiente probar que no tienen historial delictivo en su país de origen. En caso de que el interesado haya vivido en otros países, también tendrá que pedir el certificado en estos Estados, en concreto allí donde haya vivido en los últimos cinco años. “Estamos viendo casos de gente a la que le está costando mucho obtener estos documentos en terceros países, donde quizá no han vivido mucho tiempo”, sostiene Edith Espínola, miembro de la organización Servicio Doméstico Activo, una de las entidades colaboradores del proceso de regularización extraordinaria, con capacidad para registrar solicitudes.

La Administración española, más allá de aceptar el certificado presentado, puede contrastar la información, solicitar verificaciones adicionales o incluso recabar datos complementarios si existen dudas sobre la veracidad del documento, recuerda Diego Boza, letrado de extranjería en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. También se tiene en cuenta la equivalencia de los delitos: “Solo se valoran aquellos que también suponen un delito en España”, aclara Boza.

3) Informe de antecedentes policiales

El tercer filtro, y uno de los más controvertidos, es el de los antecedentes policiales, es decir, los registros que recogen detenciones o investigaciones, aunque no hayan terminado en sentencia. “Tener antecedentes policiales significa que te han detenido, y eso da un margen demasiado amplio”, resume el abogado de extranjería y penalista en la APDHA. Esos registros alimentan un informe policial para analizar si esta persona puede suponer un “peligro para el orden público, la seguridad o la salud pública” y, según los criterios policiales, decidirá si se trata de un perfil “favorable o desfavorable”. Posteriormente, ese documento será utilizado por la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX), para vtomar la decisión de cada caso. Es este punto en el que el PP observa una supuesta grieta, pero la experiencia sostiene que este punto suele resolverse de forma restrictiva.

En la práctica, defienden ambos expertos, en los procedimientos habituales de extranjería, ese informe suele convertirse en un obstáculo determinante. “En general, esto significa que la persona para ser regularizada no puede tener ninguna detención”, señala Fernández Vicens, aunque el real decreto matiza que la mera existencia de antecedentes policiales no implica automáticamente una denegación. La experiencia, sin embargo, apunta a lo contrario: “Con antecedentes policiales no te dan ni residencia temporal por arraigo, ni temporal ni a veces incluso las renovaciones de una tarjeta ya concedida”, detalla la abogada, quien recuerda la experiencia de las decenas de casos denegados por esta razón.

Fernández Vicens menciona uno reciente: “Tengo un caso de un chico que fue detenido por conducir sin carnet, porque en ese momento no lo llevaba encima, pero lo tenía. Finalmente, fue absuelto. Aunque se había demostrado que no había cometido ese delito, los atancentes policiales se quedaron y su permiso de residencia fue rechazado”. Numerosas detenciones, aunque no derivenb en condena —como una identificación errónea o una sospecha que quedó en nada—, pueden acabar pesando en la decisión final, concluyen ambos expertos. A través de este informe policial, la administración puede detectar patrones de conducta como “una tendencia delictiva”, es decir, la reiteración en determinados delitos.

Para los letrados, la resolución negativa de la residencia en casos de personas sin una condena firme puede suponer una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. “Ese que tanto defienden el PP cuando uno de sus miembros está siendo investigado”, apunta Fernández Vicens. “Rodrigo Rato, por ejemplo, tiene antecedentes policiales pero no penales”, ejemplifica Boza.

La instrucción en las cárceles

La polémica más reciente surge a raíz de una instrucción interna remitida a centros penitenciarios para dar a conocer la normativa de la regularización entre la población reclusa extranjera, y permitir a estos que puedan registrar una solicitud como cualquier ciudadano, lo que ha sido interpretado por PP y VOX como una vía para facilitar la regularización de personas condenadas, pero no es así. Pueden pedirla, otra cosa será que esta sea aceptada, pues deberán cumplir los mismos requisitos.

“La instrucción no es más que una comunicación para informar a la población interna extranjera de la existencia del nuevo Real Decreto, mediante la difusión de copia del mismo en los tablones de anuncios de los diferentes departamentos, biblioteca, escuelas”, aclaran fuentes del Ministerio del Interior.

Desde Partido Popular y Vox, dirigentes y portavoces han vinculado esta instrucción con la idea de que el Gobierno pretende “dar papeles a delincuentes”, reforzando un mensaje que ya venían sosteniendo desde el anuncio de la medida. En el supuesto de que una persona privada de libertad iniciara una solicitud de regularización, el procedimiento seguiría sometido a los mismos tres filtros de antecedentes —en España, en el país de origen y en el ámbito policial—, que condicionan de forma decisiva el acceso a la autorización de residencia.

Solo en escenarios concretos, como el de personas en prisión preventiva que finalmente resulten absueltas y hayan limpiado de su expediente el antecedente policial en el momento del estudio de su solicitud, podría optar a regularizarse si cumplen el resto de requisitos, apunta el abogado Diego Boza, quien lanza el debate de fondo sobre el alcance del uso de los antecedentes policiales y su peso en las decisiones administrativas: “También hay que preguntarse si tiene sentido reiterar la residencia a alguien con este tipo de antecedentes, si por ejempolo ha podido cometer robos menores reiterados, cuando el hecho de no tener papeles, aumenta la exclusión y suele generar un mayor riesgo de este tipo de conductas que, en caso de estar regularizado, podrían terminar porque accedería a más medios de vida”, indica.