La muerte del migrante argelino en la cárcel-CIE de Archidona acumula un año sin respuestas

A las 9:35 del 29 de diciembre de 2017, dos policías encontraron el cuerpo sin vida de Mohamed Bouderbala en una celda de la cárcel de la localidad malagueña de Archidona. Bouderbala era el “interno 351”. Murió en la habitación 41 del módulo 3, después de pasar 37 días en prisión, y las últimas 18 horas de vida encerrado en una celda, incomunicado y sin comer. No había cometido ningún delito, pero estaba en una cárcel que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó como CIE porque entró en España de forma irregular, después de atravesar en patera el Mar Mediterráneo. Para dar con sus huesos en la celda de aislamiento bastó una discusión por dos trozos de pan.

Un año después, el juzgado de instrucción de Antequera no ha practicado ninguna diligencia de investigación para aclarar cómo murió Bouderbala, un argelino de 37 años, sano y jovial, según quienes le conocían. El juez sostuvo que se había quitado la vida, pero desde que apareció su cuerpo, su familia y amigos pusieron en duda la tesis de que se había suicidado. La muerte de Bouderbala fue el jalón más significativo de la trayectoria de la cárcel de Archidona o Málaga II, inaugurada a toda prisa para encerrar a 572 migrantes que llegaron a finales de noviembre de 2017 a las costas de Murcia y Almería.

El juez archivó la investigación por su muerte apenas horas después de admitir la personación de la abogada de la familia. Meses después, la Audiencia Provincial ordenó reabrir el caso y oír como testigos a los dos policías que llevaron a Bouderbala hasta la celda, así como al médico que le atendió antes de dejarlo allí.

La Audiencia Provincial cree que estas declaraciones podrían servir para saber si Bouderbala manifestó alguna voluntad suicida. Sin embargo, los jueces parecen cerrar la puerta a investigar otras incógnitas: ¿por qué se le encerró durante 18 horas? ¿Por qué no se le llevó comida ni agua? ¿Fue un castigo proporcional a lo que había ocurrido? ¿Por qué murió Mohamed Bouderbala?

Una pelea por un trozo de pan

Mohamed murió por un trozo de pan. Durante el almuerzo del 28 de diciembre se produjo una discusión entre un inmigrante y un policía de la Unidad de Intervención Policial, que le acusó de robar una tajada de pan. El interno alegó que tenía dos porque había guardado un trozo por la mañana. Hubo un intento de autolesión, la discusión subió de tono y sumó participantes, hasta acabar en el patio.

Según contaron entonces algunos internos, Bouderbala acudió para mediar, pero acabó recibiendo los mismos golpes que los demás y encerrado como otros once compañeros. Algo habitual, según las denuncias de los migrantes. “Decían que por cualquier altercado que sucedía acababan recibiendo porra todos los que estaban cerca. No buscaban al culpable”, recuerda Emlajut Majlul, que ayudó como intérprete voluntaria durante aquellos días.

Las quejas por la comida eran habituales entre los internos. “Nos contaban que les daban un plato de macarrones fríos, que necesitaban una sopa caliente”, señala Majlul. No era la única carencia de la cárcel que fue denunciada.

Aquellos fueron días de frío en Archidona. Por la noche, la temperatura podía bajar de cero grados, pero el centro no tenía calefacción ni agua caliente, apenas había mantas y los migrantes pasaron varios días sin ropa de abrigo, algunos de ellos calzados con chanclas o con los zapatos rotos de su travesía por el mar. El primo de un interno, que pide conservar el anonimato, recuerda que cuando le visitó en Archidona le contó que tenían que dormir con la ropa puesta.

Arantxa Triguero, abogada de Málaga Acoge, sostiene que pasaron diez días hasta que Cruz Roja entregó la primera ropa de abrigo. El día 5 de diciembre, los activistas de la Plataforma contra el CIE de Archidona, dicen, quisieron proporcionar ropa que habían recogido, pero el mando policial se negó alegando que esa acción solo podía realizar la la organización humanitaria. “Cruz Roja estaba acabando su jornada y decía que había que clasificar la ropa y era mucho trabajo. Así que pusimos la ropa en forma de barricada y dijimos que hasta que no metieran la ropa no nos íbamos de ahí. Y así lo conseguimos”, recuerda hoy Rubén Quirante, que aquellos días actuó como portavoz de la plataforma.

Los testigos denuncian también la carencia de medicinas y personal médico suficiente. Otra intérprete, que prefiere no revelar su nombre, asegura que observó trato denigrante por parte de un médico y una enfermera. “Les daban las mismas medicinas para casi todo. Había una enfermera que decía que no se la daba porque las querían para venderlas”, asegura. “Les decían que era mentira, que no les dolía, que cómo les iba a doler. Tenían heridas, dolores de cabeza y no les daban nada”.

Casi 600 migrantes encerrados, sin apenas contacto con el exterior. Con frío. Recibiendo comida escasa y fría. Sin nada que hacer, y sin saber qué les iba a pasar. Varias fuentes consultadas por eldiario.es insisten: se dieron todas las condiciones para que ocurriera una protesta, o para que alguno de los internos acabara suicidándose.

Cada día, salían al patio a las siete de la mañana, comían a mediodía y volvían al patio, hasta las siete de la tarde. Y vuelta a la celda.

Improvisación logística y jurídica

Los 572 encerrados en Archidona habían sido rescatados entre el 20 y el 21 de noviembre frente a las costas de Murcia y Almería. Salvo un hombre de origen marroquí, todos los demás encerrados en Archidona eran argelinos. La mayoría, de la provincia de Ghazaouet, al noroeste del país. El Ministerio de Interior decidió encerrarlos en una cárcel sin inaugurar que no contaba con personal ni servicios básicos.

Al frente de todo el operativo, el departamento que dirigía Juan Ignacio Zoido situó a la Unidad de Intervención Policial, entrenada para controlar situaciones de alteración del orden público. Algunos agentes venían de intervenir el 1 de octubre en Cataluña. Llegaron a Archidona con cascos, porras y chalecos, y sin saber prácticamente nada de procedimientos de asilo o mediación.

“Para nosotros fue una gran sorpresa, porque la legislación no permite que a extranjeros en situación irregular se les albergue en cárceles. La apertura de un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) tiene que ser a través de una orden ministerial, que aquí no existía, y el centro no puede tener impronta carcelaria”, señala Arantxa Triguero. Ni siquiera había un registro en el que sellar las solicitudes de asilo: “Querían jugar a que era un CIE, pero no tenían los medios para ello”.

La decisión de usar una cárcel como si fuera un CIE obligó a improvisar soluciones logísticas y apaños jurídicos. El ministerio comunicó el traslado a los jueces de Lorca, Vera y Murcia, que ordenaron el ingreso de los migrantes en el “Centro Temporal de Inmigrantes de Archidona, dependiente del Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga”, un lugar inexistente. Este medio se ha puesto en contacto con el consistorio de la localidad malagueña y con el ministerio del Interior para conocer su versión, pero de momento no ha obtenido respuesta.

Los abogados de oficio que habían atendido a los migrantes trasladaron los expedientes a los letrados del Colegio de Antequera, a pesar de que este colegio no tiene turno especializado en Extranjería. “En puridad quien debería haberlos asistido eran los letrados que les asistieron en Murcia, pero se hizo muy mal”, señala Francisco Matas, que atendió a 21 migrantes, siete por día.

“Llegabas por la mañana, te metían en la enfermería, donde se hacían las entrevistas, y allí te pasaban al migrante, siempre acompañado por una pareja de la UIP [Unidad de Intervención Policial]”. No había confidencialidad entre el abogado y su representado, explica. “La mayoría no quería hablar delante de la Policía, y algunos pedían que les devolviesen lo antes posible. Decían que no querían estar allí ni un minuto más”.

Muchas veces tampoco había intérpretes, y el abogado recuerda que tuvo que echar mano del traductor de Google o de llamadas a familiares. Cuando los había, solían ser marroquíes sin formación específica, que a veces no traducían fielmente lo que relataba el interno. Así lo denuncia también la intérprete que ha accedido a hablar con eldiario.es bajo condición de anonimato.

Todas estas trabas, sostiene el letrado, hacían muy difícil detectar posibles casos de asilo. A pesar de las complicaciones, Matas asistió a cuatro solicitantes. Dos de ellos consiguieron su puesta en libertad porque la Policía no respondió a su solicitud en el plazo que marca la ley. También hubo menores, al menos 11, que después de varias semanas en Archidona quedaron bajo custodia de la Junta de Andalucía. Durante esas semanas, el ministerio lo había negado, aunque Zoido lo terminó reconociendo en el Congreso de los Diputados.

La reapertura de la investigación

“La razón de todo este sufrimiento se debió a la dirección de la prisión, especialmente a la Policía que nos trataban con mucho nerviosismo, utilizando con nosotros el miedo y tácticas de intimidación, y esto desde el primer día que entramos en ella. Nuestro miedo aumentaba día tras día (…) Pero la situación más dura en toda esta historia es la muerte del joven Mohammed Bouderbala”.

Este testimonio ha sido publicado en el informe titulado Cárcel de Archidona: otro agujero negro para los derechos humanos, publicado hace unos días por la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga. Corresponde a la carta de un interno en Archidona cuya identidad se preserva. En su testimonio, el hombre asegura que Bouderbala fue golpeado “severamente” por cinco policías.

“Tenía miedo de que me pasara lo mismo que le ocurrió a la víctima y este miedo se trasladó a todas las personas que estaban en prisión”, agrega. Durante los días que siguieron a la muerte de Bouderbala, compañeros y familiares pusieron en duda que se hubiera suicidado. Destacaban su carácter alegre. También, que era demasiado alto como para colgarse del techo de aquella celda.

Sin embargo, la investigación por la muerte de Mohamed Bouderbala fue archivada en pocas horas. “Encontraron el cuerpo un viernes. El sábado y domingo, aun en funciones de guardia, no estaba abierto el juzgado. El 1 fue día festivo. El 2 fuimos con la familia de Mohamed para hacer el poder notarial y personarnos, el día 3, y el 4 ya estaba dictado el auto de archivo. Fue fulminante, sin la práctica de absolutamente ninguna diligencia de investigación. Absolutamente nada”, relata Amanda Romero, abogada de la familia. El archivo se produjo atendiendo al informe preliminar de la autopsia y al atestado policial.

La familia y tres acusaciones populares (Andalucía Acoge, Izquierda Unida y Podemos) recurrieron ante la Audiencia Provincial, que ordenó la reapertura parcial de la investigación. Los magistrados de la Audiencia creen que no hubo delitos contra la integridad moral de Mohamed, una desproporción en el castigo o una negligencia en su custodia, y dan esa línea por cerrada.

“Aun en el caso de que confirmarse que fue un suicidio, se produjo bajo custodia policial, y pudo existir una comisión por omisión, denegación de socorro o un delito de atentado contra la integridad moral, por haber estado encerrado 18 horas sin atención ni ningún tipo de alimento”, opina Romero.

En su día, las acusaciones pidieron las grabaciones del comedor y el patio, para comprobar la entidad del altercado y si la intervención policial fue proporcional. También pidieron tomar declaración a los últimos policías que lo vieron con vida y al mando que ordenó el aislamiento, y que declararan los internos encerrados junto a la celda de Bouderbala, porque los vídeos del pasillo no tienen audio.

Sin embargo, el juez se negó a paralizar las deportaciones de todos los internos del módulo tres, tal y como se solicitó como medida cautelar, y denegó la prueba testimonial de algunos ya identificados. Finalmente, algunos fueron expulsados y otros consiguieron su libertad después de ser dispersados en varios CIE, como el de Aluche (Madrid).

“No hay ningún tipo de responsabilidad”

“Estoy esperando que avance la investigación, queremos saber por qué le han golpeado hasta la muerte. Estamos esperando a la justicia española para saber la verdad”, pidió el hermano de Mohamed en una entrevista telefónica con eldiario.es. El 1 de febrero, el juez tomará declaración al médico y a los policías que lo ingresaron en la celda, pero de momento la justicia española solo contempla que Mohamed Bouderbala se suicidó, y solo investigará esa línea. “Salvo prueba en contrario”, dice el auto. A esa frase se agarra la abogada para señalar que no está cerrada la puerta a que se practiquen otras diligencias.

Lo que ocurrió en la cárcel de Archidona impresionó a quienes pasaron por allí. “Creo que quiere venir a Europa porque hay una gran crisis en Argelia, pero mi primo tiene miedo de volver por España, porque quedó en shock. Pensaba que era El Dorado, y ahora tiene miedo de España”, explica el familiar de un interno. “Lo más grave es que a día de hoy no hay ningún tipo de responsabilidad, ni política ni judicial. Hubo un muerto y el balance de los procedimientos jurídicos es más que dudoso. Todas esas cuestiones se quedan en el olvido”, opina Rubén Quirante, de la Plataforma contra el CIE de Archidona.

Con la vía judicial en vía muerta, el Congreso rechazó abrir una comisión de investigación de lo que sucedió en la cárcel de Archidona. “Hay una sensación de impunidad real, desde el encarcelamiento de los 572 hasta la muerte de Mohamed Bouderbala. Y esto genera una impotencia importante”, dice Quirante.

Este 29 de diciembre, la plataforma ha convocado una nueva concentración frente a la cárcel de Archidona, que hoy se usa como lo que siempre fue: una prisión.