Como era de esperar, la CNMC ha recurrido los planes de Madrid, San Sebastián y Bilbao que intentan regular la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT). Digo que era de esperar porque la CNMC ha estado recurriendo regulaciones turísticas desde hace unos cuantos años, principalmente de comunidades autónomas, y porque, en general, es un organismo que se dedica a tratar de reventar los intereses del bien común poniendo por encima los de las empresas, vengan de donde vengan. De hecho, su objetivo declarado es ése, como expone su web: “La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo que promueve y defiende el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas”. En el caso de las VUT, está claro que toma partido por un tipo de consumidores, los turistas, y por las plataformas y compañías que extraen recursos del mercado residencial para pasarlos al turístico. A la CNMC le da lo mismo que todos sepamos que esa forma de consumo y esas empresas están contribuyendo enormemente al problemón de vivienda que tenemos. Le da tan igual que tiene la cara dura de tirar de cinismo en su nota de prensa: “La normativa aprobada en estas tres ciudades no protege adecuadamente a los ciudadanos”. En fin.
La CNMC también ha hurgado en otro de los grandes asuntos urbanos del verano, el conflicto de los VTC y los taxis. Este organismo público fue quien presentó el recurso suficiente para que el Tribunal de Justicia de Catalunya (TSJC) tumbase la medida del Ayuntamiento de Barcelona que exigía una licencia extra a las VTC para operar en su ciudad. Después, vino la huelga.
En cualquier caso, no quería yo hablar de la CNMC ni de las VUT ni de las VTC, o no sólo. Quiero hablar de lo que se esconde detrás de estos temas y, en realidad, de casi todos los que tienen que ver con las ciudades. El melón es bien grande pero estamos en temporada. Lo abro: las ciudades, donde vivimos el 80% de los españoles y donde se genera por eso gran parte de la riqueza del país pero también de las desigualdades y de los problemas que nos afectan a la mayoría, están impedidas para gobernarse.
Hablemos primero de dinero. El reparto del gasto público en 2017 fue del 47,6% por parte del Estado, 37,7% por parte de las comunidades autónomas y 14,7% por parte de los ayuntamientos. En Alemania, por ejemplo, los gobiernos locales pueden llegar al 23%. En Suecia, al 60%. Volviendo a España, aquí las urbes recaudan dinero a través de unos pocos impuestos propios como el IBI, el de vehículos de tracción mecánica y alguno más. El resto son impuestos estatales de los que reciben un porcentaje para ese gasto que, además y de momento, está vigilado para no romper un techo establecido por el gobierno central.
Según explica Josep Maria Martí Font en su libro La España de las ciudades, “este modelo no sólo congela su capacidad financiera y de gestión, sino que también limita su legitimidad democrática”. Para Martí Font, si el sistema asumiera la responsabilidad fiscal “se reforzaría la relación entre representantes y representados”. Y, por supuesto, las ciudades, entendidas como sus habitantes y sus gobernantes, podrían ocuparse de arreglar los asuntos que les atañen.
O quizás no, porque además del tema de los recursos hay otro que frena la independencia de las urbes y su gestión. Son las competencias. Las ciudades no tienen la capacidad para actuar sobre los problemas que suceden en ellas. Las decisiones se toman (o se dejan de tomar) en otros despachos. Si miramos a las cuestiones que dan pie a este texto, vemos que las VTC dependen del Estado (y que lo que propone Fomento es pasarle la pelota a las comunidades). Si pensamos en las VUT, la realidad es que las competencias sobre turismo las tienen las comunidades autónomas. Por eso Bilbao, Madrid y San Sebastián y otras se han visto forzadas a hacer planes desde la perspectiva urbanística. En esto tiene parte de razón el recurso de la CNMC: hay una diversidad de regulaciones que complica su conocimiento y aplicación, pero es la única forma que han tenido los ayuntamientos de enfrentarse a un tema del que hasta ahora han pasado tanto el gobierno central como la mayoría de los autonómicos (o incluso han actuado a la contra, por fastidiar políticamente, como hace el gobierno regional madrileño).
Vivienda, infraestructuras, buena parte de los transportes, actividades económicas, horarios comerciales… Casi nada está en manos de los alcaldes y alcaldesas, casi nada está en nuestras manos. Lo explica también Vincenç Navarro en un atinado artículo de hace unos días, “las fuerzas conservadoras desfavorecen la participación democrática popular en los procesos de toma de decisiones, y de ahí que se opongan a que los municipios, que son el nivel de decisión más próximo a la ciudadanía, tengan más poder”.
Pues eso, que tenemos que ver cómo solucionamos esto para solucionar todo lo demás.
