Comienza el juicio por las irregularidades inmobiliarias de Banco de Valencia

El próximo lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra la éxcúpula de Banco de Valencia, entre ellos del ex consejero delegado Domingo Parra, por tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad y que, según el FROB, le causaron un perjuicio de 160,5 millones de euros.

Se trata de una de las piezas separadas abiertas para investigar a la antigua cúpula de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Junto a Parra están acusados el entonces director de participaciones inmobiliarias, Alfonso Monferrer, y los empresarios Salvador Vila, Juan Bautista Soler Luján, el notario Carlos Pascual de Miguel, Fernando Polanco y Teresa Villalba, por presuntas irregularidades en tres operaciones inmobiliarias denominadas Nou Litoral, Valencia Viviendas y Faverche Desarrollos.

En la querella presentada por el FROB en 2013, el organismo alegaba que la gestión de Parra le había supuesto un agujero de 160.534.544 euros, por la cual se acusa al exconsejero delegado de tres causas de administración desleal.

El fondo de rescate español señalaba que estas operaciones supusieron, “más allá de negocios de riesgo simplemente fallidos, una conducta abusiva de aprovechamiento de la posición de poder” del ex consejero delegado del banco, “con el fin de obtener un lucro ilícito” a favor de sus “socios” a costa de la entidad.

Lamentaba, además, que las operaciones “supusieron una importante salida de fondos de la entidad que no han retornado ni retornarán”, deteriorando así su patrimonio y solvencia.

La de Nou Litoral, sociedad de gestión del suelo constituida por el banco en 2003 junto a los promotores Vila y los Soler y consistente en la adquisición de terrenos en Chiva (Valencia), generó una deuda de 109,6 millones que el banco tuvo que refinanciar “con dinero público, tras el correspondiente apoyo financiero del FROB”, generando un perjuicio superior a los 83 millones.

Mientras, la segunda operación versó en que Valenciana de Viviendas “actuó como sociedad instrumental” para adquirir en 2008 unos terrenos de Urbanas de Levante en Vergel y Patraix (Valencia), subrogándose en la deuda, que previamente tenía la vendedora contratada con BdV, con la que se generó un impacto de 137,4 millones y un perjuicio de 47.468.540 euros.

La última giró en torno a Faverch Desarrollos, en la que intervinieron Polanco y Pascual, con el fin de adquirir una serie de terrenos en Chiva, que causó un agujero de 29.816.004 euros.

El juicio comienza el próximo lunes ante la Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, y está previsto que se prolongue durante toda la semana.