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FIAB defiende un sistema de sanciones contra prácticas abusivas en la cadena alimentaria

La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha defendido la necesidad de incluir un sistema de infracciones y sanciones contra posibles prácticas "desleales, abusivas o anticompetitivas" en la regulación que prepara el Gobierno sobre las relaciones entre los diferentes agentes de la cadena alimentaria.

FIAB defiende un sistema de sanciones contra prácticas abusivas en la cadena alimentaria

En declaraciones a Europa Press, el director general de FIAB, Horacio González Alemán, ha confiado en que el proyecto de Ley de mejora de la cadena alimentaria que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente prevé llevar este mes al Consejo de Ministros permita "crear valor y seguridad jurídica" en el sector.

Con esta norma, según ha señalado recientemente el titular del ramo, Miguel Arias Cañete, el Gobierno pretende "vertebrar" el sistema agroalimentario y garantizar un "valor añadido sostenible" para todos los operadores (productores, industria y distribución).

Entre otras medidas, obligará a formalizar por escrito contratos alimentarios, regulará prácticas abusivas y modificará la regulación de las organizaciones interprofesionales.

"Es importante que tengamos un marco equilibrado, lógico y justo", sostiene González Alemán, quien considera que, en un momento en el que "el mercado nacional pasa por un momento difícil", cualquier medida encaminada a controlar que las normas de competencia se apliquen correctamente en el sector "irá en beneficio de la cadena y del consumidor".

El director general de FIAB subraya la necesidad de contar con "un marco transparente", del que, a su juicio, la cadena alimentaria carece actualmente, al tiempo que reclama un "sistema de solución de diferencias" similar al modelo británico, con una Administración que tenga "capacidad de acción".

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DENUNCIANTES.

Para la industria alimentaria, además de establecer un régimen de sanciones, la Ley también debe garantizar la confidencialidad de los denunciantes, de tal manera que las organizaciones del sector puedan advertir de infracciones en nombre de sus representados para evitar represalias.

El Ministerio y el sector han trabajado en esta materia sobre la base de un informe que realizó la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) hace un año sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores alimentarios y en el que advertía de los riesgos del aumento del poder de negociación y de determinadas prácticas del sector de la distribución comercial.

Entre las prácticas problemáticas, Competencia citaba los riesgos de los pagos comerciales determinados "unilateralmente" por el distribuidor, la no fijación por escrito de las condiciones contractuales que rigen la relación comercial y la "excesiva" antelación con la que los distribuidores solicitan información a los proveedores sobre los nuevos productos.

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