Fomento prorroga contratos adjudicados con una cláusula que favorecía los ‘dedazos’ a las constructoras
El Ministerio de Fomento reconoce que ha prorrogado al menos nueve contratos de mantenimiento de carreteras cuyos pliegos de licitación contenían una cláusula que fue declarada ilegal en enero de 2016 por el Tribunal Central de Recursos Contractuales por entender que favorecía los ‘dedazos’ a las constructoras.
A preguntas sobre este asunto, fuentes del departamento de Íñigo de la Serna señalan que la Dirección General de Carreteras ha decidido renovar estos contratos para no dejar “desatendido” el servicio de mantenimiento de esas vías.
Los contratos que se han prorrogado fueron adjudicados entre noviembre de 2014 y octubre de 2015 con un presupuesto de 56 millones y por un importe global de 42,5 millones, sin contar las posibles prórrogas. Vencían entre septiembre de 2017 y marzo de este año y comprenden el mantenimiento en las provincias de León, Cantabria, Soria, Asturias, Zamora, Lleida, Jaén, Ávila y La Rioja.
Entre las al menos ocho empresas que se han beneficiado de esas prórrogas están cuatro implicadas en diversos escándalos del PP: FCC (a través de su filial Mantenimiento de Infraestructuras, SA), con dos contratos; Sacyr, a través de su filial Valoriza; Azvi (implicada como las dos anteriores en Los Papeles de Bárcenas); y Becsa, perteneciente a Gabriel Batalla, financiador del PP valenciano a través de Lubasa.
Anulación no retroactiva
Fomento subraya que la anulación de esa cláusula “por no ser conforme a Derecho”, según el Tribunal de Recursos Contractuales, no fue retroactiva, por lo que los pliegos son plenamente legales. Pero, al mismo tiempo, señala que con los otros cerca de 50 contratos que se adjudicaron con esa fórmula durante la etapa de Ana Pastor y que todavía están vigentes no va a haber más prórrogas y, siempre que sea posible, se van a “relicitar”, sin precisar las razones.
El pasado 19 de marzo, eldiario.es informó de la existencia de al menos 40 contratos de este tipo, una cifra que luego el propio ministerio ha elevado a 58 adjudicaciones por un importe global de 443 millones de euros. La empresa más beneficiada fue OHL, que ingresó 67 millones con estas licitaciones.
Según Fomento, la decisión de no prorrogar más estos contratos es “general” y se tomó con anterioridad a que empezaran a vencer. En los casos en los que ha habido prórrogas, señala Fomento, estas van a ser solo por un año y se justifican porque no había tiempo para elaborar un nuevo pliego de licitación.
Los pliegos de condiciones con la cláusula anulada por el tribunal de Hacienda llevaban la firma del entonces secretario de Estado de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuya comparecencia en el Congreso, junto a la del actual ministro, ha pedido Unidos Podemos.
El órgano responsable de estas adjudicaciones es la Dirección de Carreteras, cuyo director general es desde 2012 Jorge Urrecho Corrales, antiguo colaborador en Fomento del exministro Francisco Álvarez-Cascos y ex ingeniero jefe en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón.
