Gobierno y agentes sociales pactan la contratación de 3.000 tutores laborales

El Gobierno y los agentes sociales han acordado impulsar la contratación de 3.000 orientadores laborales como parte del plan de choque contra el desempleo juvenil que se pretende aprobar a primeros de 2019, con un horizonte temporal de tres años.

Esta iniciativa, incluida en el borrador con el que trabajan las partes y al que ha tenido acceso Efe, busca dotar de personal a los servicios públicos de empleo para garantizar un apoyo personalizado a los parados inscritos, ya que en la actualidad cerca del 90 % de ellos no recibe servicio alguno.

De hecho, la Comisión Europea ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la limitada capacidad de los servicios públicos españoles. Según sus cálculos, en 2015 había 211 parados por cada empleado del Sistema Nacional de Empleo, mientras que en Reino Unido había 24; en Alemania, 48; y en Francia 73. Sólo Grecia y Países Bajos tienen ratios peores que el español (245 y 216, respectivamente).

La secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, ha explicado hoy a Efe que existe un gran consenso en la Mesa de Diálogo Social de Empleo, de la que ella forma parte, sobre esta iniciativa, que asegura que fue propuesta por este sindicato.

El borrador no incluye, sin embargo, que los orientadores vayan a estar específicamente centrados en los jóvenes, algo criticado por UGT, que reclama que al menos un porcentaje de ellos tenga ese mandato, según ha explicado hoy a Efe el portavoz de RUGE (Revolución Ugetista) Eduardo Magaldi.

“Claramente es necesario reforzar los servicios públicos de empleo con una mayor dotación de personal, pero ya que estamos trabajando en un plan de empleo juvenil al menos una parte de los orientadores tendrían que focalizarse en este segmento”, ha defendido Magaldi, que confía en que en las próximas reuniones se avance en este sentido.

Agentes sociales y Gobierno descartan que el plan se vaya a poder aprobar antes de que acabe el año, aunque ambas partes coinciden en que el intercambio de información y el “flujo de borradores” es muy fluido. Para las próximas semanas están previstas reuniones más técnicas, por lo que es de prever que los avances se aceleren.

El Ministerio de Trabajo quiere que “salga cuanto antes”, porque el desempleo juvenil “es un tema que preocupa muchísimo al Gobierno” y al que se le “está dando prioridad”, según ha asegurado hoy a Efe una portavoz, quien ha recordado que también se ha de consensuar con las comunidades autónomas, que tienen competencias en esta materia.

“Nosotros también tenemos prisa por que salga, pero no vamos a dejarnos llevar por plazos políticos. Lo importante es desarrollar bien el plan y que funcione. Aún hay que aterrizar y concretar muchas cosas”, ha dicho Magaldi, que valora la “buena predisposición y receptividad” del Gobierno ante las propuestas de los agentes sociales.

El plan también busca la creación de un estatuto del becario que ayude a combatir los abusos de las empresas sobre los estudiantes en prácticas y evitar los “falsos becarios” que en realidad ejercen de trabajadores encubiertos, pero aún no se ha presentado borrador alguno sobre este texto, según han confirmado a Efe fuentes sindicales.

También se baraja la creación de una plataforma para que regresen los jóvenes que emigraron durante la crisis, a través de medidas de apoyo a la contratación del retornado, así como al autoempleo, los gastos de desplazamiento y de primer alojamiento, entre otros, y el desarrollo de la red europea de servicios de empleo Eures.

Igualmente se estudia potenciar las ayudas Beatriz Galindo, para atraer el talento investigador en el exterior; las estancias breves, para fomentar la movilidad de los estudiantes en el extranjero; y el “contrato de relevo”, para que los jóvenes completen las jornadas de los jubilados parciales.

Sobre el impacto presupuestario, las fuentes consultadas por Efe coinciden en que aún no se han facilitado cifras concretas y detallan que gran parte de los recursos procederán de los fondos europeos incluidos en el programa de Garantía Juvenil, aprobado en 2014 para fomentar el empleo entre menores de 30 años a través de ofertas de formación y trabajo.

Ese programa exige que los jóvenes inscritos en los servicios públicos de empleo reciban una oferta de empleo o formación en menos de cuatro meses.