El Gobierno prevé ingresar 1.050 millones en 2018 controlando el fraude laboral

El Gobierno espera recaudar 1.050 millones de euros en 2018 mediante actuaciones de control del cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social y para ello tiene previsto realizar 510.000 actuaciones en materia de economía irregular e investigar 395.000 contratos.

Según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, la previsión de recaudación es la misma que en los tres años anteriores.

Estas actuaciones serán desarrolladas por la Inspección y Control de Seguridad y Protección Social, ente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que cuenta con un presupuesto de 126,5 millones de euros para 2018.

Este organismo prevé realizar 200.000 visitas a centros de trabajo para llevar a cabo 510.000 actuaciones con el objetivo de controlar la economía irregular y el trabajo de extranjeros, las mismas que se presupuestaron y realizaron en 2017.

El Gobierno espera perfeccionar el intercambio de información entre la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con el trabajo no declarado y el fraude a la Seguridad Social.

Asimismo va a incorporar nuevos inspectores para incrementar los controles en empresas de ámbito supraautonómico o estatal en materia de empleo no declarado, fraude a la Seguridad Social y formación profesional para el empleo.

Así, la Inspección prevé investigar 395.000 contratos, 45.000 más de los presupuestados y realizados en 2017, en tanto que confía en convertir unos 60.000 temporales en indefinidos, 10.000 más que los previstos el año pasado.

En este sentido, el proyecto de Presupuestos asegura que la Inspección de Trabajo ha intensificado su labor para lograr la conversión a fijos del mayor número de contrataciones, con campañas específicas en el caso de los contratos para la formación y el aprendizaje.

También será labor de la Inspección de Trabajo y de la Tesorería General de la Seguridad Social detectar fraude en procesos de gestión al derivar deuda de la Seguridad Social, así como otras destinadas a vigilar la inclusión de empresas y trabajadores en el régimen de la Seguridad Social correcto en función de la actividad desempeñada.

La Inspección se encargará también de la vigilancia del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y para ello tiene previsto realizar 80.000 visitas preventivas a centros de trabajo, las mismas que en 2017.

En concreto, dentro de la última oferta pública de empleo, se han convocado 120 plazas de subinspectores para reforzar la lucha contra la siniestralidad laboral para los años 2017 y 2018, si bien aún está pendiente de concluir el proceso de selección de las 50 primeras plazas relativas a 2016.

La Inspección también se dedicará al control de las condiciones de trabajo y lucha contra la desigualdad tanto por razón de género como de condición personal (discapacidad), con 15.000 y 8.000 personas inspeccionadas previstas, respectivamente.