Más de 400 medidas fiscales y el impulso al ladrillo centran las iniciativas económicas de las CCAA contra la COVID-19

El Gobierno acaba de aprobar el reparto de 16.000 millones de euros en concepto de fondo no reembolsable que el Estado transferirá a las comunidades en los próximos meses para hacer frente a los efectos de la pandemia de la COVID–19. Al margen de la polémica por la primacía de nuevos criterios frente a los iniciales en los que se da más relevancia al peso poblacional, se van a destinar 5.000 millones a costear la bajada de ingresos autonómicos provocada por la caída de la actividad económica.

Las arcas autonómicas están sufriendo una caída de fondos tanto por el parón de la economía como porque han utilizado sus competencias desde el inicio de la crisis para tratar de paliar en ciudadanos y empresas el golpe económico de la pandemia. En total han aprobado hasta el momento 416 medidas fiscales por la COVID–19, que afectan tanto a personas físicas como a jurídicas, según el recuento del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

Las quince comunidades de régimen común en general han aplazado entre dos y tres meses el pago de los impuestos sobre los que tienen competencias (sucesiones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y otros como juego). Normalmente, las autonomías han ido ampliando los plazos a medida que el Gobierno ha hecho lo propio con el estado de alarma.

En el caso de Andalucía, que fue la que aprobó primero su decreto, y de Catalunya, que ha acabado por ser la más activa en cuanto a medidas, se ha bonificado la tasa del juego, no solo aplazado su cobro, una medida que ha beneficiado a las empresas del sector. Extremadura aprobó una bonificación del 50% de la tasa fiscal sobre los juegos, relativa a máquinas recreativas y de azar.

Además, el gobierno de Quim Torra suspendió los plazos de presentación de declaraciones e ingresos del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, bebidas azucaradas envasadas, patrimonio o emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica.

El País Vasco y Navarra son las comunidades que más medidas fiscales han podido adoptar, al tener un régimen fiscal distinto que les da competencias sobre los impuestos de la renta y sociedades, algo que no ocurre en las de régimen común. Por ejemplo, la Diputación de Gipuzcoa han puesto en marcha un mecanismo que consiste en compensar en el IRPF los beneficios obtenidos en el ejercicio 2019 con probables pérdidas futuras para personas físicas que desarrollan actividades profesionales y empresariales.

Por su parte, Canarias aplazó el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) para las empresas afectadas por el coronavirus.

En todos los casos se han suspendido los plazos de los procedimientos administrativos gestionados por la comunidad durante el periodo de estado de alarma.

El director del servicio de estudios de REAF, Rubén Gimeno, considera que las medidas adoptadas son útiles porque sirven para aliviar a los contribuyentes desde punto vista financiero. Destaca también que el cierre de oficinas tributarias ha obligado a adoptar estos decretos en los casos en los que los trámites no se pudieran hacer por internet. Gimeno destaca que desde que comenzaron las medidas a mediados de marzo hasta hace unas pocas semanas, ha habido un goteo constante, que ya ha cesado. “Ha habido un parón, han dejado de legislar”, resume.

Trámites urbanísticos más sencillos y menos cuidadosos

Además, de cara a la reactivación económica, en varios casos la vía que se busca es una vieja conocida: facilitar los trámites urbanísticos para dar un impulso a la construcción.

Así, se han relajado los trámites y salvaguardas de protección ambiental con la excusa de reactivar la economía, ha denunciado la organización ecologista Greenpeace, que ha detectado estas políticas en ocho comunidades (Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla–La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia). Algunas de esas regiones se plantean modificar la ley del suelo, supeditando el medioambiente al desarrollo urbanístico, como ya pasara en la crisis económica de 2008, denuncian las organizaciones de defensa del medio ambiente.

Es el caso por ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que cambiará la ley del Suelo para que los promotores inmobiliarios no tengan que pedir licencias urbanísticas y les sirva solo una declaración responsable, con el objetivo de reducir los plazos de concesión que ahora se alargan hasta los 12 meses.

Turismo y mesa para la automoción

Además, las autonomías están apelando al Gobierno central para que les preste ayuda en determinados sectores, como la automoción, tras decisiones como la salida de Nissan de Barcelona. Ocho comunidades autónomas, Euskadi, Catalunya, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Navarra y Madrid, han reclamado a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la puesta en marcha de una estrategia común para impulsar el sector.

En la misiva, promovida por la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, piden que se aprovechen los esfuerzos inversores realizados por los sectores públicos y privados en materia de I+D, en espacios de fabricación y en generación de recursos humanos a través de la formación y dotar al sector de un nuevo impulso que permita sostener la actividad y el empleo a corto plazo y mejorar la competitividad futura.

Otro de los flancos más importantes es el del turismo, sobre todo para comunidades como Islas Baleares. Un plan del govern de Francina Armengol, que ha sido aprobado por el Gobierno central, supondrá el reinicio del turismo internacional en España, con la llegada hasta final de mes de 10.900 turistas desde Alemania, que no tendrán que guardar cuarentena y deberán permanecer en las islas al menos cinco noches.