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Podemos reclama en su oferta un aumento del gasto público que desatará la guerra con Bruselas

La propuesta del partido morado sitúa el objetivo de déficit en un 2,2% para 2019 (cuando Bruselas pide que esté en 0,3%)

Articula su contraoferta para hacer Gobierno en un plan de políticas expansivas que se deberían iniciar ya en 2016

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Pablo Iglesias pretende dirigir la lucha contra la corrupción y el CNI

Pablo Iglesias flanqueado por el responsable de Economía, Nacho Álvarez y por Carolina Bescansa. EFE

La contraoferta para un pacto de Gobierno que ha presentado la agrupación de Pablo Iglesias se articula alrededor de un plan de políticas expansivas para mejorar los recursos de los servicios públicos y crear empleo.  La propuesta de Podemos viene inevitablemente de la mano de una escalada en los objetivos de incumplimiento de déficit comprometidos con Bruselas. Una vez que la formación ha logrado que el resto de partidos den por buena esta petición, ahora eleva el órdago e insiste en que como pronto se debería reducir el agujero de las cuentas del Estado al 3% del PIB para 2018 (lo pactado es este año 2016).

De esta forma, el partido de Iglesias fía a la negociación con Bruselas la puesta en práctica del pacto, ya que sin la conformidad de las instituciones europeas será imposible iniciar los planes expansivos que se desgranan en el programa. Podemos quiere cambiar completamente el marco de estabilidad presupuestaria, derogando incluso la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria y por supuesto la modificación del artículo 135 de la Constitución.

Así, la primera propuesta de Gobierno de Podemos es un plan de Bienestar Social y Modernización Económica, que según el texto presentado, tendría una dotación presupuetaria (extraordinaria) de 24. 000 millones de euros cada año durante toda la legislatura, en línea con lo que ya llevaban en su programa para la campaña electoral. El documento fija una nueva regla de gasto ya que ponen como objetivo que los ingresos sobre el PIB suban en tres puntos para 2019. También piden que "el gasto público total en educación y sanidad debe alcanzar el mismo nivel que tenía en 2009 a más tardar a finales de 2017". Según el documento, para 2019 el gasto público supondría un 43,3 % del PIB. 

Durante la rueda de prensa de presentación del pacto, Iglesias -que estaba flanqueado por el responsable económico del partido, Nacho Álvarez- ha insistido varias veces en que su partido era el único que había aportado una memoria económica al documento del pacto. En esta memoria, se calcula que con la dotación extraordinaria del plan de bienestar, para 2019, el gasto público habrá aumentado en 96.000 millones respecto a lo previsto.En general, las cifras son las mismas que en la memoria presentada para el 20D.

Podemos plantea cumplir su programa en dos fases:en la primera mitad de la legislatura (2016-2017), la financiación adicional se dedicará a revertir los recortes en los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, dependencia y protección social) en al menos, 20.000 millones de euros; en dotar al programa de Renta Garantizada con 15.000 millones de euros y en iniciar el programa de inversiones para la transición energética y la transformación de la economía española con 13.000 millones de euros.

Según la formación, esto será suficiente para revertir por completo los recortes por lo que en la segunda fase buscarían, siempre según el texto, alcanzar a la media de la Unión Europea en servicios del bienestar. En esta segunda parte, dedicarían 48 000 millones distribuidos de la siguiente forma: en sanidad y educación al menos 15 000 millones de euros y a protección social (mejora de las pensiones, dependencia y renta garantizada) otros 15 000 millones de euros.

Según el equipo de Nacho Álvarez, el coste del plan de Renta Garantizada será decreciente a lo largo de la legislatura, pues el desempleo se irá reduciendo y a la culminación de la transición energética se dedicarán 18. 000 millones de euros.

Sin embargo, para tranquilizar a los mercados y a los inversores, en el documento se asegura que todos estos gastos "pueden financiarse sin poner en peligro en absoluto la estabilidad de las finanzas públicas", a través de dos vías: la mejora de ingresos en 69.700 millones de euros gracias a la recaudación derivada de la reforma tributaria y a la mejora de la economía, para la que cuentan con un efecto multiplicador.

A la vez, aseguran que sería compatible con una reducción el peso de la deuda sobre el PIB en un 91% para 2019 (en 2016 está alrededor del 100%).

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