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La ley de la PAH para regular los precios del alquiler vuelve al Congreso sin los apoyos necesarios garantizados

La portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín

Marina Estévez Torreblanca

Tras el veto que le impuso el Gobierno de Mariano Rajoy hace unos meses, la ley de vivienda y contra la pobreza energética de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) vuelve este martes al Congreso de los Diputados. Se enfrenta a la toma en consideración sin garantías de superar este trámite, y pendiente del voto final de grupos que han anunciado que no votarán a favor, pero que se podrían abstener, como el PNV.

En juego, las reivindicaciones conocidas como “cinco de la PAH”: que no se produzcan desahucios sin alternativa habitacional; regular el precio del alquiler; la dación en pago reatroactiva; que se realoje temporalmente a familias en emergencia en pisos vacíos de la banca y combatir la pobreza energética.

El Congreso debatirá la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por Unidos Podemos, Esquerra Republicana y grupo mixto sobre emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética.

La norma tiene como objetivo “la regulación del derecho de uso y disfrute de una vivienda digna y adecuada, así como el acceso a los suministros básicos con especial atención a los grupos sociales en situación o riesgo de exclusión”.

Además de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís y EH-Bildu (que registraron la iniciativa en enero), han declarado que votarán a favor el PSOE y PDCat, según han informado a eldiario.es fuentes de estos grupos parlamentarios. El PNV ve problemas en la forma y el contenido jurídico de la ley, y considera que supone invasiones competenciales en los ámbitos social, fiscal y de vivienda. No votará a favor, aunque aún no ha decidido su posición de negativa o abstención.

Para salir adelante con la tramitación, la norma necesita más síes que noes. Ni el PP ni Ciudadanos han querido adelantar el sentido de su voto preguntados por este diario, pero el veto del gobierno de Rajoy el pasado marzo puede ser preludio de su negativa este martes. Ciudadanos también apoyó el veto entonces. El resultado es por tanto incierto.

Un fallo del Tribunal Constitucional dio la razón a la Cámara Baja en su contencioso con el Ejecutivo en relación con los vetos a leyes de la oposición, momento en el que el grupo dirigido por Irene Montero volvió a presentar esta Proposición de Ley. La portavoz de En Comú Podem y encargada de vivienda de todo el grupo confederal, Lucía Martín, se encargará de su defensa. Martín, precisamente, llegó a la política desde la PAH.

“Espero que todos los grupos voten sí a la toma en consideración, quien no lo haga estará exactamente donde estaba el PP en 2013, contra el derecho a la vivienda y contra las demandas de millones de personas”, afirma Martín.

El precedente de 2013

Las propuestas que contiene esta PL son en gran medida las mismas que la PAH demandaba en 2013 en una Iniciativa Legislativa Popular que en su día consiguió el apoyo de mas 1,5 millones de personas para ser convertidas en ley “y que el PP acabó tergiversando y desanaturalizando”, dice Martín.

Las medidas sugeridas, que en plena crisis “contaban con un gran consenso social y fueron ignoradas por completo” eran parar los desahucios sin alternativa habitacional; la dación en pago (tanto para deudas venideras como para poder cancelar deudas que ya llevaran las familias a cuestas); y conseguir un parque público de alquiler.

Cinco años después, se añade un problema: los precios del alquiler han subido hasta el punto de que los desahucios en este tipo de contratos es superior al de las hipotecas. De este modo, se han introducido en el texto dos elementos adicionales: la regulación de precios y el alargamiento de contratos (el Gobierno ya se ha comprometido a subirlos de 3 a 5 años).

“La pregunta es: ¿hemos aprendido algo? ¿O vamos a seguir dando la espalda a medidas que son garantía de mínimos para proteger el derecho a la vivienda?, se pregunta la diputada, que advierte de que estas última reivindicaciones, ligadas a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) son ”líneas rojas“ para el acuerdo presupuestario al que quiere llegar el Gobierno con su formación.

“Es una línea roja en el sentido que esta misma legislatura el PSOE se ha comprometido dos veces con esas propuestas. Han votado a favor estando en la oposición, ahora que tenemos un gobierno fruto del acuerdo de las fuerzas que justamente facilitaron la aprobación de esas medidas, hay que convertirlas en ley. Ni más ni menos”.

Un grupo de militantes de la PAH asistirá al Pleno

Un grupo de miembros de la PAH asistirá al Pleno desde la tribuna de invitados, mientras otros compañeros se concentrarán en la Carrera de San Jerónimo. “Hemos recibido el compromiso de varios grupos, incluido Ciudadanos, y del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de que se apoyará esta toma en consideración”, recalca uno de los portavoces de la plataforma, Paco Morote.

“Se han producido 350.000 nuevos desahucios desde 2013 (cuando presentaron su Iniciativa Legislativa Popular). Hace falta una ley integral para pinchar la burbuja, ir generando un parque público de vivienda, y acabar con pobreza energética. Esperamos que la ley salga adelante con las modificaciones que los grupos expresen, pero que no se desnaturalice”.

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