La Audiencia Nacional condena a Iberdrola por quemar gas para cobrar subvenciones a las renovables
La sección 4 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado un recurso de Iberdrola contra una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que en marzo de 2016 obligó a la eléctrica a devolver 12,3 millones de euros por atribuirle una utilización “irregular” de gas natural en su única planta termosolar, ubicada en Puertollano (Ciudad Real).
La CNMC reclamó a Iberdrola ese importe cobrado indebidamente, según el organismo, en concepto de subvenciones a las energías renovables del periodo 2009-2011 que pagaron por los consumidores en su recibo de la luz. La Audiencia ha avalado la decisión y el caso ha llegado ya hasta el Tribunal Supremo. La sentencia, dictada en abril, ha sido recurrida por Iberdrola en casación y está pendiente de su admisión a trámite en el Supremo, según la compañía, que ha sido condenada por la Audiencia a abonar las costas.
Durante el proceso, Iberdrola defendió que “sólo una pequeña parte del gas empleado” por la planta, “inferior a los límites marcados por la normativa vigente en este periodo, contribuyó a la producción de electricidad”, e intentó demostrar a través de un informe pericial que el uso de gas “productivo”, el destinado a generar electricidad, fue “mínimo”. Pero los peritos contratados por Iberdrola “no pudieron aseverar, en los cómputos anuales, a cuánto ascendió ese mínimo, o qué porcentaje supuso en el consumo global del gas productivo”, según recoge la sentencia.
Los magistrados consideran “evidente” que no todo el gas consumido por la planta fue “productivo”, pero comparten el criterio de la CNMC de que “supuso un beneficio para la central”. Si bien reconocen que el exceso de uso de gas por parte de la planta “fue debido, esencialmente, a su mal funcionamiento y a sus problemas técnicos, concretamente a la necesidad de eliminar el agua en el aceite” del circuito interno que permite generar la electricidad, rechazan que esos problemas técnicos “deban ser cofinanciados” por el régimen entonces vigente para incentivar las renovables “cuando los consumos en el combustible de apoyo han sido ampliamente superados”.
“A la postre supone una transgresión, y resulta contraria a la propia razón de ser del régimen retributivo en la generación de energías renovables”.
Puertollano, una planta problemática
Ubicada sobre una extensión de 135 hectáreas de terreno en el paraje de Valconejero, la planta de Puertollano pertenece a Iberdrola (90%) y al Estado (10%), tiene 50 megavatios (MW) de potencia y fue una de las primeras de este tipo en España y el mundo. Supuso una inversión de más de 200 millones y desde su puesta en marcha en junio de 2009 fue un quebradero de cabeza para Iberdrola, que vio cómo en sus primeros años su producción era muy inferior a lo esperado. En el marco del plan de desinversiones de 3.000 millones que contempla su último plan estratégico, la eléctrica ha decidido recientemente ponerla en venta, según informó en junio El Economista, que cifró el posible precio entre 100 y 150 millones.
En 2005, la eléctrica presentó esta instalación como punta de lanza de su apuesta por la termosolar, una tecnología, decía, “totalmente limpia que aprovecha una fuente renovable muy abundante en España”. Tenía entonces “en cartera” nueve centrales de colectores cilindro-parabólicos con 50 MW de potencia cada una en cinco comunidades autónomas. Solo construyó esta.
La avalancha de peticiones que propiciaron las elevadas primas de entonces a la termosolar llevó a poner en marcha un sistema de preasignación de instalaciones y a Iberdrola sólo se le adjudicó la de Puertollano. Con la crisis y la explosión del problema del déficit tarifario, la eléctrica acabó cargando contra esta tecnología, entonces copada por su en aquel momento rival encarnizado ACS, que protagonizó un frustrado asalto a su capital. Iberdrola se centró en la eólica, de la que es líder mundial.
La mala situación financiera de la planta de Puertollano tuvo repercusiones para su otro socio, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), actualmente adscrito al Ministerio para la Transición Energética. En 2016, el auditor de este organismo, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), introdujo una salvedad a sus cuentas anuales de ese año, las últimas que ha publicado, por la incorrecta contabilización de un crédito de 17 millones concedido a la planta manchega. En 2015, la central perdió 3 millones, lo que la dejó en una situación de desequilibrio patrimonial al ser sus fondos propios inferiores al capital social.
Con 2.300 MW instalados y medio centenar de plantas, España es el primer país del mundo en energía termosolar, con el 43% de la potencia en 2016. Según un reciente informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), esta es todavía la más inmadura y cara de entre las tecnologías limpias, por delante de la eólica marina, aunque ha recortado sus costes un 33% desde 2010. No obstante, Irena prevé una reducción de costes de entre el 54% y el 72% en las nuevas plantas que se construyan a partir de 2020, calculada a partir de dos proyectos proyectados en Australia y Dubai.
