AUDIO | El BBVA dijo al juez que la entidad “no se benefició” del espionaje a Ausbanc por el que pagó 500.000 euros anuales

El director de los servicios jurídicos del BBVA, Adolfo Fraguas, aseguró ante el juez del caso Villarejo que la entidad no se benefició del espionaje a la supuesta asociación de consumidores Ausbanc. El instructor de la causa, Manuel García Castellón, apunta de forma indiciaria en un auto incluido en el sumario sobre los encargos del banco al agente encubierto que el BBVA pagó 500.000 euros anuales durante un período indeterminado al comisario para que investigara a Luis Pineda, presidente de Ausbanc. Esos trabajos de espionaje, que el policía agrupó bajo el nombre de “Proyecto Pin”, se habrían desarrollado entre los años 2012 y 2014.

“Lo que dice la factura es lo que dice. Nosotros hemos concluido que ahí no hay beneficio para el banco”, respondió Fraguas a preguntas del fiscal Ignacio Stampa, que le interrogaba sobre una factura de 211.750 euros de junio de 2015 a una de las empresas del policía jubilado y que tenía por objeto “determinar las motivaciones y finalidades a los que pueda responder su  estrategia de acoso al grupo y sus directivos y a los efectos de la defensa jurídica que corresponda”. 

Fraguas, que representa a la entidad como investigada como persona jurídica por cohecho y revelación de secretos, dijo ignorar en interés o en beneficio de quién se contrataron entonces los servicios del policía para investigar a Ausbanc. No obstante, en otro momento de la declaración sí califica de “evidente” la “situación de conflicto” entre Pineda y el entonces presidente del banco, Francisco González, aunque subraya que no tiene ninguna “prueba o evidencia” de que hubiera un “encargo” por parte de alguien del banco para la contratación de esos servicios de espionaje. 

A preguntas del fiscal, Fraguas insistió en que los servicios jurídicos no utilizaron información de esos informes elaborados por Villarejo para las dos acciones que llevaron a cabo en relación a Ausbanc. Estas acciones fueron, por un lado, intentar que se le diera de baja en el registro de asociaciones de consumidores; y, por otro, realizar la denuncia que luego el banco presentó de forma anónima y que dio origen a un procedimiento en el que Pineda se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 118 años de cárcel como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de Ausbanc.