La autoridad fiscal descarta una subida de las pensiones según el IPC y propone aplicar el factor de sostenibilidad

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero. EFE/ Ballesteros/Archivo

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) plantea un futuro más complicado para las pensiones y da un golpe de mano a las reivindicaciones de los pensionistas para elevar sus jubilaciones según el IPC. El organismo que preside Cristina Herrero estima que en 2050 el gasto en pensiones podría situarse en un 14,2% del PIB, lo que supone un incremento de 3,3 puntos desde los niveles actuales y un punto más que las previsiones que manejaba esta institución hace un año. Este escenario de la AIReF se plantea teniendo en cuenta que se van a desarrollar las reformas paramétricas de 2011, "que suponen una reducción del gasto de 2,9 puntos del PIB en 2050, y la aplicación del factor de sostenibilidad a partir de 2023, lo cual supone un ahorro de 0,9 puntos adicionales de PIB". En caso de no aplicar ambas medidas, el gasto en pensiones se elevaría al 15,2% en 2050.

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La aplicación del factor de sostenibilidad supondría eliminar una de las principales peticiones de los pensionistas, que se movilizaron para pedir el incremento de las pensiones según la subida del coste de la vida. El factor de sostenibilidad tiene en cuenta otros factores como al esperanza de vida o el crecimiento económico y se traduce finalmente en una bajada del dinero que reciben los jubilados. La aplicación del factor de sostenibilidad estaba programado para 2019, pero un pacto entre el PNV y el PP para sacar adelante los presupuestos de 2018 retrasaron su implantación hasta 2023.

Entre las reformas de 2011, el organismo propone un aumento de la edad efectiva de jubilación de 64,1 a 66 años y un incremento de la carrera de cotización de 25 a 35 años más en sintonía con los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Solo hace dos semanas el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, compareció en la comisión sobre el Pacto de Toledo para informar de los planes del Gobierno para la futura reforma de las pensiones y de la Seguridad Social. La hoja de ruta es lograr que la edad efectiva a la que se jubila la población en España se acerque a la edad legal.

Como propuestas de solución a corto plazo, la autoridad fiscal propone "cerrar el déficit estructural de la Seguridad Social, trasladándolo a aquellas partes de la Administración con herramientas suficientes para reducirlo" como la Administración central y como medida más concreta reducir el dinero destinado a las cotizaciones sociales para el desempleo para dedicar al gasto en pensiones.

Los técnicos de la AIReF señalan que el gasto de las cotizaciones sociales en desempleo en España es 3,3 puntos superior al de la media europea, con lo que se podría igualar ese gasto y y que "el Estado cubra esa pérdida de ingresos para pagar el paro" y dedicar ese dinero a la financiación de las pensiones públicas. La autoridad fiscal también recuerda que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) "antes de la crisis del coronavirus tenía un superávit que se había financiado no solo por prestaciones por desempleo contributivas, sino también por prestaciones no contributivas, así como políticas activas de empleo y bonificaciones, por lo que abogamos para que se aplique la separación de fuentes de ingresos entre contributivo y no contributivo, de hecho la propia normativa actual que cuando haya en desequilibrio del SEPE se debe financiar por la Administración del Estado".

La institución fiscalizadora pide la implementación de estas medidas porque, entre otras cosas, avala que la solución del sistema público de pensiones no vendrá por los sistemas complementarios privados. Respecto a estos planes privados de pensiones sí admite que habría que estudiar fórmulas que se han puesto en marcha en otros países europeos para que estudiar cómo funcionan dentro de los planes de empleo o para determinados colectivos.

La AIReF ha hecho las previsiones de gastos con un escenario de unas previsiones demográficas donde la población en España aumenta hasta los 54 millones de habitantes en 2050, mientras que los habitantes en edad de trabajar se mantienen por encima de los 30 millones, con lo que la tasa de dependencia (la población jubilada que depende de la población en edad de trabajar) alcanza el 53% en 2050. Por otro lado, hay una caída en la entradas de inmigrantes, que en 2019 alcanzó los 450.000 inmigrantes netos, hasta las 330.000 personas anuales si se mantiene la política migratoria actual, "una de las más permisivas de Europa", según la AIReF. Además, influye la tasa de fecundidad que sube mínimamente a 1,4 hijos por mujer en 2050, insuficiente y de las más bajas de Europa, y se prevén mejoras continuadas en la esperanza de vida hasta los 86,8 años.

A pesar de que hay mucha incertidumbre sobre el impacto de la COVID-19 en la economía, los técnico de la AIReF apuntan que un escenario en el que la crisis del coronavirus tenga "efectos estructurales sobre la economía, aumentaría el gasto en 0,7 puntos respecto al escenario central hasta un 14,9% del PIB y aumentaría la tasa de cobertura del 53,3% al 55,2%".

Como otros riesgos que podrían afectar a estos cálculos, la autoridad fiscal añade "una reducción del saldo migratorio neto a la mitad de lo previsto supondría un incremento de 1,9 puntos de PIB de gasto en pensiones, mientras que un mayor estancamiento del mercado laboral "con una convergencia de la tasa de paro estructural al 10% -en lugar del 7%- implicaría un incremento del gasto en pensiones en 2050, en este caso de 1,2 puntos de PIB". 

Publicado el
28 de septiembre de 2020 - 13:27 h

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