La autoridad fiscal señala problemas de coordinación y falta de transparencia en el gasto en medicamentos en España

Cuando la pandemia de la COVID-19 vuelve a azotar a la población y a poner en tensión un desarbolado sistema público de salud en España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha sacado a la luz las graves carencias y la escasa inversión en el gasto de medicamentos y medios hospitalarios en España. Falta de visión global del precio de los medicamentos, limitada capacidad de decisión de las Comunidades Autónomas en la fijación de precios pese a que soportan el gasto, ausencia de coordinación entre administraciones, falta de transparencia en las licitaciones con compras directas a los laboratorios, grandes diferencias entre las capacidades de las regiones y escasa inversión en equipos de alta tecnología hospitalaria donde el 40% deberían ya haber sido cambiados. Estas son las conclusiones del estudio Gasto del Sistema Nacional de Salud en Farmacia Hospitalaria e Inversión en Equipos de Alta Tecnología, que ha presentado este jueves la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrro (AIReF).

Herrero ha destacado las a actual crisis de la COVID19 ha permitido visualizar deficiencias y campos de mejora en varias dimensiones de la política sanitaria, entre las que citó la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto en farmacia hospitalaria, una mayor planificación para renovar y ampliar el parque tecnológico de los hospitales, y la necesidad de avanzar en una mayor coordinación entre las administraciones públicas y los sistemas de información para mejorar la equidad del sistema.   

La presidenta de la AIReF ha insistido en la necesidad de hacer continuas evoluciones del gasto sanitario ya que “supone el 6,4% del PIB y el 15% del gasto público, más de 71.000 millones de euros”. En este nuevo estudio que ha presentado este organismo fiscalizador se explica que en 2018 se destinaron 6.613 millones al gasto en farmacia hospitalaria, que representa alrededor del 17% del gasto hospitalario total, no ha parado de crecer en los últimos años ya que en 2013 supuso alrededor de 2.300 millones de euros y se prevé que siga creciendo en los próximos años debido, fundamentalmente, a la entrada de medicamentos innovadores en áreas de oncología, nuevos antidiabéticos, medicamentos de síntesis biológica, terapias celulares y genéticas y al crecimiento esperado de los medicamentos huérfanos“. La previsión es que llegue a alcanzar un coste de 9.695 millones de euros en 2024.  

Herrero ha ido desgranando los principales problemas que se han detectado en el Sistema Nacional de Salud. Por un lado, se constata una limitada capacidad de decisión de las Comunidades Autónomas en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios, la institución donde se fija el precio de los medicamentos a pesar de que son las Administraciones públicas que soportan el gasto farmacéutico a través de sus presupuestos. La AIReF pide revisar la estructura de la Comisión para dar más peso a las regiones, que ahora solo representan tres de los 11 votos posibles. 

A pesar de esta concentración de poder en el Gobierno central, la autoridad fiscal apunta a una “falta de visión global del precio de los medicamentos empleados en una determinada patología, que da lugar a diferencias importantes en el precio de medicamentos con un valor terapéutico similar para una misma indicación y limita la competencia potencial entre estos medicamentos”. En este sentido, recomienda intensificar la revisión sistemática de precios y condiciones de financiación, adecuar el Sistema de Precios de Referencia actual e incorporar de criterios de coste efectividad en la fijación del precio. 

Con esta falta de visión global de los precios de los medicamentos no es extraño que también se apunte a la “ausencia de coordinación de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica” de manera que hay “diferentes recomendaciones sobre medicamentos incluso dentro de hospitales en una misma comunidad autónoma”. La AIReF propone crear una red de colaboración entre las Comisiones, coordinada por el Ministerio de Sanidad, y crear un organismo independiente, con presupuesto propio, que realice recomendaciones vinculantes para determinados fármacos de alto impacto económico.    

Por otro lado, el organismo fiscalizador ha descubierto una falta de transparencia en la compra de medicamentos, donde el 70% se compra directamente a los laboratorios, con una baja aplicación de los procedimientos de adjudicación de la Ley de Contratos del Sector Público. También apunta a una ausencia de un marco regulatorio específico para pacientes externos, donde ha habido un 100% de crecimiento en los últimos 10 años (en 2018 se atendieron a un millón de pacientes con dispensación de medicamentos fuera de los hospitales que supusieron un 60% del gasto total) y de protocolos para desabastecimientos. La AIReF propone usar fórmulas y procedimientos para agilizar la tramitación de expedientes para fomentar la contratación con sujeción a las prescripciones de la Ley de Contratos del Sector Público y consolidar las plataformas de contratación electrónicas así como la automatización del almacenamiento y dispensación de medicamentos en pacientes ingresados y externos.

Utilización de biosimilares

La autoridad fiscal ha hecho un análisis detallado de la utilización de biosimilares, medicamentos alternativos con similar molécula biológica a los medicamentos biológicos de referencia cuya patente se ha terminado. No se deben confundir con los genéricos, que cumplen la misma función de reguladores del mercado, pero que son alternativas de síntesis química. La penetración de biosimilares en España se encuentra por debajo de la media europea, pero además hay grandes diferencias de hasta el 40% entre Comunidades autónomas.

Según la AIReF, los medicamentos biosimilares son un “elemento clave en la competencia” entre laboratorios de medicamentos que permitiría que “el gasto de tratamientos de alto impacto económico se hiciera más sostenible, permitiendo la liberación de recursos para el tratamiento médico de más pacientes”. En términos anuales, la AIReF argumenta que la entrada de nuevos biosimilares y su utilización podrían generar hasta 950 millones anuales de ahorro bruto entre 2020 y 2022.

Escasa inversión de bienes de equipo hospitalarios

La AIReF ha hecho un estudio específico sobre el gasto en bienes de equipo hospitalario con una conclusiones bastante demoledoras. A pesar de que entre 2010 y 2017 el gasto en este apartado creció un 17%, la autoridad fiscal revela que la dotación de equipos de alta tecnología en España todavía se encuentra por debajo de la media de los países de la OCDE. Pero el problema es aún más grave ya que el nivel medio de obsolescencia (a condición o estado en que se encuentra un producto que ya ha cumplido con una vigencia o tiempo programado para que siga funcionando) es mayor ahora que hace 10 años. Además, un 44% de los equipos en el sistema de salud tiene más de 10 años, la “referencia internacional de obsolescencia” que se las máquinas de este tipo. Habría que invertir 250 millones anuales para arreglar el problema de obsolescencia, según la AIReF.

La inversión en bienes de equipo de alta tecnología supuso 320 millones en el año 2018, según la AIReF. En su estudio además se subraya la fuerte desigualdad y las importantes diferencias entre las Comunidades Autónomas pero además se puntualiza que estos equipos “no se utilizan a pleno rendimiento” y “no hay priorización en los planes de compra” en los hospitales ni en la estrategia de las administraciones regionales.

La AIReF propone desarrollar para solventar este déficit un plan de inversión en equipos de alta tecnología que permita converger hacia la media europea en niveles de dotación y obsolescencia, además de priorizar las inversiones con modelos de decisión basados en criterios objetivos e implantar modelos para sistematizar, objetivar y priorizar la toma de decisiones de adquisición y renovación de equipos.