La justicia sienta en el banquillo a Sol Daurella y a Demetrio Carceller Arce por supuesta estafa en la compra de Cacaolat
La presidenta de Coca-Cola European Partners y de Cobega (antigua embotelladora de Coca-Cola), Sol Daurella, y el presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, se sentarán en el banquillo junto a otros cuatro directivos por el caso de la adquisición de la empresa Cacaolat que investiga un tribunal. La Audiencia Provincial de Zaragoza considera que los hechos constituyen posibles delitos de estafa procesal agravada, administración desleal y delito contra los derechos de los trabajadores. La Audiencia ordena la apertura de juicio oral después de que el juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza hubiera archivado la querella que presentaron 56 extrabajadores de la antigua Cacaolat-Sali.
La decisión del tribunal ha sido celebrada por UGT, que asesora a los extrabajadores en su denuncia sobre la dejación de la responsabilidad de gestión por parte de los directivos en el centro de trabajo de Utebo. El caso se remonta a la compra de Cacaolat S.A. en 2011 por parte del grupo de empresas constituido por Cobega, Grupo Damm y la consultora Victory Corporate Turnaround. Cacaolat (cuya propietaria anterior era Nueva Rumasa) estaba compuesta por los centros de trabajo de Utebo y Barcelona y entró en concurso voluntario de acreedores en marzo de 2011. A su proceso de venta concurrieron cuatro empresas y, finalmente, fue el grupo de las tres compañías querelladas el que consiguió la adjudicación.
Adjudicación con un plan que nunca se cumplió
Para la adquisición, la alianza de Cobega, Grupo Damm y la consultora Victory Corporate Turnaround presentó una oferta en la que, entre otras cuestiones, recogía un plan industrial y una inversión en el centro de Utebo que nunca se llegó a ejecutar. En esa oferta se planteaba incluso el aumento de actividad de la planta productiva de Utebo (Zaragoza), lo que permitiría reincorporar a trabajadores afectados por un ERE anterior, algo que no sucedió. El centro de trabajo acabó sufriendo dos expedientes de regulación de empleo y en 2013 se produjo su cierre.
Entre los hechos que investigan los magistrados destaca si se produjo o no un engaño al Juzgado de lo Mercantil por parte del grupo de empresas para lograr esa adjudicación. “Indiciariamente, puede pensarse que lo que realmente interesaba era la adquisición de la planta de Barcelona. No la de Utebo, como lo demuestra lo sucedido”, expone el auto de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso eldiario.es. También recoge que “lo que resulta indiciario es que se elaboró una oferta de adquisición, meridianamente clara, que no se cumplió, porque ya en su momento se sabía que ello era imposible”.
Los directivos querellados
Los querellados como responsables de los hechos investigados en la causa más conocidos son Sol Daurella, presidenta Coca-Cola European Partners, presidenta de Cobega y copresidenta del Grupo Cacaolat (entre otros cargos), así como Demetrio Carceller Arce, presidente de la cervecera Damm y copresidente del Grupo Cacaolat. Carceller Arce, nieto del que fuera ministro de Industria en la dictadura franquista (Demetrio Carceller Segura), ha sido condenado a penas de 13 meses y quince días de prisión como “cooperador necesario” de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, aunque las penas de cárcel fueron sustituidas más tarde por multas tras pactar con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Además, figura como querellado otro importante cargo de Coca-Cola: Victor Rufat García, director general de Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) y director general de Cobega en el momento de la adjudicación. Le acompañan Francesc Lluch Castellvi, director general del Grupo Cacaolat dede febrero de 2012 y antes director del negocio de aguas del Grupo Damm; Luis Victory de Sintas, consejero delegado y administrador de Victory Corporate Turnaround S.L., empresa especializada en consultoría para reestructuración de empresas y que dirigió el proceso de compra; y, por último, Jorge Villavecchia Barnach Galbo, director general de la Sociedad Anónima Damm.
Los directivos denunciados tendrán que justificar ante la justicia cómo se llegó al cierre de la fábrica de Utebo para desmentir una de las valoraciones de la Audiencia, que considera de manera indiciaria que en la oferta del grupo de empresas “se aparentó que se reflotaría la plata lechera de Utebo, cuando en realidad la intención era la de cerrarla y mantener la producción en Barcelona”.
