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El consejero delegado de Endesa: “A medio plazo, el precio de la luz va a bajar”

José Bogas, consejero delegado de Endesa, junto a Ignacio Escolar, director de elDiario.es

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha pronosticado este lunes que “a medio plazo, el precio de la luz va a bajar”, gracias a la entrada en el sistema eléctrico de nuevas plantas de energías renovables, y una vez se ponga en marcha el fondo que ha planteado el Gobierno para sacar de la tarifa el coste de las renovables más antiguas y cargarlo al conjunto de los consumidores energéticos.

En una entrevista con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, que ha clausurado la jornada ‘El camino a la energía limpia’, organizada por este medio, Bogas ha negado que la nueva tarifa eléctrica que entrará en vigor en junio vaya a propiciar “una gran subida de la luz” y ha querido romper “una lanza” a favor del Ejecutivo por implantar este nuevo sistema de tarifas.

En opinión de Bogas, la nueva estructura de tarifas, que como ha reconocido el propio Gobierno no va a abaratar de por sí el recibo, va a “facilitar” la utilización de la electricidad “con precios muy baratos” en las horas con menos demanda para facilitar la entrada del coche eléctrico, si bien propiciará “pequeñas subidas en algunos momentos de punta”, cuando más se consume.

Bogas ha señalado que las subidas del recibo de los últimos meses se explican "clarísimamente" por la evolución de la cotización internacional de los derechos de emisión y del gas natural, y ha explicado que la nueva tarifa va a ser muy beneficiosa para los usuarios de coches eléctricos con el siguiente ejemplo: van a pagar en concepto de peajes eléctricos unos 16 euros anuales, frente a los 200 euros que abonan actualmente. Además, va a beneficiar a otros sectores como el de la agricultura, para el que “va a ser una bendición”.

El primer ejecutivo de Endesa ha insistido en que “sería muy de agradecer un pacto de Estado por la energía” ante la próxima aprobación definitiva en el Congreso, prevista para el jueves, de la Ley de Cambio Climático, que previsiblemente no va a contar con el consenso de todos los grupos políticos.

El directivo ha señalado que el objetivo recogido en esa ley de que en 2030 al menos el 74% de la energía producida en España sea renovable se puede alcanzar, pero es “retador”, porque supone poner en marcha 60.000 megavatios (MW) de nueva energía verde en esta década. Y ha insistido en que “puede ocurrir que haya necesidad de extender la vida de las centrales nucleares” más allá de 2035, como prevé el calendario que han pactado Gobierno y eléctricas.

“Posiblemente” sea necesario mantener no los 7.000 megavatios (MW) nucleares que están operativos, pero sí “alguno” de los reactores si para entonces no hay suficiente potencia de respaldo ni están suficientemente desarrolladas soluciones como el almacenamiento.

El ejecutivo ha vuelto a reclamar que se libere a las nucleares de la fiscalidad que soportan, que hace que “sean caras”, porque para tener una rentabilidad "adecuada”, del 5,5%, como otros negocios regulados, necesitan precios del mercado mayorista del orden de al menos 55 euros por megavatio/hora, de los que unos 15 euros son impuestos. Con las perspectivas actuales, “vamos a cubrir todo el gasto corriente y con suerte vamos a rentabilizar” la operación de una fuente que, ha insistido, “no está amortizada”.

Bogas ha señalado que implementar el plan de recuperación del Gobierno “va a ser muy difícil”, pero no hay ningún elemento para pensar que no va a salir bien. Y ha asegurado que “no es fácil” lograr la descarbonización en una empresa como Endesa, que fue líder nacional del carbón, y que el año que viene será la eléctrica verticalmente integrada que menos emita en la Península, con la perspectiva de que en 2030 el 80% de su producción no tenga emisiones.

La jornada celebrada este lunes, patrocinada por Endesa y con la colaboración de Fundación “la Caixa”, ha sido inaugurada por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera. Durante su intervención, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abogado por una “correcta” incorporación del CO2 que no “merme” la recuperación, y ha apostado por “trabajar aspectos críticos, significativos, que nos permitan contar con una factura eléctrica razonable para consumidores domésticos e industriales".

Antes de la entrevista a Bogas, y durante un debate sobre eficiencia energética, Valentín Alfaya, director de sostenibilidad de Ferrovial y presidente del Grupo de Crecimiento Verde, ha destacado el potencial de los fondos de recuperación “para acelerar la hoja de ruta hacia la transformación de la economía” y en especial las ciudades, mediante la rehabilitación de edificios en un país donde la mitad de los 25 millones de hogares viven en inmuebles construidos antes de la década los 80.

Victoria Pellicer, técnica de energía en la Fundación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia, ha defendido que la financiación público-privada es una “oportunidad” para financiar estas actuaciones, mientras la urbanista y consultora en planificación sostenible Isabela Velázquez ha reclamado un urbanismo centrado en “rehabilitar, reciclar, replantear, hacer planes y transformar sin crecer” tras el crecimiento “desaforado” del siglo XX, integrando en los programas de regeneración urbana la proximidad, la economía local, el intercambio en proximidad de mercancías, y evitando “la dependencia del automóvil”.

Mario Sánchez, economista especializado en renovables y fundador de la empresa de no lucro Ecooo, ha reclamado que los fondos europeos no subvencionen el autoconsumo “sin ningún tipo de filtro”, y apoyen a los barrios “donde hay auténtica pobreza energética”.

Sánchez, cuya empresa ha realizado más de 400 instalaciones de autoconsumo, ha lamentado que de momento esta solución no despegue en edificios colectivos “cuando el retorno de la inversión es incluso más rápido” que en viviendas unifamiliares. Ha recordado que no hay que poner de acuerdo a toda la comunidad de propietarios: "Basta con la tercera parte” y la inversión se recupera “en 6-7 años”. “Todo lo que consigamos poner en la ciudad van a ser paneles que no necesitemos colocar en medio del campo”.

El impacto de las grandes plantas, y en especial las fotovoltaicas, ha centrado el debate previo sobre El nuevo escenario de la generación eléctrica. El presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha advertido del “daño perpetuo y permanente en el medio ambiente y el paisaje” que generan “plantas que ocupen 1.200 hectáreas”, y ha pedido a Transición Ecológica que “regule” contra la “burbuja” de grandes instalaciones.

Una tesis que el director general de la Unión Fotovoltaica Española (Unef), José Donoso, ha negado por su “acientifidad”. “Hay que hacer las cosas bien”, pero dudar de la actuación de la Administración al tramitar los permisos ambientales de las instalaciones equivale a “prevaricación”. Según Donoso, las grandes plantas en suelo son necesarias para cumplir los compromisos de descarbonización y permiten “que hablemos de relocalización de empresas, en vez de deslocalización”. Además, permiten su “reversibilidad”, una vez se desmontan y transcurrida su vida operativa, de unos 25 años.

Rafael González, director de Generación de Endesa, ha señalado por su parte que estas instalaciones son una “bendición” para la España vaciada y ha defendido que grandes y pequeñas plantas “son perfectamente compatibles”. Ha puesto la fotovoltaica de la eléctrica en Totana (Murcia) como “ejemplo clarísimo de mejora de la biodiversidad” de un territorio que antes se dedicaba a la agricultura intensiva.

Assumpta Farran, de la cooperativa catalana Som Energía, ha recordado por su parte que ya surgieron debates similares a este ligados a la energía eólica hace diez años, durante la “cacería” contra las renovables, y ha lamentado que España no se haya “preparado” en este tiempo para tener la solución a esta cuestión.

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10 de mayo de 2021 - 13:22 h

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