Las constructoras avisan de la posible paralización de obras por la subida de precios por la guerra en Oriente Medio

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha advertido de la paralización de obras en España como la pavimentación de carreteras, debido al alza de los precios registrada en las últimas semanas como consecuencia del impacto provocado por la guerra en Oriente Medio, según recoge Europa Press.

En una rueda de prensa convocada para presentar su último informe anual de necesidades de inversión en infraestructuras, su presidente, Julián Núñez, ha alertado de que algunas empresas han experimentado subidas de precios de hasta el 50% en el 90% de sus presupuestos.

“Dudo que se estén ejecutando obras como la pavimentación de carreteras con los precios del betún que hay actualmente, a lo que se suman subidas en el hormigón por encima del 10% o del acero y aluminio, que están generando mucha incertidumbre”, ha señalado.

Por ello, Núñez ha insistido al Gobierno para que adopte una solución urgente de modo que todas las obras puedan acogerse a la revisión de precios de sus contratos con las distintas administraciones y poder trasladar esas subidas de precios y terminar las obras, como ya se hizo con el estallido de la guerra en Ucrania en 2022.

Por ahora, Seopan no ha identificado un problema en la cadena de suministro como sí pasó tras la pandemia de coronavirus. Sin embargo, dada la situación de bloqueo en el paso de Ormuz, el sector está alerta por si llega a afectar a los suministros, en cuyo caso señala que los incrementos de precios serían “mucho más significativos”.

La patronal de las concesionarias ya ha trasladado al Gobierno una serie de propuestas ante esta coyuntura, pero también para aplicarse de forma estructural, y ha recibido una respuesta positiva del Ministerio, aunque desde el Ejecutivo les han advertido de la compleja situación parlamentaria y de la dificultad para aprobar medidas en el Congreso sin consenso.

Por otra parte, Núñez también ha incidido en la baja ejecución presupuestaria del plan de reparación de daños en infraestructuras, instalaciones y servicios de los municipios afectados por la dana de 2024, dotado de 1.621 millones de euros. Por ahora, solo se han licitado 14 contratos por un total de 19,1 millones de euros, el 1,2% del presupuesto total, correspondiendo el 0,9% a ayuntamientos y el 0,3% a la empresa estatal Tragsa.

Núñez ha atribuido ese bajo porcentaje al cambio de criterio que hubo en su día para dejar de licitar contratos de emergencia, lo que supone extender los plazos para garantizar que los ayuntamientos con pocos recursos puedan preparar los contratos con la debida diligencia.

Mantener las infraestructuras requiere más de 12.000 millones

Por otro lado, Seopan ha estimado que las necesidades de inversión en España solo para mantener y conservar las infraestructuras ya existentes ascienden a 127.341 millones de euros en la próxima década, lo que supone un presupuesto de casi 12.700 millones de euros cada año.

Sin embargo, el país necesitará también construir nuevas infraestructuras y adaptar las ya existentes, lo que requiere de otros 280.000 millones de euros, ascendiendo la suma global de necesidades de inversión en infraestructuras en España durante los próximos 10 años a 407.341 millones de euros.

En el capítulo de mantenimiento, el cálculo de 127.341 millones de euros se distribuye en 58.369 millones para la conservación de carreteras, 20.280 millones para el mantenimiento ferroviario y 48.692 millones en infraestructuras hidráulicas.

“Es preocupante que en 2024 invirtamos solo el 52% de lo que se invertía en 2009 y que áreas tan urgentes como el transporte, el abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales hayan pasado de representar el 3,9% del gasto público total en 2008 al 1,7% en 2024. Es momento de pasar de una etapa de infrafinanciación a una de impulso decidido, con visión estratégica y una apuesta firme por la inversión y la colaboración público-privada”, ha indicado Núñez.

Frente a todo ello, la patronal de las concesionarias plantea un cambio de modelo que se base en tres pilares: mayor inversión pública, reactivación de la colaboración público-privada y nuevas fórmulas de financiación.

En este sentido, asegura que la tarificación viaria es la alternativa más eficaz para garantizar la conservación y calidad de las carreteras sin aumentar impuestos ni comprometer otros servicios públicos.

Seopan ha calculado que un sistema de pago por uso por distancia con un promedio de 111 euros anuales por usuario permitiría generar hasta 43.260 millones de euros en una década, destinados a la conservación de la red, la transición ecológica y la digitalización, además de aportar 4.100 millones de euros de recaudación por el impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices) en 2.680 municipios.