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El bufete que contrató a Santamaría gana otro pleito a España por las renovables: nueva condena por 30 millones

La sicav maltesa OperaFund y la firma suiza Schwab Holdings, asesoradas por Cuatrecasas, reclamaban al Estado una indemnización de 42,8 millones

Es la tercera victoria para clientes de este despacho desde que en marzo anunció el fichaje de la exvicepresidenta del Gobierno

Sáenz de Santamaría, junto a José Manuel Soria y Luis de Guindos en febrero de 2013.

Sáenz de Santamaría, junto a José Manuel Soria y Luis de Guindos en febrero de 2013.

Cuatrecasas, el bufete que en marzo pasado anunció el fichaje de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría como socia y consejera, ha logrado una nueva victoria para otro de los clientes a los que asesora en las denuncias de inversores internacionales contra España por los recortes a las energías renovables al amparo de la Carta de la Energía.

Tal y como avanzó Global Arbitrarion Review, el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial que concentra buena parte de los procedimientos contra España, ha reconocido a la sicav maltesa OperaFund y la firma suiza Schwab Holdings AG el derecho a cobrar una indemnización de 30 millones de euros por esos recortes a las energías renovables.

Ambas firmas reclamaban una indemnización de 42,8 millones y presentaron su denuncia en 2015, dos años después de la reforma eléctrica de José Manuel Soria. El laudo del Ciadi se dictó el 6 de septiembre con el voto discrepante de uno de los tres árbitros, el francés Philippe Sands, nombrado por España. Es el tercer caso que gana Cuatrecasas desde que anunció el fichaje de Santamaría como socia del área de mercantil para liderar la práctica de Corporate Compliance.

El bufete, que en agosto pasado se apuntó otra victoria con el caso fallado por el Ciadi a favor de la firma InfraRed, es la firma española que más denuncias contra España ha logrado captar hasta ahora en estos procedimientos. Con este caso, España ya acumula once condenas por un importe que suma más de 800 millones. España ha recibido unas 40 demandas en total y la cuantía reclamada pendiente de resolverse ronda los 8.000 millones.

Se trata de los laudos de SolEs Badajoz (41 millones de indemnización); Nextera (290 millones); Antin (101 millones); Masdar (64,5 millones); Eiser (128 millones); Novenergia (53,3 millones); 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones); Demeter y Cube (33 millones), el penúltimo, en agosto, el de Infrared Environment Infrastructure, que reclamaba 92 millones aunque no se conoce la cuantía reconocido y este último, por 30 millones. Entre todos, las condenas conocidas suman unos 832 millones, tal y como apunta Cinco Días.

Hasta ahora, España ha logrado diferir el pago de esas compensaciones y en el caso de los litigios planteados por inversores europeos, tiene de su lado a la Comisión Europea. Bruselas cuestiona los arbitrajes fallados al amparo de tratados bilaterales de inversión como la Carta de la Energía cuando quienes denuncian son inversores de la UE, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el denominado caso Achmea, que en marzo del año pasado confirmó que los acuerdos de arbitraje en los tratados bilaterales entre Estados miembros son incompatibles con las normas comunitarias.

El hachazo a las renovables es, junto a la creación del Banco Malo, una de las decisiones del Gobierno de Rajoy de las que más se ha beneficiado en los últimos años Cuatrecasas. Se trata de decisiones que no fueron responsabilidad directa de Santamaría, si bien la entonces vicepresidenta supervisó, frenó, impulsó y dio el visto bueno a todas las normas de los gobiernos del PP durante más de seis años como responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, encargada de dar cada miércoles el visto bueno a lo que posteriormente se aprueba en el Consejo de Ministros.

La exvicepresidenta aterrizó en Cuatrecasas cuando no habían pasado ni nueve meses desde su salida del Gobierno, tras cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de incompatibilidades. Su desembarco llegó en momento en el que el bufete no ha terminado de recuperarse del mazazo que supuso para su reputación la condena, en 2015, para su anterior presidente por ocho delitos contra la Hacienda pública.

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