El CSIC usa una práctica ilegal para evitar hacer fijos a cientos de trabajadores

El mayor organismo público de investigación de España hace trampas para protegerse ante trabajadores que denuncian que sus contratos temporales deberían ser indefinidos. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) está haciendo firmar a los investigadores, que a su vez necesitan contratar a personal temporal, un documento, independiente del contrato. Se trata de una estrategia para evitar que estos nuevos empleados reclamen judicialmente tener funciones de personal indefinido.

En un primer momento, el CSIC paralizó todas las ofertas de contratación temporal en las que la persona que conseguía la puntuación más elevada para obtener la plaza había ganado previamente un juicio laboral al organismo. eldiario.es ha tenido conocimiento de esta práctica a través de una denuncia en Filtrala.org, la herramienta de filtraciones anónimas en la que colabora con Diagonal, La Marea y la revista Mongolia, que han confirmado varias fuentes diferentes. “Había una lista negra de trabajadores: cada vez que salía una plaza por concurso de méritos y la ganaba alguien que había denunciado al CSIC, el organismo paralizaba el proceso”, dice una fuente sindical que prefiere no ser identificada.

CCOO recurrió ante los tribunales la lista negra y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se declaró competente para juzgar la causa. El organismo reculó y buscó una alternativa para no mantener esas plazas congeladas: hacer firmar a todos los investigadores principales que contrataban a esas personas un documento en el que declaraban que las funciones de ese trabajador eran coyunturales, y no estructurales, para de esa forma evitar recursos judiciales.

Se trata de una práctica que, según varias fuentes consultadas, es claramente ilegal y vulnera el artículo 24 de la Constitución que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva. El organismo ha comenzado a hacer firmar estas declaraciones después de que en los últimos años decenas de trabajadores hayan ganado juicios en los tribunales en los que se probaba que sus puestos de trabajo eran estructurales y no coyunturales y que, por tanto, el final de su contrato era en realidad un despido improcedente.

Es una práctica que se ha extendido a todos los investigadores que contratan a su vez a investigadores por obra y servicio: además de firmar un primer documento cuando se formaliza el contrato, el CSIC hace que cada investigador firme una declaración similar cada cuatro meses en la que el trabajador tiene también que dar su consentimiento. No solo eso, los investigadores denuncian también que el organismo les presiona para que cambien las funciones descritas en el contrato cada vez que se produce una renovación, aunque estas sean las mismas.

“Al final, sabemos que es una contratación en fraude de ley, pero no nos dejan otra salida”, dice una investigadora que ya ha tenido que firmar una declaración inicial por contratar a personal en obra servicio y que critica la pérdida de plantilla que se ha producido en los últimos años. “Nos dicen que cambiemos las funciones en el contrato y no entienden que muchas veces tienen que ser las mismas porque seguimos líneas de trabajo. Es una forma de amenazar y asustar al personal para que reduzcamos la contratación”, denuncia.

Actualmente, el organismo cuenta con cerca de 10.000 trabajadores, de los que apróximadamente 2.500 son laborales temporales y, por tanto, están afectados por estas medidas. “El problema es que hay un déficit de plantilla, y eso acaba haciendo que muchas de estas funciones sean estructurales. Sin esta gente, esto se venía abajo”, dicen fuentes sindicales.

Contenido de la declaración

En la primera declaración que el CSIC hace firmar a los trabajadores, a la que ha tenido acceso eldiario.es, consta que las tareas descritas en la propuesta de contratación “son de carácter temporal (...) no siendo necesarias con carácter permanente ni estructural para la actividad habitual del Centro”.

Varias fuentes consultadas consideran que se trata de una práctica ilegal que busca restringir derechos. “Da igual lo que le hagas decir a un trabajador en una declaración, la naturaleza del servicio que desempeña está ahí”, explican. Esta estrategia del CSIC vulnera, además, el artículo 24 de la Constitución que reconoce a todas las personas el derecho a la tutela judicial efectiva sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Es decir, en este caso los trabajadores siempre podrían acudir a los tribunales sin que el organismo para el que trabajan pueda llevar a cabo prácticas que interfieran en ese derecho.

Hace dos años, el investigador Emilio Lora-Tamayo fue nombrado presidente del CSIC. Fue entonces cuando Lora-Tamayo encargó un informe a Hacienda sobre el estado del organismo. En ese informe se mencionaban, entre muchos otros asuntos, los numerosos casos de trabajadores que había llegado a los tribunales. Desde entonces, según varias fuentes, Hacienda presiona con dureza para que el CSIC ponga remedio a estos casos, por los que 'se cuelan' muchos trabajadores en un momento en el que la oferta pública de empleo está congelada y el Gobierno vigila que los organismos públicos no aumenten sus plantillas.

Una enmienda para recortar empleo público

Los puestos de los trabajadores indefinidos no fijos (son los casos en los que una sentencia declaró en fraude de ley el contrato de esos trabajadores con la administración y pasaron a tener la categoría de indefinidos, pero que aún no han superado un proceso de selección que les de esa plaza como 'fijos' ) de todos los organismos públicos están en peligro. El PP ha presentado en el Senado una enmienda al Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público que abre la puerta a que en esas plazas puedan ser amortizadas sin más consecuencias para la administración.

Según la enmienda, si hay una declaración judicial de irregularidad en un contrato, la administración deberá seguir contando con ese trabajador siempre que su puesto sea considerado “de necesaria cobertura” y hasta que se convoque una plaza para ese puesto. Si, en cambio, ese puesto de trabajo no es “de necesaria cobertura”, la administación podrá amortizar esa plaza sin que haya ninguna consecuencia.

La Federación de Servicios de CCOO ha criticado duramente esta propuesta que, señalan, se ha presentado sin que medie ninguna negociación con los agentes sociales. El sindicato asegura que se trata de una forma de dar “carta blanca” a las administraciones para que contraten con la certeza de que sus decisiones apenas tendrán consecuencias jurídicas y de precarizar el empleo publíco. De aprobarse, la medida afectaría a miles de trabajadores de las administraciones.

[Actualización: El grupo popular en el Senado ha retirado la enmienda que afectaba a los indefinidos 'no fijos' de la administración]

Documento que el CSIC envía a sus investigadores