Dos ex directivos de FCC ratifican ante la Fiscalía de Panamá el pago de sobornos a cambio de contratos

Dos exdirectivos de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) han ratificado ante la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá el supuesto pago de sobornos a cambio de la adjudicación de contratos en ese país en el periodo 2009-2014, durante la presidencia de Ricardo Martinelli.

Según recoge este jueves el diario panameño La Prensa, los ex directivos de la constructora española, Julio Casla y Eugenio de Barrio, declararon al Ministerio Público que su jefe inmediato, Avelino Acero, ex director general de Construcción de FCC y hoy jubilado, se reunió con el entonces ministro de Obras Públicas Federico Suárez, quien les habría trasladado que para que el Estado pagara deudas de proyectos anteriores debían “pagar una coima [un soborno] del 10%” y ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos.

Los declarantes señalaron que esta práctica también fue asumida por otras empresas como la brasileña Odebrecht y el consorcio formado por la mexicana ICA y la costarricense Meco.

Según La Prensa, estas constructoras se reunieron en las oficinas de Odebrecht para repartirse diferentes contratos y acordar los precios de las licitaciones. Según estos testimonios, uno de los interlocutores entre FCC y el entonces ministro de Obras Públicas era el abogado Mauricio Cort, considerado el testaferro de Ricardo Martinelli, detenido en Panamá y señalado por la Fiscalía como la persona que gestionaba, recibía y transfería los fondos ilegales.

Sobrecostes de más de 100 millones

La investigación a la constructora española, que arrancó en abril de 2017 por el pago de supuestos sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en una obra adjudicada en la capital panameña, “está abierta”, según dijo hace unos días a EFE el nuevo fiscal de Panamá, Eduardo Ulloa. “Lo que le hemos pedido a los fiscales Anticorrupción y se lo hemos reiterado es que traten de meterle el mayor dinamismo, la mayor celeridad a esas investigaciones”, dijo Ulloa.

En diciembre, un juzgado panameño otorgó a la Fiscalía un año más para que amplíe la investigación a FCC por el caso, relacionado con la reordenación vial de Ciudad de Panamá y en el que hay imputadas 14 personas por delitos de corrupción y blanqueo de capitales.

FCC también es investigada en España, donde ya ha comparecido ante la Audiencia Nacional y explicado detalles sobre el pago, a través de facturas simuladas, de 82 millones de dólares en comisiones para contratos públicos en Panamá y por las que está siendo investigada por corrupción y blanqueo.

El expresidente Martinelli fue declarado el año pasado “no culpable” de los delitos de escuchas ilegales y malversación de caudales públicas, después de que el Supremo panameño se inhibiera en el caso tras haber logrado su extradición desde Estados Unidos.

Caso Odebrecht

Las investigaciones de FCC tienen su origen en el denominado caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, que el nuevo fiscal general de Panamá se ha propuesto reactivar. Ulloa asumió el cargo el 2 de enero para un período de 5 años tras renunciar su antecesora, Kenia Porcell, por un escándalo por filtraciones telefónicas del expresidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) que suscitaron dudas sobre su imparcialidad.

La investigación a la constructora brasileña estuvo detenida varios meses después de que un juzgado negara a la Fiscalía una nueva prórroga, la segunda, para continuar las pesquisas.

Un informe difundido por Porcell antes de salir del cargo indica que en el caso Odebrecht, que se inició en enero de 2017, hay 82 personas imputadas por blanqueo, soborno internacional y corrupción, y que 16 personas aceptaron su participación en esos hechos a través de acuerdos de condena de colaboración validados judicialmente.

Ulloa no descartó que se revise el acuerdo alcanzado por la Fiscalía con Odebrecht y validado por un tribunal panameño, que incluye el pago de 220 millones de dólares por parte de la constructora, porque con posterioridad al mismo han surgido “informaciones sobre una serie de actividades de la empresa en Panamá” que no fueron tomadas en cuenta.