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Las empresas adjudicatarias presionan a Fomento para que imponga una tasa por el uso de las autovías

El tráfico en las vías de peaje se ha hundido a niveles de hace quince años.

Carmen Moraga

El PSOE está convencido de que el Ministerio de Fomento está estudiando seriamente la posibilidad de implantar una tasa o peaje por el uso de las autovías públicas como fórmula recaudatoria para poder sufragar obras en infraestructuras. El número dos de Ana Pastor, Rafael Catalá, lo dejó caer hace unos días ante la patronal de la construcción y las concesionarias, el lobby que más presiona al Gobierno para que acometa en cuanto pueda la medida implantada ya en algunos países europeos, como Alemania.

La idea no es nueva. Ya la dejó caer Esperanza Aguirre hace un año con el argumento de que “los ciudadanos deben colaborar económicamente al mantenimiento de algunas carreteras y autovías regionales”, aunque ya paguen impuestos. La medida fue aplazada. Pero las alarmas han saltado después de las 'reflexiones' realizadas durante unas jornadas públicas por el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, quien reiteró la necesidad de “ir trasladando al ciudadano el concepto de pagar por usar las infraestructuras”.

“En España tenemos un magnífico patrimonio de infraestructuras y hay que administrarlo, y hay que ir trasladando al ciudadano el concepto de que hay que mantenerlo y que su conservación debe asumirse por quienes lo usan”, declaró el responsable de Fomento ante un foro de empresarios de ASETA, la patronal de empresas concesionarias de las autopistas, túneles, puentes y vías de peaje. Su presidente, José Luis Feito (que recomendó a los parados aceptar un trabajo “aunque sea en Laponia”), que preside también la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, aplaude con entusiasmo la propuesta que de entrar en vigor podría suponer para las arcas del Estado unos ingresos al año de entre 3.000 y 10.000 millones de euros.

En el PSOE creen que Catalá ha querido lanzar un globo sonda. Por si acaso, acaban de pedir su comparencia en el Congreso para que explique si está dentro de sus planes poner en marcha a medio plazo algún tipo de peaje tanto para vehículos particulares como para camiones de transportes de mercancías. “Queremos que el secretario de Estado nos dé garantías de que no habrá peajes de ningún tipo al menos durante esta legislatura, porque los ciudadanos ya están soportando demasiadas tasas e impuestos en estos tiempos de crisis”, explica a eldiario.es el portavoz de Fomento del Grupo Socialista, Rafael Simancas, que se reserva además la presentación de una proposición no de ley en este sentido si las explicaciones de Catalá no les satisfacen.

No obstante, Simancas cree que detrás de todos estos comentarios se esconde la necesidad imperiosa de recaudar dinero para cubrir las enormes pérdidas económicas que están sufriendo las concesionarias de autopistas de peajes, “que quieren quitarse de encima” un negocio que no está funcionando como esperaban. Buen ejemplo de ello son las radiales de pago que no han cumplido las expectativas y arrastran fuertes pérdidas en casi todas las comunidades donde se planificaron.

Lo cierto es que la patronal del sector presiona desde hace tiempo al Gobierno para que en España se implante fórmulas “solidarias” para financiar la construcción de infraestructuras de transporte que contrarresten los recortes presupuestarios. Los empresarios recuerdan que en algunos países, como Alemania y Austria, lleva tiempo aplicándose la llamada 'euroviñeta', sistema de imposición de tasas a los camiones que circulan por las carreteras. Esta directiva europea tiene en la actualidad carácter voluntario.

Simancas cree que si en España se cobrara esa tasa, tendría un “impacto tremendo” tanto para el consumidor, porque encarecería los productos, como para el sector de transporte que ya sufre bastantes cargas impositivas. “Cuando preguntamos a la ministra Ana Pastor al respecto siempre nos contesta que este asunto ”no está encima de su mesa“, pero eso no nos tranquiliza porque sí puede estar en la de los técnicos del Ministerio”, afirma Simancas.

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