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Garzón rechaza más licencias de juego online y Competencia lo avala: “Existen razones imperiosas de interés general”

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en una imagen de archivo.

Antonio M. Vélez

18 de octubre de 2021 22:39 h

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El pleno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) respalda que el Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, dé portazo al sector del juego online al denegar la concesión de nuevas licencias para esta actividad.

“Es evidente”, dice Competencia, que “existen razones imperiosas de interés general que justifican la denegación de la solicitud de promover la convocatoria para el otorgamiento de licencias generales de juego online, como son la protección de los consumidores y la prevención del fraude y de la incitación a los ciudadanos al gasto excesivo en juego”.

El organismo ha rechazado una reclamación presentada el 26 de agosto por un operador que recurrió la negativa del ministerio que, aseguraba, equivale “a un cierre de mercado, ya que no se podrá solicitar la apertura de una nueva convocatoria hasta que hayan transcurrido 18 meses”. La recurrente alegaba una supuesta vulneración de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

En julio, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), adscrita al Ministerio de Consumo, rechazó la petición del operador apelando a la “creciente sensibilidad social” sobre este asunto y “la necesidad de reforzar la protección de los efectos más negativos de la práctica del juego no sólo de los participantes, sino también de sus familiares y entornos más cercanos”.

Según expuso la DGOJ, “en estos momentos, la convocatoria de un nuevo procedimiento de otorgamiento de licencias generales traería como resultado un incremento del número de operadores de juego de ámbito estatal con título habilitante, con el consiguiente aumento de la oferta global de juegos existente en el mercado y de la inversión publicitaria dirigida a residentes en España”, sin que entonces estuviera todavía plenamente vigente el drástico recorte a la publicidad del sector que se ha hecho efectivo a finales del verano.

Desde que Garzón llegó a Consumo a principios de 2020, la DGOJ no ha expedido ninguna licencia de juego online. Actualmente, según la web de la DGOJ, hay vigentes 78 autorizaciones concedidas entre 2012 y 2019, tras tres convocatorias lanzadas en noviembre de 2011, octubre de 2014 y diciembre de 2017. Según fuentes de Consumo, la DGOJ ha recibido en el último año tres peticiones para que se otorguen nuevas licencias. Ninguna ha tenido éxito.

Nueva temporada

Fue a partir del pasado 31 de agosto, con el inicio de la nueva temporada futbolística, cuando se restringió drásticamente la publicidad de operadores de juego a la franja de madrugada y se prohibieron los patrocinios de clubes por parte de empresas del sector, tras finalizar el periodo de carencia que dio el decreto que aprobó el Gobierno hace casi un año.

No ha sido fácil”, dijo entonces Garzón sobre un decreto que se inspiró en la experiencia del confinamiento y que recurrieron las empresas de juego online, los clubes de fútbol españoles y la patronal de la prensa tradicional.

El ministro ya advirtió en agosto de que el decreto de publicidad “no agota el problema” de la proliferación de casas de apuestas. Como complemento a esta medida, contra la que cargaba recientemente en Estados Unidos Codere, el Gobierno ha planteado un Real Decreto de juego seguro que entre otras cosas, propone prohibir el uso de tarjetas de crédito a jugadores “intensivos” y aquellos que tengan comportamientos “de riesgo”.

El borrador, que prevé que los jugadores de plataformas de apuestas y otros juegos tengan que establecer la cantidad máxima a apostar y fijar un tiempo máximo de juego, acaba de ser remitido a la Comisión Europea.

El operador que recurrió la negativa de la DGOJ a otorgar nuevas licencias argumentaba que “con toda la regulación en vigor y la proyectada, la situación normativa del sector da respuesta suficiente” a las salvaguardas que puede implantar la Administración para acotar los efectos perniciosos de esta actividad. También aseguraba que los argumentos de Consumo no estaban “respaldados con estadísticas que demuestren una elevada incidencia entre la población de adicción al juego o de acceso al juego de menores”.

Según las encuestas que maneja el Gobierno, existe una franja de entre un 0,5% y un 0,9% de la población con un trastorno patológico del juego, “pero en torno a un 5% de los jugadores presentan un posible juego problemático”, explica el Ejecutivo en una reciente respuesta parlamentaria.

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