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La gestión pública de la energía se abre paso en varias regiones entre el rechazo a los macroproyectos renovables

El parque eólico de Pebesa, uno de los primeros en los que la catalana L'Energètica tendrá participación.

Antonio M. Vélez

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La gestión pública de la energía a través de entidades de ámbito autonómico o municipal se abre paso en algunas regiones de España y es una apuesta de varias formaciones de izquierda de cara a las elecciones del 28 de mayo. El goteo de anuncios llega en un contexto de boom de las renovables al que obliga el proceso de transición energética. Un proceso que se está topando con un creciente rechazo a los macroproyectos de eólica y fotovoltaica.

En el ámbito estatal, España ha obviado el modelo francés de una eléctrica pública (EdF fue rescatada por el Estado el año pasado) mientras inversores estatales foráneos copan las energéticas. En el Gobierno central, la idea de una empresa pública de energía, habitual en otros países europeos como Suecia, Noruega, Francia, Alemania o Italia, se ha quedado en un cajón.

El PSOE siempre fue reacio a esa propuesta. Unidas Podemos lleva años defendiéndola y los socialistas acabaron tumbándola en el Congreso, aunque en agosto de 2021, cuando la luz empezó a dispararse en el inicio de la crisis energética que explotó con la invasión rusa de Ucrania, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, llegó a ponerla sobre la mesa.

La respuesta española a los disparatados precios que la energía alcanzó en 2022 fue dar la batalla en el ámbito de la regulación en la UE, con la exitosa solución ibérica. Ahora la pelea se centra en la reforma europea del mercado eléctrico que empieza a discutirse en Bruselas.

A escala más local sí ha habido movimientos. Como recuerda Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica de la consultora Be Bartlet, durante décadas y hasta la privatización total de Endesa, a finales de los 90, España sí tuvo una gran empresa pública de energía para acometer las millonarias inversiones que requería desplegar las redes eléctricas o poner en marcha plantas de energía nuclear o carbón. Y ahora que se trata de descarbonizar, el enfoque es mucho más local y con una perspectiva centrada en la sostenibilidad, y no solo la ambiental.

“Es muy curioso que el driver es mucho más social, de generación de valor compartido y en el territorio, y con un alcance más concreto, limitado y quirúrgico”, resume al teléfono Labanda.

Este experto cree “lógico” que desde la regulación hayan proliferado propuestas de intervención ante la impresión en los poderes públicos de que, con todas las autorizaciones ambientales concedidas en los últimos meses a miles de MW renovables, “también tiene que haber una respuesta”. No basta con que sea la iniciativa privada “la que establezca cuáles son las mejores formas de trabajar”. Se trata de contribuir desde lo público con “parte de las soluciones que contribuyen al contrato social del desarrollo renovable”.

De cara al 28M, en el que están en juego los gobiernos de 12 comunidades autónomas, 8.131 ayuntamientos y 41 diputaciones, el asunto del encaje de las energías limpias en la vertebración del territorio cobra especial importancia, tras el ruido generado en los últimos meses por las manifestaciones en distintos puntos del país bajo el lema “Renovables sí, pero no así”.

Mientras las líneas maestras de los programas electorales para las autonómicas de las grandes formaciones, como el PSOE o el PP, tienen alusiones genéricas a la necesidad de un despliegue ordenado de las renovables, en este contexto hay que leer anuncios como el futuro impuesto aragonés a las grandes instalaciones eólicas y fotovoltaicas que acaba de concretar el presidente, Javier Lambán. Con él el Gobierno aragonés pretende recaudar 31 millones de euros, según ha desvelado esta semana el socialista, que aspira a un tercer mandato.

En otras regiones se han anunciado iniciativas que de una u otra forma tratan de revertir en la ciudadanía los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan sus recursos naturales. También desde la derecha. Uno de los últimos ejemplos es la empresa mixta anunciada en marzo por la Xunta de Galicia, antiguo feudo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para participar en proyectos eólicos y de otras energías renovables y también en otros de uso intensivo de minería o agua.

“El objetivo es establecer una serie de mecanismos para que los frutos del aprovechamiento de nuestros recursos naturales reviertan en Galicia”, indicó hace unos días el presidente gallego, el popular Alfonso Rueda. En un principio la Xunta fue incapaz de precisar si esa futura empresa tendría mayoría pública. Finalmente ha aclarado que su participación será minoritaria, al estilo del modelo que utiliza desde hace años en la regasificadora Reganosa, en Mugardos (A Coruña).

Esto, según el vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde, permitirá “un plus de agilidad en la gestión” y “que los inversores puedan participar”. Pero la Administración podrá vetar decisiones clave de la futura empresa y priorizar los proyectos según su contribución económica y social al territorio, por encima de otros criterios. El anteproyecto de la futura ley de aprovechamiento de recursos naturales que acaba de sacar a consulta pública la Xunta también contempla crear un canon para gravar las líneas eléctricas que conectarán los parques de la energía eólica marina.

En Catalunya está en marcha desde finales de 2022 L’Energètica, presentada en marzo. En este caso es una sociedad 100% pública centrada en la inversión en renovables y en autoconsumo de la Administración, para la que comercializará la energía que genere (no está destinada a los clientes particulares), el impulso a las comunidades energéticas y, a largo plazo, la recuperación para el sector público de concesiones hidroeléctricas de dominio autonómico que están en manos privadas.

L'Energètica parte con un presupuesto de 25 millones y una potencia de unos 20 megavatios (MW) ya instalados en los edificios de la Generalitat. El Govern se ha propuesto instalar entre 2023 y 2027 un mínimo de 142 MW de energía solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo en sus edificios, con el objetivo de alcanzar 330 MW para 2030.

Antes que la empresa pública catalana surgió la creada en Baleares en 2019 para impulsar el autoconsumo compartido, con especial foco en los consumidores vulnerables. Hasta enero, el Instituto Balear de la Energía (IBE) tenía en marcha más de medio centenar de proyectos en 26 municipios que verán la luz este ejercicio, para el que ya cuenta con un presupuesto de 26,2 millones.

Un vistazo a los programas electorales para el próximo 28M muestra que la idea de poner la energía en manos públicas sigue muy presente en algunas formaciones de izquierda. Unidas Podemos lo plantea en Canarias, en Extremadura o en Navarra, donde defiende que esa futura agencia autonómica opere en todas las patas del negocio eléctrico: generación, transporte y distribución y comercialización. En la comunidad foral, EH Bildu también ha planteado una propuesta similar.

En la Comunidad de Madrid, Más Madrid, al estilo de L'Energética, propone crear una Agencia Madrileña de la Energía “para coordinar e impulsar la transición energética en la región, con capacidad para comercializar la energía renovable sobrante producida en los edificios públicos”. Un modelo que la candidatura de Rita Maestre plantea replicar a escala municipal en el Ayuntamiento de Madrid, y que se centraría “en la producción, gestión, planificación y coordinación del uso racional de la energía en las infraestructuras municipales”.

La formación de la actual líder de la oposición madrileña, Mónica García, plantea crear medio millón de tejados solares en la Comunidad de Madrid que alberguen entre 3 y 4 gigavatios (GW) de autoconsumo, sumar 5 o 6 GW en instalaciones fotovoltaicas de suelo, “preferiblemente en plantas de pequeño y mediano tamaño y con participación ciudadana”, y producir el 50% de la electricidad que se consume en 2030 en Madrid.

Proyectos del Canal

Con ello, esta región, como señala Más Madrid en su programa, dejaría de ser un “sumidero” de energía que depende de otras regiones para satisfacer su demanda. No obstante, desde hace muchos años Madrid cuenta con un relevante operador hidroeléctrico de propiedad pública, el Canal de Isabel II.

La centenaria empresa de aguas, que el PP de Esperanza Aguirre amagó con privatizar hace unos años (antes de la detención del expresidente Ignacio González por las presuntas irregularidades en la entidad), tiene una filial de energía desde hace 20 años con nueve centrales hidroeléctricas y un total de 107 MW de generación distribuidos en más de 80 instalaciones. El Canal también tiene ambiciosos planes para apoyar la transición verde. En este caso el objetivo es satisfacer su propia demanda.

Hace unos días, la entidad anunció una nueva inversión de 27,7 millones para la construcción de ocho plantas fotovoltaicas con 13,6 MW, que se suman a los 20,5 millones anunciados en enero para otras doce fotovoltaicas con 17 MW. El Canal lanzó en 2021 un Plan Solar para instalar 36 MW para ser energéticamente autosuficiente en 2030. La inversión total estimada es de unos 55 millones.

En el ámbito local, también han proliferado iniciativas que van más allá de las decenas de agencias de energía y organismos públicos que existen desde hace tiempo en España, con competencias en la ejecución de las políticas energéticas, en la gestión energética y en el fomento de la eficiencia energética y las renovables. Y hay ya en marcha diferentes experiencias de eléctricas públicas que en muchos casos tienen como primer objetivo reducir la factura energéticas de los ayuntamientos.

Entre las últimas en anunciarse está la empresa mixta municipal de energía que el Ayuntamiento de Valencia, tercera ciudad más poblada de España, anunció a principios de este año, que tendrá un 49% en manos privadas y prevé invertir 73 millones en placas solares; o Reus Energia (recién constituida por el ayuntamiento de esa localidad tarraconense), o la que anunció el Ayuntamiento de Manresa el pasado octubre.

Se sumarían a iniciativas ya conocidas como Barcelona Energía, creada en 2019 con el objetivo de dar luz a 20.000 hogares, y que, si se atiende a su cartera de clientes, ha tenido unos resultados discretos: en 2021 apenas contaba con 2.500, un 12,5% del objetivo inicial. A mayo de 2022 contaba con unos 10.300 puntos de suministro, de los que algo más de la mitad eran clientes privados.

Otras más veteranas son Eléctrica de Cádiz, que opera desde hace más de 20 años, con unos 48.000 clientes, y que tiene como mayor accionista (55%) al consistorio gaditano, o la Agencia Energética Municipal de Valladolid (AEMVA).

Entre las formaciones que plantean eléctricas municipales en sus propuestas para el 28M están Más País (que ha propuesto crear una red de agencias municipales en Andalucía), Adelante Andalucía (en Jerez), Izquierda Unida (en Chiclana) o la confluencia de izquierdas ‘Con Ronda’, en ese municipio malagueño.

Algunas de estas iniciativas se han quedado por el camino, caso del operador energético municipal que se anunció en Pamplona en 2018, que fue liquidado en 2020 tras no haber podido operar ni inscribirse en el Registro Mercantil, al estar el consistorio pamplonica sujeto a un plan financiero-fiscal del Gobierno de Navarra por no haber ejecutado inversiones financieramente sostenibles.

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