El Gobierno acelera la puesta en marcha de un laudo arbitral para acabar con el conflicto de El Prat
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha informado este domingo de que ya está en marcha el procedimiento para la aprobación del laudo de arbitraje obligatorio del conflicto laboral de los trabajadores de seguridad de Barcelona El Prat, y ha añadido que, a lo largo del fin de semana, el Ejecutivo ha comenzado con los preparativos para llevarlo a cabo.
“De hecho ya ha habido una petición formal, por parte de Fomento, a la Abogacía del Estado que está y ha estado durante el fin de semana el informe pertinente para poder trasladarlo al Ministerio de Empleo y de ahí trasladarlo al Consejo de Ministros, que es quien tiene que dar el primero de los pasos para constituir o formalizar la designación de un árbitro y, en segundo lugar, darle el tiempo necesario para la elaboración de la propuesta que tendrá un carácter vinculante para las partes”, ha señalado el ministro.
De la Serna ha defendido que, en este proceso para la resolución del conflicto laboral, ha habido dos fases que “han fracasado”, por lo que la Administración General del Estado es la “competente” para asumir el laudo de arbitraje obligatorio.
Asimismo, ha explicado que “en estos momentos se están trasladando a Cataluña” agentes de la Guardia Civil para reforzar la seguridad en los controles.
De la Serna ha criticado la “postura muy inmovilista” del comité de huelga tras lamentar el rechazo a una propuesta “razonable”.
Ha subrayado que el Gobierno no está dispuesto a que “la decisión de unos pocos, 150, afecte a millones de españoles y turistas que utilizan estos días el Aeropuerto del Prat”.
El ministro ha reiterado que ante el “evidente” problema de seguridad y de orden público que se puede producir en El Prat con la huelga indefinida que comienza mañana.
El conflicto laboral que mantiene en vilo el aeropuerto del Prat se endurecerá a partir de este lunes. Así lo ha decidido la asamblea de trabajadores de Eulen este domingo, que ha rechazado por 150 contra 36 votos la propuesta de mediación de la Generalitat, que contemplaba aumentos salariales de 200 euros en las 12 pagas ordinarias par los trabajadores de menores sueldos.
