El Gobierno acusa al regulador europeo de “no abordar los problemas de fondo” en su análisis sobre el mercado eléctrico

Que no se toque el mercado eléctrico. Es lo que defiende la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de la Unión Europea (ACER), en el informe que le pidió la Comisión Europea en octubre pasado y que ha publicado este viernes. El informe, además, viene después de que en una cumbre europea, a petición de España y otros países, se abriera el debate en otoño pasado sobre la posible reforma del mercado eléctrico, antes de que se vivieran los efectos de la invasión rusa sobre Ucrania. España, junto con Francia y otros países del sur, pedía que el precio de la energía más alta, por poca que entrara en el mercado, no marcara el precio del conjunto de eléctrico.

España, que junto con Portugal ha reconocido una excepción para poner limitar el precio del gas durante los próximos 12 meses como medida temporal por la crisis, también apostaba por reformar el mercado. En este sentido, el Gobierno considera que el informe “no ha abordado los problemas de fondo”.

“El informe de ACER reconoce que el diseño actual del mercado eléctrico europeo no está preparado para afrontar situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. También reconoce que hay una mayor volatilidad de precios en los mercados menos interconectados, como es el caso de la Península Ibérica. Con vistas al futuro, plantea algunas de las soluciones propuestas y defendidas por España, como fomentar los contratos a largo plazo con aval público o aumentar la participación de agentes independientes de las grandes firmas en el mercado mediante subastas”, afirma el Gobierno español: “Sin embargo, apunta que el diseño del mercado no es una de las causas de la crisis de precios, cuando lo es claramente, desde el momento en que amplifica la volatilidad y la crisis de precios en el mercado gasista, perjudicando a los consumidores y drenando recursos al conjunto de la economía”.

“En conjunto”, insiste el Gobierno, “ACER no ha respondido a las preguntas que le planteó la Comisión Europea el pasado mes de octubre: se le reclamó un análisis sobre el diseño del mercado eléctrico europeo y propuestas para reformarlo, con el objetivo de que esté preparado para el sistema energético del futuro y para afrontar situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. Y no lo ha hecho. No ha abordado los problemas de fondo”.

Acuerdo para el gas

En efecto, España y Portugal han logrado un acuerdo con la Comisión Europea para desligar el precio del gas de la factura de la luz. Los dos países habían ofrecido 30 euros por megavatio/hora, pero el acuerdo con Bruselas supone arrancar con 40 euros, con una media de 50 euros en el periodo de aplicación de la medida: 12 meses.

El acuerdo del martes pasado se produjo un mes después del acuerdo entre los 27 jefes de Gobierno de la UE. Un acuerdo político que aún no se ha traducido en hechos, porque aquella tarde del 25 de marzo en Bruselas supuso un paso importante en las ambiciones de España y Portugal para afrontar la crisis energética. Pero quedaban flecos, negociaciones con la Comisión Europea y la presión de las empresas energéticas para impedir el tope al gas.

Y, en el otro frente abierto, el de la reforma del mercado eléctrico, los reguladores de la UE apuestan por dejarlo como está: “ACER considera que el diseño actual del mercado mayorista de electricidad garantiza un suministro eléctrico eficiente y seguro en condiciones de mercado relativamente 'normales'. Como tal, la evaluación de ACER es que el diseño actual del mercado vale la pena ser mantenido. Además, es probable que algunas mejoras a más largo plazo resulten clave para cumplir con la ambiciosa descarbonización de la UE durante los próximos 10-15 años, y hacerlo a un menor coste y garantizando la seguridad del suministro”.

No obstante, ACER también propone “una 'válvula de escape temporal' cuando los precios de la electricidad al por mayor cambian inusualmente rápido a niveles altos durante un período sostenido. Los Estados miembros podrían considerar la posibilidad de establecer ex ante un mecanismo temporal de limitación de precios que se active automáticamente en condiciones claramente especificadas (p. ej., aumentos inusualmente altos del precio de la electricidad en un breve período de tiempo), pausando el retorno a la formación total de precios durante un período de tiempo específico (p. ej. algunas semanas o un mes). La medida tendría que garantizar que los generadores obtengan ingresos significativos y retendría la compensación para los generadores que puedan demostrar que los costos de abastecimiento superan el límite máximo”.

Así mismo, el informe enumera 13 medidas que los gobiernos pueden tomar para hacer que el mercado sea menos volátil y esté preparado para el futuro.

“Si bien las circunstancias actuales que afectan el sistema energético de la UE están lejos de ser 'normales”, reconoce ACER, el organismo “considera que el diseño actual del mercado eléctrico no tiene la culpa de la crisis actual. Por el contrario, las reglas del mercado vigentes han ayudado en cierta medida a mitigar la crisis actual, evitando cortes de electricidad o incluso apagones en ciertos barrios”.

En todo caso, ACER reconoce que “el diseño del mercado de la electricidad no está diseñado para la situación de 'emergencia' en la que se encuentra actualmente la UE. Los debates políticos sobre varias medidas intervencionistas excepcionales dan testimonio de ello”. Y avisa: “Medidas de emergencia mal diseñadas o la distorsión de las señales de precios al interferir en la formación de los precios del mercado pueden hacer retroceder la integración del mercado de la UE y la competencia en general, poniendo en peligro los beneficios logrados hasta ahora y posiblemente aumentando el coste general de la transición energética”.

“Como regla general”, dice el informe, “ACER considera que cuanto más intervencionista sea el enfoque, mayor será el potencial para distorsionar el mercado, especialmente a medio y largo plazo. Tales distorsiones implican que es probable que se tomen decisiones de inversión equivocadas con respecto a las necesidades futuras y/o que es menos probable que ocurran innovaciones muy necesarias para abordar las necesidades cambiantes del sistema. Además, las medidas que son más intervencionistas pueden frenar la inversión del sector privado, influir en las percepciones de riesgo político y/o exacerbar inadvertidamente la escasez de suministro”.